Impulso Ciudadano se persona como acusación popular en la segunda causa contra Torra por desobediencia
José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, y al fondo a la derecha la pancarta por la que Torra ha sido encausado.

Impulso Ciudadano se persona como acusación popular en la segunda causa contra Torra por desobediencia

Lamenta la "obstinación" del presidente catalán "en el desafío al Poder Judicial"
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08/7/2020 15:00
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Actualizado: 08/7/2020 21:38
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La asociación Impulso Ciudadano ha informado hoy que se personará como acusación popular en la segunda causa abierta contra el presidente catalán, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia, por mantener la pancarta con el lazo amarillo en la fachada del Palacio de la Generalitat el pasado septiembre.

Esta asociación, que preside José Domingo, letrado de la administración de la seguridad social y exdiputado en el Parlamento de Cataluña, ha publicado hoy un comunicado en el que lamenta la «obstinación» de Torra «en el desafío al Poder Judicial», y señala que por ello ejercitará la acusación popular en este procedimiento, «para defender el Estado de Derecho en Cataluña».

Se personará mañana.

Impulso Ciudadano recuerda que es «la segunda vez que Torra es encacusado por desobediencia, por resistirse a cumplir las órdenes de los Tribunales con motivo de la retirada de la pancarta del Palau».

«Puede que no sea la última», apunta.

Informa que el pasado 5 de abril solicitó al TSJCat la apertura de otro procedimiento penal.

Explica que el 3 de enero de este año Torra entregó la referida pancarta de “Llibertat presos polítics i exiliats/Free political prisoners and exiles” y el símbolo del lazo amarillo a la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, pero que «poco después apareció de nuevo colocada en el balcón del Palau de la Generalitat, donde permaneció hasta el 22 de enero, en protesta por la pérdida de la condición de diputado» de Torra.

El TSJCat abrió esta segunda investigación a Torra el pasado 3 de febrero, al admitir a trámite el testimonio contra él remitido por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso, que le exigió en septiembre la retirada cautelar de dicha pancarta, a raíz de un recurso presentado por Impulso Ciudadano, que invocaba el deber de objetividad de las instituciones recogido por la Constitución.

El pasado 30 de junio, el TSJCat rechazó el recurso de súplica de Torra contra esta investigación.

El magistrado instructor, Carlos Ramos Rubio, dictó el lunes un auto en el que acordó abrir diligencias previas contra el presidente catalán para el esclarecimiento de los hechos investigados y la determinación de las responsabilidades penales en que pudiera haber incurrido presuntamente el investigado.

Ramos ha solicitado al Torra que señale el «día más próximo posible» que resulte compatible con sus obligaciones públicas para comparecer como investigado ante él.

En el mismo auto, el magistrado emplaza a la Abogacía de la Generalidad de Cataluña si se va a personar como parte en este procedimiento y en qué «condición», teniendo en cuenta que Torra ya ha designado personalmente a un abogado –Gonzalo Boye, que ya lo defendió en el juicio por desobediencia- para que lo represente en el nuevo procedimiento.

Asimismo, requiere a Impulso Ciudadano una fianza de 1.000 euros en un plazo de tres días, para que pueda ser tenida como parte en la condición de acusadora popular en el procedimiento y con su resultado se dispondrá lo que proceda.

Contra esta resolución caben recursos de reforma y, en su caso, de apelación, sin que su interposición pueda producir la suspensión del procedimiento.

‘LAS AUTORIDADES DEBEN SER EJEMPLARES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, Y QUIEN SE RESISTA A ELLO DEBE QUEDAR INHABILITADO’

Impulso Ciudadano considera especialmente grave que Torra «de manera reiterada no acate las resoluciones judiciales».

Recuerda que uno de los principios básicos de la democracia constitucional es el de separación de poderes, y destaca que «las autoridades deben ser ejemplares en el cumplimiento de las resoluciones judiciales» y que «quien se resista a ello debe quedar inhabilitado para continuar como autoridad».

«Lo que ha ocurrido en este caso ha sido lo contrario a dicha ejemplaridad», sentencia Impulso Ciudadano.

