El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha pedido hoy a la clase política un «urgente entendimiento» en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De manera que «sin alterar el actual marco normativo, podamos salir del estado de absoluta perplejidad e inseguridad en el que nos encontramos el conjunto de la ciudadanía española».
Asimismo, subraya que «la única reforma admisible sería la de que fueran los propios jueces quienes eligieran a sus representantes del CGPJ».
La Junta de Gobierno del ICAM, en un comunicado publicado este lunes, se posiciona así ante la polémica surgida la semana pasada cuando los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos registraron una Proposición de Ley para reformar el sistema de elección de los vocales del turno judicial del CGPJ, en funciones desde hace casi dos años.
El objetivo, según los partidos que forman la coalición de Gobierno, es sortear el “bloqueo” del que acusan al PP. La propuesta establece que en el caso de no alcanzar en primera votación parlamentaria la mayoría de tres quintos actualmente exigida por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), puedan ser designados en segunda votación, 48 horas después, por mayoría absoluta de las Cámaras.
El ICAM afirma que «todo Estado de Derecho democrático se asienta necesariamente en el escrupuloso respeto a las normas que constituyen el ordenamiento jurídico, empezando por su Norma Fundamental, la separación de Poderes y la seguridad jurídica».
En este sentido, destaca, en línea con lo mantenido por el Tribunal Constitucional, que «la exigencia del artículo 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas”.
Y es que «la certeza del Derecho y la previsibilidad son manifestaciones del principio de seguridad jurídica», subraya.
Recuerda que el sistema de elección de los miembros del CGPJ se viene aplicando de manera ininterrumpida desde el año 1985, de manera que «pretender su cambio, por razones estrictamente políticas, atenta contra el mencionado principio de seguridad jurídica, provocando, como también tiene dicho el Tribunal Constitucional perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cual sea el Derecho aplicable”.
Critica que si, a partir de ahora y en el futuro, el Gobierno de turno, con el apoyo, en segunda instancia, de la mayoría absoluta del Parlamento, puede modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ, «además de su dudosa constitucionalidad, la ciudadanía y los operadores jurídicos no sabremos nunca a qué atenernos, poniéndose además en gravísimo riesgo la percepción general sobre la necesaria independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, siendo evidente que sin separación de Poderes no puede haber Estado de Derecho».
La abogacía, remarca, es quien tiene que «hacer valer ante los jueces y tribunales los derechos de los ciudadanos, entre otros frente a las posibles arbitrariedades de la Administración, y difícilmente podremos ejercer adecuadamente esa defensa si nuestros defendidos, además de no saber qué norma se les puede aplicar en cada momento, tienen la percepción de que el Poder Judicial no es plenamente independiente respecto de los demás Poderes del Estado».
Por todas estas «razones objetivas y, por tanto, por completo alejadas de cualquier planteamiento partidista» reclama a la clase política «un urgente entendimiento sobre esta materia tan fundamental».
