Las investigaciones indican que Puigdemont pudo sobrevivir en Bélgica gracias a la financiación de este entramado. Foto: EP.
Tres abogados de prestigio articulan la acción popular contra el entramado financiero del «procés» en la «Operación Voloh»
Representan a 5 asociaciones y entidades constitucionalistas
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17/11/2020 06:47
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Actualizado: 17/11/2020 13:41
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Son José María Fuster-Fabra, socio de la firma Fuster-Fabra Abogados, abogado de sindicatos de Mossos d’Esquadra y de asociaciones constitucionalistas, Miguel Capuz Soler, abogado especialista en derecho penal, profesor de Derecho Penal y Procesal en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, y vicepresidente de la sección de derecho penal de la Comisión de cultura del mismo Colegio, y Luis José Gómez Álvarez, abogado de Emérita Legal.
Los tres asumen la dirección letrada, como acción popular, en la causa abierta por el magistrado Joaquín Aguirre López, titular del Juzgado de Instrucción de Barcelona, 1, sobre la llamada «Operación Voloh», centrada en supuesta trama de corrupción y financiación ilegal.
Dicha operación, que investiga la Guardia Civil, esta centrada en el presunto desvío de fondos públicos hacia el proceso separatista y la estructura que ha permitido al expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobrevivir económicamente en Waterloo, Bélgica, hasta que pudo ser nombrado europarlamentario.
En dicha investigación también se enmarcan varios casos de tráfico de influencias.
Fuster-Fabra, Capuz Soler y Gómez Álvarez representan a cinco entidades y asociaciones constitucionalistas: Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Llibertats, Barcelona con la Selección, y la plataforma Cataluña Suma por España, en la que se integran Espanya i Cadtalans, Convivencia Cívica Catalana, Españoles de a pie, Foro España y otros.
Entre los 18 investigados en este caso están David Madí, exdirigente de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y hombre muy cercano al expresidente catalán Artur Mas; Xavier Vendrell, exconsejero de la Generalitat por ERC y exmiembro de la organización terrorista Terra Lliure; y Oriol Soler, empresario y activista proindependentista, que formaban lo que se ha denominado el «Estatuto Major del procés», desde el que supuestamente se piloto la intentona separatista de 2017 en Cataluña.
De acuerdo con estas entidades y asociaciones, lo que motiva su personación en la causa son «los gravísimos hechos que se están investigando, que tenían como intención la destrucción del orden constitucional vigente y, por ello consideran es necesario llegar hasta el final y depurar todas las responsabilidades que se deriven de los mismos».
Con su personación, quieren favorecer «el esclarecimiento que se fundamentará en la profunda confianza y respeto a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad que han liderado la investigación al Estado de Derecho».
Además de estas asociaciones constitucionalistas, se han personado en el proceso Vox y Elite Táxi.
La investigación la inició tres años atrás la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional (UDEF), pero pasó a manos de la Guardia Civil por orden del magistrado.
La pérdida de una investigación en la que los agentes de la Policía Nacional habían invertido los últimos tres años motivó el envío de una carta de queja del comisario principal al juez Aguirre en la que ponía en su conocimiento el “estupor” y la sorpresa que había causado aquella decisión, puesto que se trataba de una investigación sobre la que no habían recibido por parte del magistrado “ni una queja”, decía el escrito, según informa La Vanguardia.
Las investigación se inició tras una operación de UDEF por un supuesto desvío de fondos de la Diputación a CDC en la que los agentes hallaron una libreta y unas anotaciones de Víctor Terradellas –exsecretario de relaciones internacionales de CDC– que arrojaban una supuesta conexión rusa para apoyar al «procés»y unas presuntas intenciones de convertir los fondos de la Generalitat a bitcoins para burlar el control del Estado.
El pasado 28 de octubre fue cuando la Guardia Civil lanzó la «Operación Voloh», que comprendió treinta entradas y registros en diferentes locales y oficinas. En las mismas encontraron urnas del referéndum unilateral del 1-O, documentos sobre los Mossos d’Esquadra y otros de carácter político, como la «Declaración de los principios de la fundación de la República catalana» o “planteamiento estratégico y operativo de comunicación mediática en Catalunya”, junto con ordenadores, tabletas y teléfonos móviles.
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