La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de súplica que presentó el expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México Alonso Ancira contra la resolución que acordó su extradición a México por delitos relacionados con la corrupción.
En el auto de la Sala de lo Penal, con ponencia de Eloy Velasco Nuñez, el Pleno confirma la entrega del empresario al concluir que los hechos por los que le persigue la justicia mexicana también son delito en España y concurre por ello el principio de doble incriminación.
Ancira está siendo investigado por cuatro transferencias por un importe de 3,4 millones de dólares emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México SA (AHMSA) a la empresa Tochos Holding, vinculada al exdirector General de Pemex Emilio Lozoya.
Según se recoge en el auto conocido hoy, con fecha del miércoles, «entre ambas empresas ni hay vínculos comerciales ni hay negocios».
Las transferencias, explica, «suponen un acto de triangulación de fondos a través de transferencias económicas en una cuenta bancaria en Suiza, donde se ingresan a favor de una empresa constituida en las Islas Vírgenes -centro financiero ‘offshore’ de dudosa transparencia fiscal-, en la que la participación de Lozoya, se haya intermediada a través de la figura de confianza de su hermana, que obra como testaferro».
Se da la circunstancia de que en noviembre de 2012 Lozoya adquirió un inmueble en una zona residencial de ciudad de México y un mes después, una vez elegido director General de Pemex, propuso rehabilitar y después adquirir una planta para producir fertilizantes propiedad de AHMSA que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor de tasación se fijó en unos 58 millones de dólares americanos.
Los hechos investigados, según la Audiencia Nacional, encajarían en delitos de cohecho, blanqueo de capitales fraude o incluso en malversación de caudales públicos por lo que “refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación”.
El auto argumenta que Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, al ejecutar el concierto delictivo previo, «pagando por adelantado la contraprestación por la que espera y consigue que el señor Lozoya, cuando sea director general de PEMEX la contrapreste, mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos”.
La Sala descarta, además, que los hechos hayan prescrito, así como el argumento defendido por Ancira de que todo se trata de una persecución política.
El tribunal hace un repaso de las alegaciones del expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos y concluye que las operaciones causaron un «gran perjuicio al dinero público, circunstancia que, objetivamente, nada tiene que ver con la persecución política».
