Estas 33 nuevas unidades judiciales coinciden en gran parte con las que el CGPJ determinó como prioritarias. Foto: Carlos Berbell
El CGPJ avala el proyecto de Justicia para hacer frente a la crisis del Covid, pero le pide que cree los nuevos juzgados lo antes posible
El Ministerio le remitió un proyecto de Real Decreto que contempla la creación de 33 nuevas unidades judiciales en un plazo de tres años
|
23/10/2020 09:30
|
Actualizado: 23/10/2020 10:10
|
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe favorable al proyecto de Real Decreto elaborado por el Ministerio de Justicia para crear 33 unidades judiciales en un plazo de tres años con el fin de hacer frente a las consecuencias causadas por la crisis del coronavirus en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Estas 33 unidades judiciales estarán repartidas tanto en las Comunidades Autónomas que dependen del Ministerio (Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Ceuta y Melilla) como en las que tienen competencias asumidas.
Un tercio de ellas se crearían en el primer año.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, las 33 nuevas unidades judiciales «coinciden en gran parte con las que el CGPJ determinó como prioritarias» tras recabar informes del Servicio de Inspección sobre la situación de los órganos judiciales y de las salas de gobierno de todos los Tribunales Superiores de Justicia sobre las necesidades de cada territorio.
El CGPJ recuerda que el pasado mes de agosto elaboró un listado inicial de 23 nuevas unidades judiciales que se consideraban «imprescindibles» para 2020 y otro con 17 unidades más para 2021.
«Pese a que el sentido del informe sobre el proyecto de real decreto es, en general, favorable», el CGPJ urge al Ministerio de Justicia a crear las nuevas plazas «a la mayor brevedad posible».
30 JUZGADOS Y TRES PLAZAS EN ÓRGANOS COLEGIADOS
El Ministerio de Justicia prevé la creación de 30 nuevos juzgados y de tres plazas de magistrado en órganos colegiados: una en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; otra correspondiente al orden civil y penal en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz (con sede en Algeciras); y una correspondiente al orden civil en la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid.
También procede a transformar los Juzgados de Primera Instancia número 4 de Huelva, número 4 de Jaén, número 3 de Albacete y número 4 de Guadalajara y los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ciudad Real y número 1 de Toledo, que actualmente están en funcionamiento y compatibilizan la materia de mercantil, en juzgados de lo Mercantil puros.
La transformación y nueva denominación de estos juzgados será efectiva a partir del 1 de enero de 2021.
La Comisión Permanente expresa su «opinión favorable a la necesaria transformación de los citados juzgados», pero advierte que llegado el caso, habrá que arbitrar medidas de refuerzo o determinar la creación de nuevas unidades judiciales para paliar el previsible aumento de la carga de asuntos no mercantiles en el resto de juzgados».
También se crearán los Juzgados de lo Mercantil número 2 de Badajoz y número 3 de Murcia con el fin de que el CGPJ acuerde desplazar su sede a Mérida y Cartagena, respectivamente, tal y como reclamaron las Salas de Gobierno de los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).
El órgano de gobierno de los jueces informa que ya ha iniciado los trámites necesarios para hacer efectivos esos desplazamientos.
LAS MEDIDAS DE URGENCIA ADOPTADAS POR EL MINISTERIO
El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, anunció estas 33 nuevas unidades judiciales el pasado 14 de octubre en la Comisión de Justicia en el Congreso, en la que informó sobre las medidas adoptadas por el Ministerio para hacer frente al coronavirus, así como las previstas para impulsar la transformación del servicio público de Justicia.
Puso en valor el conjunto de medidas puestas en marcha de manera “urgente y coordinada” para dar una respuesta adecuada desde la administración de Justicia a la crisis, para «garantizar tanto la continuidad de la actividad jurisdiccional como la salud de los profesionales de la Justicia», a los que el secretario de Estado reiteró su agradecimiento por el trabajo desarrollado durante la pandemia.
Explicó que a través del Real Decreto Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19, aprobado y convertido en ley (Ley 3/2020) por amplia mayoría parlamentaria el pasado 18 de septiembre, “se han puesto en marcha numerosas iniciativas y proyectos que colocan al sector en un mejor punto de partida para controlar la pandemia y hacer posible la recuperación y resiliencia”.
Pablo Zapatero destacó la puesta en marcha próximamente de estas 33 unidades judiciales, “en cumplimiento con esta Ley en tiempo récord -poco más de un mes-«, y anunció que la mayoría de ellas se crearán para aquellos órdenes jurisdiccionales más impactados por el coronavirus, principalmente Social y Mercantil.
La Ley contempla, además, otras herramientas “esenciales” para avanzar en el sector en la lucha contra la pandemia, como la regulación de juicios telemáticos, la flexibilización en la asignación de funciones, la cita previa, o la autorización o ratificación por los TSJ de las medidas sanitarias adoptadas por las Comunidades Autónomas.
De cara al futuro, dentro del marco de Justicia 2030, el secretario de Estado destacó tres ámbitos fundamentales de actuación para mejorar la eficiencia: el procesal, organizativo y digital.
De cara al primer ámbito, se ha puesto en marcha el anteproyecto de ley de la eficiencia procesal para el servicio público de justicia, que será remitido en breve al Consejo de Ministros, y contempla medidas como la regulación del pleito testigo, las sentencias orales y la regulación de los medios adecuados de controversias en el orden jurisdiccional civil.
Informó que de cara a conseguir la eficiencia organizativa, además de la creación de 33 unidades judiciales, Justicia 2030 contempla medidas como la creación los tribunales de instancia, la oficina judicial digital y la oficina de justicia en el municipio.
Respecto a la digitalización, explicó que se han puesto en marcha herramientas tecnológicas «que se han revelado imprescindibles en esta situación». El secretario de Estado de Justicia dijo que la implantación y desarrollo de la inmediación digital, la deslocalización de los puestos de trabajo o la cita previa están siendo un espaldarazo para la administración de la Justicia en la nueva situación.
Noticias relacionadas:
Noticias Relacionadas:
