La Oficina Antifraude de Cataluña podrá consultar las bases de datos notariales para prevenir casos de corrupción, así lo han acordado, a través de un convenio, la entidad catalana y el Consejo General del Notariado (CGN).
El acuerdo se ha formalizado en un encuentro telemático, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, en el que han intervenido Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifrau de Catalunya y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN. También ha estado presente Joan Carles Ollé, decano del Colegio Notarial de Catalunya estuvo presente en el acto telemático de la rúbrica.
Tras la entrada en vigor del acuerdo, según ha informado el notariado en un comunicado, la oficina antifraude accederá a las Bases de Datos de Titularidades Reales (BDTR) y de Personas con Responsabilidad Pública, familiares o allegados de aquellas (BPRP) con el fin de prevenir e investigar posibles delitos.
Las consultas a los archivos notariales quedan limitadas a la investigación y examen de conductas presuntamente fraudulentas. El acceso se realizará bajo las condiciones de seguridad exigidas para un nivel alto de confidencialidad según la normativa española de protección de datos personales.
La firma de este convenio dotará a la Oficina Antifraude de Cataluña de una mejor información a la hora de investigar casos concretos de destino ilegal de fondos públicos, aprovechamientos irregulares derivados de conductas que impliquen conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones confidenciales propias de cargos institucionales.
Asimismo, esta colaboración permitirá recomendar medidas contra la corrupción y otras prácticas fraudulentas que atenten contra la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Antifraude incorporará así la información notarial a sus diversas acciones de intervención, como las visitas de inspección, las entrevistas personales o el acceso a las informaciones bancarias.
El CGN creó en 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), sus técnicos desarrollan su trabajo analizando datos del Índice Único Informatizado Notarial, que contiene información procedente de las escrituras autorizadas ante los casi 3.000 notarios españoles.
De este índice se derivan a su vez, otros dos archivos: la Base de Datos de Titular Real (BDTR) y la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BPRP).
La BDTR, en funcionamiento desde 2012, permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad mercantil.
Frente a ella, en la BDRP están identificadas 39.437 personas físicas: 22.467 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; 16.970 personas allegadas; 2.088 por ser titulares reales de una sociedad en la que también participa una persona con responsabilidad pública y 14.882 con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública.
Por su parte, la Oficina Antifraude de Cataluña es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia creada por el Parlamento de Cataluña mediante la Ley 14/2008.
Su regulación se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003. Este tratado internacional obligaba a los Estados partes a garantizar la existencia de un órgano encargado de prevenir la corrupción.
Así, se configura como una entidad especializada e independiente adscrita al Parlamento de Cataluña, encargada de prevenir el fraude y la corrupción, y también de investigar, entre otros, posibles casos concretos de uso o destino ilegales de fondos públicos.
