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José María Alonso, decano del ICAM: «Reclamo que el fiscal y el abogado entren en la sala de vistas al mismo tiempo»

Alonso está a favor de que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal contemple el derecho del acusado a declarar -o no hacerlo- una vez que lo hayan hecho los testigos de la acusación, sus propios testigos e incluso los peritos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
| | Actualizado: 28/10/2020 0:08

El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, la corporación profesional más grande de España, con 77.000 colegiados, se acerca al ecuador de su mandato de cuatro años. Casi dos años en los que ha pasado de todo en el que la pandemia del COVID-19 ha impactado de forma directa contra el colectivo profesional.

El balance personal que hace, al frente de la nave, es positivo después de superar aguas turbulentas. Su interés, subraya, es el de hacer un Colegio que sirva a los colegiados. Demanda, además, mayor presencia de la Abogacía en los centros de decisión de la cosa pública que tiene que ver con su negociado.

Y reclama cambios de forma de actuar en la fiscalía y los jueces.

«Lo que reclamo es que el abogado y el fiscal entren en sala al mismo tiempo. A mí lo que me molesta muchísimo es entrar y ver al fiscal de cháchara con él juez y yo entrar y sentarme como un invitado», afirma con seguridad. «No, señor fiscal, usted espera fuera y entra con el abogado».

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Los fiscales dicen que si tienen que entrar y salir toda la mañana en los juicios que se van sucediendo…

Pues entran y salen toda la mañana. Los abogados también salen y entran 20 veces. Aquí somos partes contrapuestas. El acusador privado entra igual que el defensor, ¿por qué el fiscal tiene que permanecer dentro?

¿Por qué considera que debe ser así?

Es que esa es una imagen perversa. El juez debe tener la misma relación con el abogado y con el fiscal. Para eso hay que cuidar las formas. Cuando entras con tu cliente y éste ve la familiaridad con que se tratan jueces y fiscales les entran un mosqueo grandísimo.

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dicho que tan importante como la imparcialidad es la apariencia de imparcialidad. Y eso es aplicable tanto a jueces como a fiscales. La apariencia de imparcialidad con esa costumbre que se repite en la práctica totalidad de las salas de vistas queda, con ello, en tela de juicio.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, recientemente anunció que habían completado el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que vendrá a sustituir al actual, elaborado de su puño y letra en 1882 por el entonces titular de la cartera, Manuel Alonso Martínez. Es el momento de hacer un gran cambio: ¿Está usted a favor de que el acusado declare después de escuchar a los testigos de la acusación y a sus propios testigos y no como ahora que tiene que hacerlo al comienzo?

Todo aquello que garantice el mayor ejercicio del derecho de defensa se tiene que propiciar. Y, desde luego, declarar al final, después de haber oído a todo el mundo, es beneficioso para el acusado, claramente. Estoy a favor, como estoy a favor de la instrucción por el fiscal.

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Algunos compañeros suyos han criticado que en la elaboración de ese Anteproyecto no hubiera abogados. ¿Comparte esas críticas?

Yo lo he criticado. Me parece inconcebible que en la elaboración de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal futura no hubiera habido representación de la abogacía. Hubo representantes de la judicatura, de la fiscalía y un par de catedráticos de derecho penal. Pero no abogados.

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Esto se lo he dicho al ministro. Supongo que cuando el texto inicie su andadura en el Parlamento se le dará, al Consejo General de la Abogacía Española, y a todos nosotros, voz para que digamos lo que tengamos que decir.

La verdad es que habría que cuidar las maneras. Porque hay maneras distintas.

El otro día nos reunimos con el consejero de Justicia. Quieren hacer una nueva ley de colegios profesionales de la Comunidad de Madrid. Antes de comenzar a redactarlo, nos llamaron y nos preguntaron ¿cuáles son vuestras prioridades? Se lo explicamos y vamos a trabajar conjuntamente con la Consejería en hacer esta ley.

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No es lo mismo hacerlo de esta manera que de esa otra. Que te llegue ya hecho y que no puedas modificar más que un par de cosas.

Confieso en que estoy muy molesto con la forma con que se ha elaborado este anteproyecto. Siempre he dicho que la abogacía somos un pilar de la Administración de Justicia tan importante como los jueces o como los fiscales. Y, por lo tanto, soy de la opinión de que tenemos que estar ahí desde el principio.

