El embajador de España en Ginebra, Cristóbal González-Aller Jurado, ha protestado hoy ante la ONU por los «errores» y «distorsiones» que contiene el informe realizado por parte de uno de los grupos de trabajo de esa organización, en el que se tilda de «arbitraria» la prisión preventiva de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, y Jordi Cuixart por el proceso independentista.
Así lo ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Después, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, también ha anunciado que ha escrito una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para expresar varias «quejas y solicitudes» en relación con este informe del grupo de trabajo.
Los argumentos del Gobierno se refieren a «posibles circunstancias producidas en el trabajo de ese grupo que inducen a pensar que algunos de sus miembros no deberían seguir participando en sus actividades», ha dicho Borrell durante una rueda de prensa con motivo de una reunión con su homólogo libanés, Gebran Basil.
Las quejas españolas se han comunicado por teléfono, por notas verbales -el instrumento habitual de comunicación entre diplomáticos- y a través de una misiva.
Borrell ha dicho que, por cortesía, no quería detallarlas hasta tener la seguridad de que la destinataria ha recibido la carta, pero ha dejado claro que «hay circunstancias que deben ser corregidas».
Por su parte, Celáa ha explicado que el embajador ha presentado una nota verbal para solicitar la revisión de esa «opinión» porque incluye «errores y distorsiones» y otra en la que alega que ha habido conflicto de intereses.
Sobre la primera, ha destacado que los redactores del trabajo «parecen desconocer el delito» por el que los políticos catalanes han sido procesados, «desconocen aparentemente la separación de poderes» y que su situación está en manos del Poder Judicial.
El Ejecutivo entiende también que el documento supone además una «interferencia clara» en el trabajo judicial, porque llega «justo antes» de que el Tribunal Supremo cierre el juicio oral y deje el caso visto para sentencia.
Por otro lado, España protesta porque dos de los cinco miembros del grupo de expertos han tenido «estrechas relaciones» con uno de los letrados de los políticos independentistas, Ben Emmerson, letrado de Carles Puigdemont y los presos ante la ONU.
El Ejecutivo señala a José Antonio Guevara Bermúdez (México) y a Seong-Phil Hong (Corea del Sur), cuyo contacto con Emmerson «hubiera exigido su abstención», ha señalado el Gobierno.
Además, el embajador ha presentado otra ‘nota verbal’ en la que protesta porque no se respetó el embargo de 48 horas que se impone a estos trabajos para que los conozcan los gobiernos receptores.
El Ejecutivo español tendría que haber recibido la documentación el pasado miércoles a las 17.30 horas, que sería pública 24 horas después, pero se filtró antes.
Celaá ha informado que el Gobierno también reclama «transparencia» en la financiación de estos procedimientos especiales de la ONU, como el que lleva este grupo sobre detenciones arbitrarias, para impedir que se produzca ninguna «manipulación e intoxicación».
TORRA PIDE A SÁNCHEZ Y A LA FISCALÍA QUE RECLAMEN LA ‘LIBERTAD’ DE LOS SEPARARISTAS PRESOS
Tras el informe de este grupo de trabajo de la ONU calificando de «arbitraria» la prisión preventiva de tres dirigentes separatistas presos del proceso independentista, el presidente catalán, Quim Torra,ha enviado una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a la Fiscalía General del Estado en la que les pide que exijan la libertad de los «presos políticos» y una «indemnización» para ellos.
El Gobierno también ha tildado de «despropósito» esta carta.
En la misiva al presidente, Torra ha instado a Sánchez a que pida a la Fiscalía -que no sigue directrices políticas- y a la Abogacía del Estado que reclamen la libertad de los dirigentes catalanes juzgados por su papel en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
En la enviada a la Fiscalía General del Estado, a través del Fiscal Superior de Cataluña, pide al Ministerio Público que promueva en el Tribunal Supremo «la libertad inmediata de todos los presos políticos» (políticos presos) y reconozca el derecho de los encarcelados a ser indemnizados y reparados.
