Junta directiva de Altodo, de izquierda a derecha: José María de la Morena Valenzuela, Víctor Hugo Fernández Olivares, Pilar Fayos Mestre, Virginia de la Cruz Burgos (vicepresidenta), Juan Manuel Mayllo Martínez (presidente), Esperanza Marcos Juarez (secretaria), África Calleja Granado, Isidro Moreno de Miguel (vocal de comunicación y expresidente), Luis Álvarez Collado (tesorero), y María Nieves Izquierdo Herrada.
Altodo apoya al decano del Colegio de Abogados de Málaga
Tras haber sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial
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23/10/2020 11:47
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Actualizado: 23/10/2020 12:09
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La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha expresado públicamente su apoyo al decano del Colegio de Abogados de Málaga (ICA Málaga), Francisco Javier Lara Peláez, y a su Junta de Gobierno, tras haber sido citado a declarar como investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.
Lo ha hecho a través de un comunicado. Recuerda que en marzo ya apoyó a Lara cuando denunció que algunos jueces de instrucción imponían su autoritarismo sobre la seguridad de los abogados.
«Apoyo que ahora con más firmeza aún si cabe revalidamos», añaden.
Esta asociación, que preside el letrado Juan Manuel Mayllo, indica que las diligencias penales incoadas tienen su origen en la suspensión temporal de los servicios de guardia del Turno de Oficio adoptada por la Junta de Gobierno del ICA Málaga «ante el flagrante incumplimiento por parte de algunos Juzgados y centros de detención de la normativa COVID, decisión que se levantó tan pronto estos comenzaron a utilizar sistemas telemáticos o al menos a garantizar mínimamente la adopción de las más elementales medidas sanitarias y de seguridad requeridas por las autoridades sanitarias».
Altodo manifiesta que la decisión en su día adoptada por el decano y su Junta de Gobierno no incurre en “desobediencia” alguna, sino más bien en “obediencia debida” a la normativa vigente.
En particular, según precisa, a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, y a la orden del Ministerio de Interior, del 14 de marzo, la resolución del 23 de marzo del Ministerio de Justicia sobre seguridad laboral en la Administración de Justicia para hacer frente a la pandemia de coronavirus (COVID-19), la orden SND/261/2020 de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad, o la Guía de Buenas Prácticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales, aprobada el 29 de abril.
Altodo recuerda que según la Guía del CGPJ, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, «los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello”.
La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno destaca que es «obligación estatutaria» de un decano, y de su Junta de Gobierno, velar por los intereses de sus colegiados, entre otros, preservar la seguridad, salud e integridad física de los letrados adscritos al Turno de Oficio, y ya de paso la de sus propios defendidos, así como la de los agentes policiales, funcionarios de Juzgados y demás operadores jurídicos, toda vez que el riesgo de contagio es bidireccional.
También subraya que es «obligación de toda administración pública, incluida la Administración de Justicia, «velar por la salud e integridad física de sus administrados. Y cumplir la ley».
Altodo señala que en la misma línea expresada por el decano de Málaga, esta asociación ha denunciado en sucesivos comunicados publicados en marzo, mayo y junio que «en muchos juzgados, comisarias de policía y comandancias de Guardia Civil, las medidas para garantizar la protección de la salud de cualquier interviniente son absolutamente deficitarias e incluso, en muchas ocasiones, brillan por su ausencial, lo cual no solo incumple la normativa vigente, sino que contradice el más elemental principio de tutela de la salud pública».
Manifiesta que «algunas comisarías y Juzgados» han atendido las llamadas de atención de Altodo y de otros operadores jurídicos, y han aceptado la asistencia letrada a las personas detenidas por medios telemáticos, con remisión telemática de los atestados y actuaciones judiciales, y que algunos juzgados han celebrado actos de forma telemática.
No obstante, afirma que «otros muchos se han negado y se siguen negando de forma caprichosa e irresponsable a hacerlo, poniendo así en riesgo de forma innecesaria» a los letrados, a su propio personal, a los justiciables y a los demás intervinientes.
«Y decimos de forma innecesaria, porque en la mayoría de los casos es perfectamente factible y óptimo el uso de medios telemáticos, sin merma alguna del irrenunciable derecho a la defensa letrada de los justiciables, que la abogacía de oficio ha garantizado en todo momento, contándose por centenares los contagios entre sus filas, en muchos casos, con resultado de muerte», apostilla.
Altodo expresa que la abogacía de oficio no renuncia al cumplimiento de sus deberes constitucionales, solo exige que «cuando sea posible, que lo es casi siempre, el derecho de defensa conviva en necesaria armonía con el derecho a la integridad y la salud de todos los intervinientes».
También aborda en su comunicado la moción presentada por el PP en el Senado en apoyo a los abogados de oficio para que se adopten medidas que garanticen su seguridad sanitaria, que fue aprobada ayer por unanimidad de todos los partidos.
Altodo agredece al Partido Popular esta la moción que promueve un Protocolo de Salud y Prevención de Riesgos Laborales para los letrados del Turno de Oficio.
Esta asociación ha mantenido diversas reuniones con el grupo popular en el Senado en las que le ha transladado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad frente al coronavirus para los abogados de oficio y celebra que haya impulsado esta moción.
También agradece al Grupo Parlamentario Socialista su enmienda a la misma, que «ha servido para mejorarla», y a los restantes grupos parlamentarios su voto a favor, que ha permitido su aprobación por unanimidad.
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