El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado hoy que las penas por delitos de sedición castigan con demasiada dureza a los infractores con respecto a otros países europeos en los que ya se abordó la reforma del Código Penal que, a su juicio, debe acometerse en España.
Indica que «artículo por artículo», los delitos de rebelión y sedición imponen condenas muy elevadas en comparación con, por ejemplo, Alemania, que revisó este tipo penal en 1970.
Así lo ha manifestado Campo en una entrevista en Onda Cero, en la que ha dicho que hay que analizar por qué y ha destacado que Europa «exige» a España que afronte esta modificación de forma urgente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado enero que impulsaría la revisión de los delitos de rebelión y sedición.
Unos días después, Campo dijo que las figuras penales de la sedición y la rebelión “son más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX” cuando se pensaba en ataques “con tanques en la calle” y defendió que había que reformar “sin asustarse” el Código Penal.
Hoy, el ministro ha indicado que «el derecho penal tiene que encontrar el tono justo para abordar el tema del crimen, y lo tiene que hacer conforme a ese club en el que estamos, que es Europa».
Ha recordado que el Código Penal de 1995 «hizo una adecuación para el resto del ordenamiento jurídico», pero no para estos delitos. «Lo único que hicimos en toda nuestra historia, y hablo de 200 años, es cambiarlo de ubicación. Pero no hemos cambiado ni la redacción ni las penas», ha aseverado.
Por otra parte, Campo ha afirmado que la reforma de sendos delitos no se llevará a cabo «pensando» en los presos del ‘procés’.
«Tienen una vocación de generalidad», ha dicho, y ha abogado por una mejor «respuesta y proporcionalidad».
«Cuando se ha podido constatar qué dice el código penal francés y el alemán… A lo mejor deberíamos de propiciar esa uniformidad del derecho europeo para atacar a una lesión de bienes jurídicos muy sensibles. No estoy quitando importancia a lo que ocurrió», ha justificado.
El ministro ha recordado que, cuando se afronte esta reforma, se contará con el informe del Consejo Fiscal, con el del Consejo de Estado y, además, con un «debate enorme» en ambas Cámaras.
Según recoge el artículo 544 del Código Penal, “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
El artículo 545.1 establece las penas: «Serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo».
«Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años”, precisa el artículo 545.2.
Por otra parte, el ministro de Justicia se ha referido a la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal, unas semanas después de que el PSOE rechazase una moción del PP en el Senado.
«Todas las reformas son posibles, pero hace falta llegar a sus momentos, ver si la reforma es adecuada o no. No es un casillero de ahora toco esto o lo otro. Se hacen reflexiones una vez se da la oportunidad política», ha señalado, insistiendo que, en este momento, no existe una «necesidad social».
A su juicio, el Gobierno debería centrarse ahora en la pandemia, un problema que «debería ocupar cada minuto» de sus «vidas». «A lo mejor es el momento de preocuparse exclusivamente de la pandemia, porque lo otro no tiene impacto en la realidad cotidiana», ha justificado.
El ministro informó el pasado 23 de septiembre en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, que el Ejecutivo mantiene su idea de reformar en el Código Penal, entre otros delitos, los de rebelión y sedición para adaptarlos a la nueva realidad social y a la normativa de otros países.
El diputado del PP Luis Santamaría le preguntó entonces si la reforma de los delitos de sedición y rebelión es una imposición del nacionalismo para negociar los presupuestos generales del Estado.
“Tenemos que reformar el Código Penal porque hay un nuevo orden que proteger y tenemos que analizar por qué nuestro derecho se separa de códigos penales como el francés, el italiano y el alemán”, insistió Campo.
Aquel día, el ministro también anunció que los indultos a los condenados por el ‘procés’ comenzarían a tramitarse la siguiente semana.