Esta asociación requirió a Torra el 5 de junio de 2019 para que retirara dicha pancarta -colocada en la fachada del ‘Palau’ el 27 de mayo-, una vez finalizada la campaña de las elecciones europeas y locales, que llevaba el lema “Llibertat presos polítics i exiliats/Free political prisoners and exiles” y el símbolo del lazo amarillo.

Desatendido el requerimiento e interpuesto un recurso contencioso-administrativo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCat dictó un auto el 19 de septiembre de2019 ordenando la retirada de la misma.

Impulso Ciudadano relata que el 23 de septiembre de 2019 la letrada de la Administración de Justicia notificó a Torra que tenía 48 horas para retirarla.

«No cumplimentado el requerimiento el día 25, la Sala ordenó dos días después a los Mossos que comparecieran en el Palau de la Generalitat para retirar la pancarta. Así lo hicieron, y el 27 de septiembre la pancarta fue retirada y sustituida por otra a favor de la libertad de expresión que colocaron personas de relevancia social como Lluís Llach, Antonio Baños, Silvia Bel y Teresa Castells, con la connivencia de la Oficina del Presidente de la Generalitat en la fachada del Palau», relata esta asociación.

Recuerda que el pasado 4 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) desestimó el recurso de la Generalitat contra el auto del 19 de septiembre, y a petición de Impulso Ciudadano libró testimonio de particulares a la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJCat, por si el comportamiento de Torra pudiera tener relevancia penal.

Esta asociación fue fundada en septiembre de 2009.

Es apartidista.

Sus fines son promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España; defender los valores contenidos en la Constitución española de 1978; fomentar la cohesión y las relaciones entre todos los ciudadanos y comunidades españolas, e impulsar las medidas necesarias para la mejora del funcionamiento y la racionalización de las Administraciones Públicas.

Impulso Ciudadano también indica en su comunicado que carece de financiación pública, que se soporta exclusivamente de las cuotas de sus socios, y que por ello ha abierto una línea de ayuda para sufragar los gastos que conlleva su personación.

SENTENCIADO A UN AÑO Y 6 MESES DE INHABILITACIÓN Y A MULTA DE 30.000 EUROS, CONDENA QUE HA RECURRIDO ANTE EL SUPREMO

Torra fue condenado por el TSJCat el pasado diciembre a un año y seis meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos en período electoral, las elecciones generales del pasado 28 de abril.

El Tribunal Supremo celebrará el próximo 17 de septiembre la vista del recurso contra esa sentencia.

La Fiscalía había pedido la inadmisión del recurso, al entender que las resoluciones de la JEC no tenían como finalidad perseguirle políticamente, tal y como sostiene Torra.

La Sala de lo Penal del Supremo dictó el pasado viernes una providencia en la que fija para el 17 de septiembre, a las 12 horas, la celebración de la vista del recurso de casación.

La Sala estará constituida por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, como presidente, Juan Ramón Berdugo (ponente), Antonio del Moral, Vicente Magro y Susana Polo.

El propio Torra admitió en el juicio, celebrado el 18 de noviembre, que desobedeció.

 “Sí, la desobedecí, pero es que era imposible cumplir una orden ilegal, todos los miembros de esta sala lo saben que ésta era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía competencia para hacerlo”, fueron sus palabras.

La multa se la impuso teniendo en cuenta que su actuación fue en ejercicio del cargo de presidente de la Generalitat, “la recalcitrante y reiterada actitud desobediente, y su conducta persistente en el incumplimiento de lo ordenado sucesivamente” por la JEC.

El TSJCat también valoró “el alarde público del hecho desobediente”.

A raíz de la condena, la JEC acordó retirarle la credencial de diputado del Parlamento catalán, y Torra anunció que onvocaría elecciones cuando se aprobaran los presupuestos de la Generalitat para 2020. En mayo dijo que no lo haría mientras dure la crisis por el coronavirus.

Tras conocer que el TSJCat ha rechazado su recurso de súplica contra la nueva investigación, Torra ha afirmado: “Sí, desobedecí a la injusticia española -y lo haré siempre que haga falta- y sí, obedecí a la ONU, Amnistía Internacional y a todas las entidades de Derechos Humanos que defienden la libertad de expresión”.

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