Alonso: «Si me pregunta qué es lo más importante para la abogacía yo le digo que la Ley Orgánica del derecho de defensa. Y espero que se apruebe en esta legislatura». Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 

Supongo que ustedes no están a favor de la anunciada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial –ahora congelada– para que el Parlamento pueda elegir a los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial por mayoría simple…

Hemos sido el único Colegio que se ha pronunciado sobre el asunto. Y es que hay un peligro claro: Si cualquier futuro gobierno con mayoría absoluta puede modificar la composición del CGPJ será siempre dependiente del Poder Ejecutivo.

Nos oponemos de forma muy clara. Debe mantenerse la mayoría cualificada de tres quintos de los votos tanto del Congreso como del Senado. Para mí el sistema ideal sería que los jueces eligieran a los jueces y que los candidatos se sometieran al refrendo del parlamento.

Eso es lo que dice la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

Estamos en contra de esto.

¿Están ustedes satisfechos de la presencia de la Abogacía en el CGPJ?

La presencia de la abogacía ha sido escasa en el CGPJ. Prácticamente nula. Estamos reclamando estar presentes. Pero no solo ahí, también en las Salas de Gobierno de los TSJ. Como también, después de mucha pelea pudimos entrar en la Comisión en la Comisión Provincial de Policía Judicial. Somos una pata esencial del sistema. Estamos infrarrepresentados en los órganos de la administración de justicia. Ese es un hecho incontrovertido.

Recientemente el PP llevo a la Cámara Alta una propuesta para que el turno de oficio asista a las personas jurídicas, ya que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es de 1996 y la reforma del Código Penal que estableció que las empresas podían ser acusadas y condenadas es de 2010. ¿Esto lo ven ustedes con buenos ojos?

Desde que se estableció la responsabilidad penal de personas jurídicas hay personas jurídicas que están en situación de insolvencia y que no tienen capacidad de designar a un abogado. Nosotros tenemos la obligación de designar un abogado de oficio porque nos lo requiere el juez instructor del caso.

¿Qué es lo que sucede? Que los abogados de oficio hacen su trabajo pero después no hay forma de que cobren por ello. Es la pelea que tuvimos con el anterior equipo ministerial. Como no se cumplían los requisitos de la asistencia jurídica gratuita pues no se pagaba. Pues no.

¿Que el abogado que adquiere esa obligación porque se la ha impuesto un juez no va a cobrar? ¡Hasta aquí podíamos llegar!

No es posible que haya responsabilidad penal de las personas jurídicas y, al mismo tiempo, no tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Eso fue solucionado por algunas Comunidades Autónomas, como Navarra, País Vasco y Madrid, mediante unos convenios.

Se solucionó de aquella manera con el equipo de Dolores Delgado y, por ahora, está funcionando razonablemente. Esto es algo que tenemos que meter en la futura Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

«No es posible que haya responsabilidad penal de las personas jurídicas y, al mismo tiempo, no tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita»

Precisamente la Ley Orgánica del Derecho de Defensa es una de las grandes apuestas del ministro Campo. ¿Tiene usted esperanzas de que vea la luz? Se formó una Comisión «ad hoc» para ello presidida por Antonio Garrigues Walker…

Tengo la convicción de que el ministro Campo está decidido. Y que la Ley se va a sacar en esta legislatura. Pero esto va muy lento.

Pero no se partía de cero. Había un borrador elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española.

Se está revisando. Pero si me pregunta qué es lo más importante para la abogacía yo le digo que la Ley Orgánica del derecho de defensa. Y espero que se apruebe en esta legislatura.

Últimamente se está moviendo mucho. Su última apuesta se ubica en los Juzgados de lo Mercantil. ¿Por qué?

Estamos intentando buscar mecanismos para salvar las unidades productivas. Lo más importante es vender una unidad productiva y que pueda seguir funcionando. Hay problemas de reparto, de que cada uno presenta los escritos de una forma diferente, le tienen mucho miedo a la picaresca española de que vendas la unidad productiva a tu primo y te libres de todas las deudas.

Vamos crear una comisión permanente Colegio-jueces de lo mercantil para acomodar la función concursal y que los jueces de lo mercantil en lugar de ser obstáculos para la salvación de las empresas sean el motor.

He tenido aquí a los dos miembros de la sección de insolvencias y reestructuraciones y de sociedades M&A y vamos a ver los jueces. Que ha sido a petición de los jueces.

Han abierto tres nuevos juzgados mercantiles en Madrid, ¿no?

Sí.

El Colegio de Abogados de Madrid está tratando de colaborar con los jueces de lo Mercantil para facilitar las ventas de las empresas con problemas. Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 

El otro día hablando con abogados me decían que habían esperado una avalancha de recursos en septiembre y que no se ha producido. En gran parte por los ERTE. Pero que se espera la avalancha para enero, tanto de despidos como de procedimientos concursales. ¿Cree usted que hablando con los jueces de lo mercantil la cosa va a ir más rápida?

