El Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) adoptó ayer un acuerdo en el que critica públicamente al magistrado Alfonso Guevara, presidente del tribunal que está juzgando a tres personas por su implicación en los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, por el trato que está dando a los abogados.
«Dicho trato está suponiendo una grave limitación al ejercicio del derecho de defensa, pilar fundamental de todo Estado Democrático y de Derecho que, ante todo, debe garantizar el ejercicio pleno de derechos y libertades», dice el CICAC, en el que están representados los 14 colegios de abogados catalanes y que en estos momentos preside Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
El acuerdo se produce tras ser testigos del encontronazo que Guevara protagonizó con el abogado, exdecano de Barcelona, expresidente del CICAC y diputado por JxCat, Jaume Alonso Cuevillas, cuando este «le agradeció», con mucha ironía, la «amabilidad» de haberle impedido interrogar a un mosso d’Esquadra por unos atestados policiales.
Guevara declaró impertinente la pregunta.
El agente de la Policía Autonómica catalana fue quien interrogó al acusado Mohamed Houli Chemial, superviviente de Alcanar, y también el autor de las atestados.
«La ironía a otro lado, se lo advierto», le dijo Guevara.
Y añadió: «Creo que no he faltado el respeto a ninguno, he elevado el tono, porque no me oían… A mí no se me contesta de esa forma. A mí personalmente sí, pero a lo que estoy representando, no. Si ahora es moda no respetar las instituciones, aquí se respetan».
«Es inaceptable que en Sala se produzcan estos comportamientos por quienes han de impartir justicia, a los que la abogacía siempre respeta profundamente», subraya el CICAC.
«Nos reservamos el derecho a formular la correspondiente queja ante el Consejo General del Poder Judicial, por si estos hechos pudieren ser constitutivos de la falta prevista en el artículo 418.5 de la L.O.P.J, de falta grave de consideración respecto de la ciudadanía, instituciones, secretarios/as, médicos forenses o resto de personal al servicio de la Administración de justicia, miembros del Ministerio Fiscal, abogacía y procuradoría, graduados/as sociales y funcionarios y funcionarias de la Policía Judicial», concluye.
