La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han hecho un llamamiento para que ante la segunda ola de Covid-19 se mantenga la actividad judicial. «La Justicia no puede parar».
En un comunicado conjunto se dirigen así al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en Justicia.
Las cuatro asociaciones creen que ante el empeoramiento de los datos sobre contagios y la posibilidad de que se acuerden nuevas restricciones de movilidad o, incluso, un segundo confinamiento domiciliario «el derecho fundamental de los ciudadanos a obtener la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos no debe quedar suspendido».
En este sentido, sostienen que hay que aprender de la experiencia acumulada durante estos meses de pandemia y las medidas que se adopten a partir de ahora además de asegurar que se atienden los asuntos urgentes e inaplazables, «ha de procurarse que, en la medida de lo posible, no se paralicen los demás».
Esto, subrayan, «no es incompatible con que se garantice debidamente la seguridad y la salud de todos cuantos trabajan, prestan servicios o se relacionan diariamente con los juzgados y tribunales».
Ofrecen su colaboración para diseñar los planes de actuación
Por ello, defienden que debe garantizarse que los juzgados y tribunales dispongan de medios adecuados para que las actuaciones judiciales se celebren, en lo posible, por medios telemáticos; que el personal de Justicia pueda trabajar desde sus domicilios para la tramitación de los asuntos.
Asimismo, que, en aquellos casos en los que debido a las condiciones sanitarias no fuera posible desempeñar la actividad judicial en alguna sede u órgano judicial, existan espacios alternativos disponibles y personal de emergencia seleccionado para el caso.
También que en todas las sedes judiciales se disponga de los medios precisos para el adecuado cumplimiento de las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias.
Las asociaciones ofrecen su colaboración a las autoridades para diseñar los planes de actuación que se consideren necesarios con el objetivo de «afrontar esta situación de la manera menos perjudicial posible» y evitar así un parón judicial como el que se vivió entre marzo y junio como consecuencia de la pandemia.
