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Denuncian ante la Fiscalía General del Estado al juez decano de Badajoz

La denunciante es la abogada Patricia Sáenz de Tejada Vallejo.
| | Actualizado: 31/10/2020 12:04

La abogada Patricia Sáenz de Tejada Vallejo ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el magistrado Emilio García-Cancho Murillo por los supuestos delitos de prevaricación continuada, falsificación en documento público en concurso con los delitos de coacciones, delito contra el derecho fundamental a la defensa letrada, desviación de poder, revelación de información reservada y delito contra el derecho a la intimidad.

Confilegal se puso en contacto con García-Cancho Murillo, a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero éste declino hacer ninguna declaración hasta conocer el contenido específico de la denuncia.

Contenido sobre el que este periódico digital le envió una síntesis. 

Los hechos sobre los que se produce la denuncia tuvieron su epicentro en el procedimiento judicial del que era instructora la esposa del juez decano, Samantha Reynolds Barrero, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de esa ciudad. Fue en 2015.

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La denunciante era Ester Sara Vila, magistrada del Juzgado de lo Mercantil 1 de Badajoz, compañera de trabajo de la anterior y del juez decano, con los que les unía una relación de parentesco pues su esposo, el abogado Juan Antonio Díaz-Ambrona Cancho, administrador concursal, es primo del decano, según la abogada.

Su cliente, el denunciado, era su hermano, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, entonces magistrado del Juzgado de lo Penal 3 de Ciudad Real, y expareja de hecho de la denunciante, con la que tiene dos hijos.

LA ESPOSA DEL JUEZ DECANO NO SE ABSTUVO

«Doña Samantha Reynolds adoptó gravísimas e ilegales decisiones, entre otras retener la competencia de su Juzgado y no abstenerse. Una vez descubierto el parentesco, como letrada de la defensa recuse a la instructora», explica Sáenz de Tejada en su escrito.

La Audiencia Provincial estimó la recusación y la magistrada Reynolds fue apartada de la causa.

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Después de eso, fue el juez decano el que entró en escena, según la abogada: «Nada  mas ser apartada de la causa su esposa, el Decano no dudó en tomar  de modo inmediato represalias contra mi defendido y contra esta Letrada aún de modo indirecto, por el hecho de haber recusado y apartado del procedimiento a su esposa».

De acuerdo con la letrada, García-Cancho Murillo convocó una Junta de jueces que se celebró el 15 de abril de 2015 bajo el título «Incidencia respecto de las actuaciones de Sr. Sáenz de Tejada».

Asistieron los 4 jueces de instrucción de Badajoz y supuestamente acordaron, por unanimidad, expresar su «más profunda indignación ante la campaña de acoso y derribo dirigida por el señor Sáenz de Tejada contra todos los intervinientes en el procedimiento en el que ha resultado imputado».

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El acta solo fue firmado por el juez decano y la secretaria de la Junta de jueces, Marta Hernández. 

NO HUBO UNANIMIDAD

Sin embargo, uno de los magistrados asistentes, Susana Amador García, instructora del procedimiento del que fue recusada Reynolds, negó, después, en un informe, de fecha 12 de agosto, que lo recogido en el acta de la Junta de jueces se ajustara a la realidad de lo ocurrido. No había habido la unanimidad que publicitó el juez decano. 

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«El recusante [Luis José Sáenz de Tejada Vallejo] no ha formulado queja ni denuncia alguna contra esta instructora, y el tenor literal de los escritos presentados en el seno del procedimiento penal del que deriva la recusación ha sido procesalmente correcto”, escribió.

“Me limité a asistir a las Juntas sectoriales de jueces de instrucción para las que fui formalmente convocada. Juntas de jueces en las que no efectué manifestación ni pronunciamiento alguno», precisó.

A juicio de la abogada, lo ocurrido encaja en un delito de falsedad en documento público del artículo 390.3 del Código Penal.

