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Torra admite que no cumplió la orden de la JEC: ‘Sí, desobedecí’

Dice que "era imposible cumplir" dicha orden porque era "ilegal"El tribunal ha rechazado anular el juicio contra Torra y que testifiquen los miembros de la JEC que denunciaron al presidente catalán por no acatar la orden de retirar lazos amarillos en periodo electoral. Foto: EP
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El presidente catalán, Quim Torra, ha manifestado hoy en el juicio por presunta desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) que la Junta Electoral Central (JEC) “no es un órgano superior jerárquico” a él y no tenía competencia para ordenarle retirar de la Generalitat los lazos amarillos y otros símbolos.

Preguntado por su abogado Gonzalo Boye sobre si cumplió “sí o no” la orden de la JEC, Torra ha afirmado: “No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: Sí, la desobedecí”.

“Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta Sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía la competencia”, ha añadido Torra.

Además, ha dicho que la Generalitat no tenía ninguna participación en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y que, como presidente de la Generalitat, en todo caso estaba sometido a las decisiones de las juntas electorales provinciales.

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El presidente catalán ha declarado ante el tribunal durante poco más de media hora.

Ha rechazado responder a las preguntas de la Fiscalía y a las de la acusación popular, ejercida por VOX, que ha calificado de “partido franquista”.

Esta declaración ha motivado la intervención del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, que le ha advertido de que no permitiría ninguna “valoración ofensiva o descalificadora”.

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Torra ha pedido que durante el juicio se le mantuviera su tratamiento de ‘Molt Honorable’. Foto: EP

Quim Torra ha defendido ante el tribunal que cumplió su deber como presidente de la Generalitat de defender “los derechos y libertades de los ciudadanos”.

“La JEC me ordenó, me amenazó, actuó de manera omnipotente y omnipresente”, ha asegurado.

Para Torra, la causa contra él es un caso “de vulneración del derecho de libertad de expresión y de censura clara”.

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Ha indicado que analizó la petición de la JEC junto a abogados y el equipo jurídico de la Generalitat y que todos convinieron que era “un acto nulo e ilegal”.

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Torra ha opinado que en realidad querían que prevaricara con la retirada de las pancartas y los símbolos, porque él no tenía la facultad para ordenarlo.

También ha dicho que las resoluciones de la JEC incurrieron en “la ambigüedad más absoluta” sobre qué símbolos retirar, y ha sostenido que él como presidente de la Generalitat no tiene competencia para ordenar la retirada de símbolos de edificios públicos como hospitales o escuelas.

“La JEC quería situar al presidente de la Generalitat ante una disyuntiva muy clara: por un lado hacerle obedecer un acto nulo e ilegal y por otro hacerle prevaricar. Es más, es probable que también haya incurrido en un presunto delito de coacciones”, ha manifestado.

Torra ha explicado que colocó la pancarta con el lazo amarillo en la Generalitat porque entendía que como sede del gobierno catalán “era importante que se expresara el deseo mayoritario de la sociedad catalana de la libertad de los presos políticos” (en España no hay presos políticos).

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Ha afirmado que el lazo amarillo, símbolo que ha dicho que ya fue usado en la Guerra de Sucesión, no es un símbolo partidista, y que la ‘estelada’ representa un “anhelo de libertad” y es plenamente legal y vigente.

Además, Torra ha defendido que se llame a los líderes independentistas condenados por el procés’ “presos políticos” porque, según ha dicho, su encarcelamiento procede de una decisión política.

Torra ha señalado que desde el momento en que se judicializó un hecho político como es impulsar el 1-O, se puede hablar de ‘presos políticos’ “por más que incomode a alguien, y por más que alguien se levante de una sala cuando se habla de presos políticos”, en alusión a un acto en el que un discurso del presidente del Parlament, Roger Torrent, motivó que el presidente del TSJCat, Jesús María Barrientos, y el fiscal superior, Francisco Bañeres, se ausentaran de la sala.

Asimismo, ha aludido a un informe del ‘Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas’, y ha asegurado que contenía un punto que instaba al Gobierno “a dar la publicidad necesaria de las irregularidades cometidas”.

Por eso, ha indicado: “La pregunta no es qué hacía la pancarta de libertad presos políticos y exiliados en el Palau de la Generalitat, sino por qué no estaba en otros edificios públicos, por qué no estaba en la Delegación del Gobierno”.

Cabe recordar que el embajador de España en Ginebra, Cristóbal González-Aller Jurado, protestó ante la ONU por los «errores» y «distorsiones» que contiene dicho informe y el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, se quejó por escrito a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por este grupo de trabajo.

 

EL TRIBUNAL HA RECHAZADO LA NULIDAD DEL JUICIO PLANTEADA POR LA DEFENSA

La abogada de Torra Isabel Elbal había pedido anular el juicio argumentando que se está vulnerando el derecho a juez imparcial, y alegando también vulneración de la presunción de inocencia.

También había reclamado que en caso de que el juicio siguiera adelante, se suspendiera para poder citar como testigos a los miembros de la Junta Electoral Central (JEC) que llevaron a Torra ante la Fiscalía por no acatar la orden de retirar lazos amarillos de edificios de la Generalitat.

El tribunal ha rechazado la nulidad de la causa planteada por la defensa.

Además, ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas por la letrada, argumentando que ya se habían planteado anteriormente y que el tribunal ya les había dado respuesta.

Así lo ha anunciado el magistrado Jesús María Barrientos, tras el receso para analizar las alegaciones expuestas por la letrada de Torra, a las que se habían opuesto tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por VOX.

Sí ha aceptado la solicitud de la Fiscalía de aportar a la causa una nota de prensa del gobierno catalán, del 14 de marzo, y la no emisión por televisión de imágenes con el rostro de los policías nacionales que testificarán en el juicio.

TRAS TORRA HAN DECLARADO 11 AGENTES DE LA POLICÍA NACIONAL Y ESQUIUS

Tras Torra han declarado 11 agentes de la Policía Nacional, dos de los cuales lo harán a través de vidoconferencia, y a última hora de la mañana el excomisario jefe de los Mossos d’Esquadra Miquel Esquius. 

VOX ha renunciado a cinco testigos que había solicitado y el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, lo ha acordado.

De este modo, no testificarán el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la exportavoz del gobierno catalán y concejal en Barcelona, Elsa Artadi, el efensor del pueblo catalán (‘Síndic de Greuges’), Rafael Ribó, y el presidente de Cs en el Parlament, Carles Carrizosa, tal y como estaba previsto.

LA FISCALÍA Y LA ACUSACIÓN POPULAR MANTIENEN SU PETICIÓN DE PENA

La Fiscalía Superior de Cataluña ha mantenido su petición de pena de un año y ocho meses de inhabilitación para Torra por un presunto delito de desobediencia, así como una multa de 30.000 euros.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales.

El abogado de VOX, que ejerce de acusación popular, Juan Cremades, también ha reiterado su petición de condena para el presidente catalán de dos años de inhabilitación y 72.000 euros de multa.

Por su parte, el abogado de Torra Gonzalo Boye ha rechazado las acusaciones, y ha reclamado su absolución.

La sesión se retomará a las 16.00 horas con los informes finales de las partes, donde expondrán sus posicionamientos y justificarán las peticiones de condena.