Aquí la idea es que nos anima es que cuando la compañía vaya a concurso de acreedores previamente tengan negociado con alguien la venta de su unidad productiva. El juez lo bendeciría con un auto, una resolución. Así es como funciona en Inglaterra y en Holanda.

Los jueces de lo mercantil dicen, sí, claro, ¿a quién le vas a vender tú la unidad productiva? Lo que nosotros les estamos proponiendo es que elijan de entre un grupo de monitores puestos a su disposición por el Colegio para que vigilen que eso no suceda durante la fase del preconcurso. Que aseguren que el dueño de esa unidad productiva no se la está vendiendo a su primo para que los jueces tengan la seguridad de que todo el proceso es limpio y diáfano.

El Colegio puede ayudar mucho en esto.

¿Además de esto, les preocupan más cosas?

Sí, que la Audiencia pueda revocar estas decisiones. El Colegio, que tiene relación con todo el mundo, puede explicar tanto al presidente del TSJM como al de la Audiencia Provincial de que el procedimiento se va a realizar con toda la seguridad jurídica posible.

Ahora mismo la Administración de Justicia tiene que asumir un papel relevante en la solución económica y social del país. Y no podemos andar con problemas burocráticos, con colapsos absolutos.

Los Juzgados de lo Mercantil tienen, además, otro problema serio. Aproximadamente, el 30 por ciento de los asuntos que les llegan son temas de transportes, como  pérdida de maletas, de billetes, conflictos de horarios… Estamos intentando, con la Comunidad de Madrid, que todo esto vaya a arbitraje, que lo quitemos de la jurisdicción mercantil.

Vamos, también, a intentar convencer a las operadoras, que no querrán, porque si has perdido tu  maleta, y en 24 horas tienes un arbitraje que te dice tanto, prefieren que te enzarces en un juzgado.

Vamos a intentarlo por las buenas. Vamos a ir a hablar con el consejero de Economía, con el consejero de Justicia, con el presidente de Iberia, con el de Air Europa, Ryan Aire…. Y si no, habrá que buscar un mecanismo legal para quitar toda esa carga absurda que colapsa a los jueces de lo mercantil.

«La Junta anterior contrató con IBM un proyecto que no funciona. Y que no funciona lo demuestra el que los auditores nos han obligado a dotar los 5,5 millones de euros como pérdidas en el ejercicio de 2019»

¿Cuál es el balance que hace a estos dos años de gestión del Colegio?

Positivo, con toda sinceridad. Hemos llevado a cabo una reorganización interna del Colegio. Ahora tenemos una nueva directora de comunicación que ha pasado un proceso complicadísimo. Yo no la conocía de nada. Es la segunda vez que la veo. Por lo tanto, le puedo decir que la transparencia y la independencia en el Colegio es absoluta.

A lo mejor no hemos comunicado adecuadamente. Ahora lo haremos bien.

Tenemos un sistema interno de gobierno mucho mejor. Unas políticas muy buenas. Creo que le hemos dado una representatividad a los jóvenes importante, hemos establecido buenas relaciones con órganos de la Administración con la de la justicia. Las cuentas del Colegio están saneadas.

La voz de la abogacía se oye más ahora que antes. Ahora es un Colegio más útil de lo que era antes.

Ahora queremos dar mayor impulso al proyecto espacio abogacía. Queremos que a los abogados se les cite cuando el juicio va a empezar, con el establecimiento de monitores, como en los aeropuertos.

Es que, además, tenemos unos líos, con la gente en la calle, sin poder entrar.

Pero estoy razonablemente contento.

Otra cosa de la que estamos particularmente orgullosos son las secciones. Tenemos 45 secciones que cubren todas las áreas del derecho.

Toros incluidos.

Por lo que a mí me han puesto particularmente verde. Pero en eso no podemos ceder. Somos 77.000 con visiones muy variadas.

¿Cómo acabó lo de IBM?

En el juzgado.

Pero encontraron una solución tecnológica con Wolters Kluwer, ¿no?

La Junta anterior contrató con IBM un proyecto que no funciona. Y que no funciona lo demuestra el que los auditores nos han obligado a dotar los 5,5 millones de euros como pérdidas en el ejercicio de 2019.

Consideramos que IBM nos tiene que devolver el dinero porque fueron ellos los que diseñaron el sistema.

En opinión del decano del Colegio de Abogados de Madrid, «IBM minusvaloró la complejidad del Colegio de Abogados». Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 

Usted habló con la presidenta de IBM en España y Portugal.