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«La instructora de la causa niega haber realizado manifestación pronunciamiento alguno contra mi defendido. Niega haber sido denunciada. Niega las faltas de respeto en el procedimiento que ella misma instruye. Niega haber denunciado una campaña de acoso y derribo. Niega haber prejugzado el final de la instrucción con el dictado de auto de apertura de juicio oral. Manifiesta que el trato de la defensa ha sido procesalmente correcto. Niega haberle atribuido retardo malicioso en la tramitación. Niega haber pedido la adopción de medidas frente a mi defendido», afirma la letrada denunciante.

NO HUBO FALTA DE RESPETO

Tampoco hubo falta de respeto, ni campaña ni retardo malicioso.

«Lo único real es que la esposa del Decano, redactor del acta, fue apartada del procedimiento tras ser recusada y sin haberse abstenido, lo cual constituía una falta disciplinaria muy grave. La Junta de jueces realizada por su marido no era si no además de un ataque a mí defendido una cortina de humo para tratar de evitar una sanción gravísima que se podría cernir sobre su esposa«.

El acuerdo recogido en el acta nunca fue notificado ni al interesado ni a su defensa, como establece la ley.

Según Patricia Sáenz de Tejada Vallejo, el juez decano se confundió porque quien interpuso los escritos de recusación fue ella, «por lo que es surrealista imputar dichos hechos (falsos en todo caso) a mi defendido, imputado en la causa».

Y precisa: «Como letrada conseguí apartar de la causa a la esposa del Decano no sin que antes la apartada hubiera dictado gravísimas resoluciones contra mi defendido y sus hijos».

Hechos que le afectaron a su salud y que le impidieron continuar con la defensa de su cliente.

A día de hoy recuperada en su salud, la abogada ha presentado su denuncia bajo el amparo de la Directiva europea de protección de los denunciantes de corrupción 1937/2019 Directiva “Whistleblower” contra el juez decano de los Juzgados de Badajoz, Emilio García-Cancho Murillo, «para que sean investigados los hechos y sobre todo para que a ningún otro Abogado ni ningún otro ciudadano sufran una situación similar en Badajoz».

Los supuestos delitos que le atribuye son los de falsificación de documento público, prevaricación, coacción y desviación de poder.

LO QUE HAY DETRÁS DE LA DENUNCIA

En el trasfondo de esta denuncia se halla la separación traumática de Ester Sara Vila Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, a quien el Juzgado de lo Penal 1 de Badajoz, condenó a un año y 21 meses de cárcel por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito de la violencia de género y amenazas el 27 de febrero de 2017.

La sentencia que adquirió firmeza en agosto de ese año, por lo que el magistrado fue suspendido de sus funciones y perdió temporalmente tal condición.

Sáenz de Tejada Vallejo, antes de su condena, denunció en 2013, ante la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, una supuesta trama de corrupción judicial en torno a los administradores que gestionaban las empresas con dificultades tras descubrir vínculos con la nueva pareja de su mujer -de la que se estaba separando-, la única magistrada de lo Mercantil que existe en Badajoz.

El entonces magistrado señaló a Juan Antonio Díaz-Ambrona, quien después se casó con su expareja de hecho, el cual, según él, había sido nombrado administrador concursal de empresas en dificultades por Sara Vila en varias ocasiones.

En su libro «El Fango», Baltasar Garzón cuenta el caso de la magistrada Esther Sara Vila y cómo adjudicó concursos a su nueva pareja.

También explica cómo estas tramas organizan foros -en hoteles de lujo, con todo incluido- a los que invitaban a dar conferencias a jueces de lo Mercantil que más tarde adjudicaban a estos despachos en los concursos de mayor cuantía.

La Fiscalía instó la investigación contra esta presunta red pero no prosperó.

Sáenz de Tejada Vallejo también presentó cuatro denuncias contra su expareja de hecho por esta causa ante el CGPJ, que acabaron archivadas.