El anuncio, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aplazar la proyectada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permitiría que los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por mayoría simple del Congreso y del Senado, en vez de por la mayoría reforzada actual, ha condicionado, de forma clara, la respuesta del Pleno del órgano de los jueces.
Por 13 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones –lo que denota la fuerte división interna–, el máximo órgano del CGPJ plegó velas, después de 4 intensas horas de debate, al considerar que «en este momento, no es necesario llevar a cabo una manifestación expresa de su opinión sobre la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos ni sobre la de ningún otro grupo parlamentario».
«El Pleno del CGPJ expresa su preocupación a fin de que cualquier reforma de la LOPJ que se lleve a cabo sea exquisitamente conforme con la Constitución y con el Derecho de la Unión Europea y anuncia que, en cumplimiento de su función de garante de la independencia de jueces y magistrados, se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos y expresará su opinión fundada en caso de que entienda que cualquier iniciativa que se retome o que se plantee para la reforma de la LOPJ pueda ser contraria a la Constitución o a los valores fundamentales en los que se sustenta la Unión Europea», explicaba después en un comunicado oficial.
Para terminar recordando la necesidad de renovar el Consejo, «a la mayor brevedad posible», después de un año y 10 meses de prolongación artificial de mandato.
Votaron a favor el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y los vocales Mar Cabrejas, Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, José María Macías, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Wenceslao Olea.
En contra votaron los vocales progresistas Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Cuesta, que fue diputado por el PSOE y presidente de la Comisión de Justicia, hizo una serie de intensas intervenciones en clave política.
VOTOS PARTICULARES
También votó en contra la vocal Carmen Llombart, quien, en un voto particular explica que el texto aprobado «contiene elementos insuficientes para poner de relieve la incidencia (negativa) que la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, supone para la independencia del Poder Judicial».
Tampoco comparte la afirmación de que en estos momentos es «innecesaria la manifestación expresa del Pleno sobre la proposición de ley». Porque, en la realidad, los acontecimientos ya se han producido y la proposición de ley sigue su normal tramitación parlamentaria».
Llombart recuerda que la reforma no se ha sometido a informe del CGPJ y considera que debía haberse incluido un párrafo que dijera que «el Pleno del Consejo General del Poder Judicial considera la reforma propuesta contraria a nuestra Constitución y a los estándares establecidos en el seno del Consejo de Europa y de la Unión Europea, lo cual debilita el papel constitucional del Consejo General del Poder Judicial y con ello la defensa institucional de la independencia judicial. El Consejo General del Poder Judicial utilizará todos los medios a su alcance para defender la separación de poderes, elemento clave del Estado de Derecho, y garantizar de este modo la independencia del Poder Judicial en su conjunto«.
Los cuatro vocales que votaron en blanco, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad, por su parte, suscribieron otro voto particular, prácticamente idéntico al de Llombart.
La celebración de este pleno se ha producido por la preceptiva petición al presidente de los vocales José Antonio Ballesteros, Nuria Díaz, Carmen Llombart, Gerardo Martínez Tristán, María Ángeles Carmona, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Tenía como fin examinar la propuesta de reforma de la LOPJ y plantear su posible rechazo por tres vías posibles: mediante un comunicado institucional, una queja al Parlamento o a través de un conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional.
