La Fiscalía ha pedido tres años de cárcel para el teniente de alcalde de Pineda de Mar (Barcelona) Jordi Masnou, la exteniente de alcalde Carmen Aragonés y el jefe de la Policía Local, Carles Santacreu, por un presunto delito de coacciones contra un hotel del municipio en el que se hospedaron agentes de la Policía Nacional días antes del 1-O.
Según expone el coordinador Servicio de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, en el escrito de acusación, la noche del 2 de octubre de 2017 los tres acusados supuestamente entraron al hotel, pidieron ver al director y uno de ellos le dijo que «si no echaba a los policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente durante cinco años».
En el exterior del edificio había una manifestación en contra de la actuación policial durante el referéndum de independencia, declarado ilegal, que se celebró en Cataluña el 1 de octubre.
En abril de 2019, el Juzgado de Instrucción 2 de Arenys de Mar (Barcelona) admitió a trámite una querella del fiscal contra tres tenientes de alcalde.
Ahora, según recoge Europa Press, en el escrito de acusación solo incluye a dos y pide archivar la causa para uno de ellos, la exconcejal y actual diputada en el Parlamento catalán Mònica Palacín y el jefe de la Policía Local de Pineda de Mar por presuntamente expulsar a los policías del hotel donde se alojaban, ya que el día después del incidente el hotel comunicó que debían desalojar a los agentes, «bajo amenaza» del cierre del hotel.
Una parte de los agentes de Policía Nacional desplazados a Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1-O se hospedaron en ese hotel de Pineda de Mar desde finales de septiembre y con la previsión de estar allí al menos hasta el día 5 de octubre. Se repartieron en dos hoteles de la misma cadena, con 268 y 228 policías alojados en cada uno.
El fiscal señala que el hospedaje transcurrió con normalidad hasta la noche del día 2, sobre las 21 horas, cuando «de forma irregular, sin cita programada y por tanto fuera de la agenda oficial» los acusados se presentaron, junto a una protesta que reunió a unas 800 personas, en el hotel donde había 268 agentes.
SE APROVECHARON DE SU CARGO
Sobre el jefe de la Policía Local, el fiscal destaca que «si bien no vestía uniformado, se identificó expresamente como tal», y considera que tanto él como el resto de acusados se valieron de su cargo para conseguir echar a los agentes del hotel. Según afirma, acudieron al despacho del director y le instaron a expulsar a los agentes.
Asimismo, señala que el teniente de alcalde Jordi Masnou «le dijo que él era el que mandaba allí, que si él decía blanco era blanco», y lo amenazó con el cierre del hotel.
Tras el incidente, el gerente de la cadena hotelera comunicó que debía expulsar a los agentes antes de las 16 horas del día siguiente.
El representante del Ministerio Público sostiene que antes de marcharse, la exteniente de alcalde Carmen Aragonés, «como forma de disuadir y contentar a una multitud exacerbada» concentrada frente al hotel, hizo unas declaraciones en televisión asegurando que el Consistorio había logrado un acuerdo con la dirección de los hoteles para que los policías no se hospedaran allí, y en la que negó que el Ayuntamiento los hubiera amenazado para que les expulsaran.