Que ya ha dejado de serlo. Tiene otro destino. Ahora es otro. Ella sostenía que el proyecto estaba hecho a un 90 por ciento. Pero no funciona. Yo creo que IBM minusvaloró la complejidad del Colegio de Abogados. Nosotros tenemos la complejidad del turno de oficio, por ejemplo, y otros departamentos que hacen que esto sea especialmente complicado.

Ahora tenemos una responsable de sistemas excelente. Y un responsable de medios. Los dos son telecos.

IBM quiso cambiar todo a la vez, de golpe. Como en un Big Bang. Eso no fue viable. Ahora estamos yendo por fases. Lo primero que estamos abordando es el expediente digital que para nosotros es fundamental.

IBM ha fracasado con el Colegio de Abogados de Madrid.

Es evidente que ha fracasado. Y me gustaría ver si esto tiene arreglo. IBM es una compañía excepcional pero con el colegio ha fracasado, vuelvo a repetirlo. No ha sabido entender las peculariedades de un colegio como este.

¿Qué despacho les lleva la demanda?

Clifford and Chance.

¿Y qué Juzgado de Primera Instancia es el competente?

El 13. Y creo que ya se ha fijado la audiencia previa.

¿Qué ha supuesto la pandemia para el Colegio? ¿Han tenido muchas solicitudes de ayudas?

La abogacía ha sido uno de los grandes olvidados y habría que reconocerle públicamente la entrega y profesionalidad de sus abogados. Al principio nos encontramos con que los abogados tenían que ir a las comisarías, sin protección. Algunos detenidos, con mala intención, les tosían encima. Para fastidiar.

Yo hablé con el presidente del TSJM, con el fiscal superior de Madrid, con la decana de los Juzgados de Madrid, con el coronel de la Guardia Civil y el comisario principal de la Jefatura de Policía de Madrid y en muy poco tiempo conseguimos que los atestados se enviaran por vía telemática.

«Ha habido como unos 3000 compañeros y compañeras que han pedido el aplazamiento de las cuotas de un colectivo de 77.000 colegiados»

Que no se entregaban hasta ese momento. Esa ha sido una de las grandes conquistas de esta pandemia: que no solo se entreguen sino que, además, se manden por vía telemática a los abogados. 

Articulamos un sistema para que el abogado se pudiera conectar con el detenido en la comisaría o el cuartel a través de videoconferencia.Y si no, por teléfono. Si el detenido decía que no quería declarar se acababa la historia y se mandaba el tema al juzgado.

Solo cuando el detenido pedía que el abogado fuera a atenderle, éste iba personalmente. Con ello conseguimos evitar muchos problemas con la pandemia.

Todas las autoridades se han portado con la abogacía de forma extraordinaria y, desde aquí, quiero reconocérselo públicamente.

Hubo también ayudas, ¿no?

Sí, articulamos una serie de medidas de ayuda. Primero, prorrogamos el pago de las cuotas un año para los que lo pidieran. Hubo unas pretensiones de que condonáramos, pero no nos salían los números.

Ha habido como unos 3000 compañeros y compañeras que han pedido el aplazamiento de las cuotas de un colectivo de 77.000 colegiados.

Luego pusimos el espacio abogacía gratis. Todo aquel que hubiera perdido su despacho o que necesitara algún tipo de gestión documental, secretaría o base de datos, también podían acceder a ello. Las empresas jurídicas nos facilitaron el uso de sus fondos en ese entorno.

También dotamos un millón de euros para ayuda de los colegiados, que no se han consumido, lo que, en parte, me tranquiliza, porque eso quiere decir que la abogacía está resistiendo.

Una cosa que le preocupa es encontrar un sistema alternativo para que los abogados no tengan que esperar en la calle a ser llamados a juicio, con sus clientes. ¿Lo ha encontrado?

Estamos desarrollando una aplicación. Es muy fácil. Los abogados y sus clientes pueden esperar en el espacio abogacía a que les llamen a través de unas pantallas, como en los aeropuertos. Pero hay que convencer a que cada juez o cada secretario la utilicen. El problema es que los jueces son reyes de Taifas.

Usted no puede confundir su función jurisdiccional, sobre la que usted es señor absoluto, con la función administrativa o de gobierno, en la que debemos participar todos. No se manden recomendaciones, mándense órdenes. Es política de funcionamiento. Yo se lo he dicho tanto al presidente del TSJM como al presidente del CGPJ y del Supremo.

Nosotros podemos hacer la aplicación más sofisticada del mundo que si el letrado de la Administración de Justicia no le da al botón no funciona. Tenemos que encontrar una fórmula mediante la colaboración. Esa es la clave.