La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que concluya la investigación de los hechos relacionados con la adjudicación en el año 2007 al Grupo OHL del contrato de concesión de obra pública de la línea de transporte ferroviario Móstoles-Navalcarnero.
Se trata de la pieza número 3 del conocido como ‘caso Lezo‘, macrocausa que investiga las supuestas operaciones ilícitas realizadas en torno al Canal Isabel II de la Comunidad de Madrid.
Solicita al juez Manuel García Castellón la transformación en procedimiento abreviado de esta causa para que el Ministerio Fiscal formule acusación contra seis de los investigados, entre ellos el expresidente de la Comunidad de Madrid, entonces presidente del Canal de Isabel II y vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio González y el exconsejero delegado del Grupo Villar Mir, propietario de OHL, Javier López Madrid, por delitos, según los casos, de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.
Junto a ellos, también se dirige contra el exdirector General de Construcción Nacional de OHL Rafael Arturo Martín de Nicolás, el exdirector gerente de Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel Rodríguez, el exdirector de Control de Gestión de OHL Felicísimo Damián Ramos y el empresario Adrián de la Joya.
Deja fuera al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, al exconsejero delegado Tomás García Madrid y al exconsejero delegado de Mintra Jesús Trabada Guijarro porque no aprecia que existan indicios suficientes para poder formular acusación.
La investigación, según explica la Fiscalía, ha revelado que la adjudicación de este contrato obedeció presuntamente a un plan, ideado por el yerno de Villar Mir, López Madrid, y Martín de Nicolás, consistente en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual.
Para lograr ese propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban los investigados Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González.
Para ejecutar ese plan y llevar a cabo el pago de la citada comisión, indica Anticorrupción, «todos ellos contaron con la colaboración esencial de los investigados Felicísimo Damián Ramos Ramos ‒director de Control de Gestión de OHL‒ y Adrián de la Joya Ruiz de Velasco ‒empresario con actividad en varios sectores‒».
Según Anticorrupción, la instrucción esta pieza del caso Lezo se puede dar por terminada, de manera que solicita su continuación por los trámites del procedimiento abreviado, previsto para los delitos con penas privativas de libertad inferior a 9 años.
Así, se abrirá la fase intermedia en la que el titular del juzgado Manuel García Castellón decidirá sobre el archivo o la continuación del proceso como procedimiento abreviado.
En esta fase, entre otras cosas, se presentan los escritos de acusación y defensa como preparación del juicio oral.
En el marco de esta causa ya se ha enviado a juicio otras dos piezas y se ha sentado en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y exdirectivos del Canal Isabel II, en concreto por la compra de las empresas Emissao e Inassa con fondos públicos procedentes de la empresa de aguas y los presuntos repartos de comisiones derivados de estas operaciones.
