El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y el anteproyecto de la Ley Orgánica de la Fiscalía Europea.
Ambas textos, según ha afirmado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en rueda de prensa, “comparten un mismo espíritu, el de la investigación penal moderna y europea a cargo del Ministerio fiscal”.
A partir de ahora, la nueva LECrim se abre a una ronda de consultas, tal y como ha indicado Campo, con expertos, operadores jurídicos y sociedad civil para mejorar el texto de cara a su tramitación parlamentaria.
El titular de Justicia ha subrayado que no se puede aplazar por más tiempo la reforma de esta ley que tiene 138 años y ha sufrido ya 77 reformas, de las que 54 han sido desde la promulgación de la Constitución.
Los principales ejes de esta nueva LECrim pasan por los nuevos roles que atribuye a la Carrera Judicial y Fiscal, con un fiscal que ejerce la investigación, un juez de garantías y un juez de la Audiencia Preliminar.
Con la inclusión de estas figuras, según el departamento de Justicia, se consigue distinguir nítidamente en el marco del proceso las funciones de: investigar, tutelar los derechos de los investigados, decidir sobre la conveniencia de abrir juicio oral y sobre qué pruebas son válidas.
En cuanto a la incorporación de nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad, el ministro ha destacado que la norma incluye la regulación de las técnicas más avanzadas de investigación, como son la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática, así como la mejora de la regulación del ADN.
1⃣Se refuerza el papel constitucional del juez gracias a dos nuevas figuras:
🔸Juez de Garantías: tutela los derechos de los intervinientes.
🔸Juez de la Audiencia Preliminar: decide sobre la apertura de juicio oral y, en su caso, las pruebas a presentar. pic.twitter.com/epTyloNAFp
— La Moncloa (@desdelamoncloa) November 24, 2020
Finalmente, en cuanto a la ampliación de garantías en el proceso penal, Campo ha valorado la enorme importancia de reforzar las garantías y, especialmente, el papel central de la víctima en el proceso. En la misma línea, el anteproyecto contempla nuevos mecanismos de protección para menores y personas con discapacidad.
Asimismo, el responsable de Justicia ha explicado que, además de la modernización y actualización del modelo de enjuiciamiento penal, la nueva LECrim incorpora nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad y refuerza las garantías de los intervinientes en el proceso penal.
«Armonizar nuestro sistema con el de los países de nuestro entorno, donde la investigación está al cargo del fiscal»
El Anteproyecto de LECrim supone la transformación integral del proceso penal y se basa en dos principios, según ha indicado Campo, «la coherencia institucional» y «la armonización con el derecho de la Unión Europea».
En relación al ámbito europeo, ha señalado que la reforma del proceso penal, impulsada por ambas normas, cumple dos objetivos: «armonizar nuestro sistema con el de los países de nuestro entorno, donde la investigación está al cargo del fiscal», así como «incorporar a nuestro ordenamiento la nueva figura del Fiscal Europeo».
A este respecto, el ministro ha remarcado que «atribuir la investigación al fiscal, no es ya una opción, sino una obligación establecida de forma clara y directa por la Unión Europea».
La aprobación del Reglamento de la Fiscalía Europea en 2017, ha recordado, constituye el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español puesto que viene a introducir, por mandato directo de la Unión Europea, la figura del Fiscal Investigador en nuestro sistema jurídico.
Y es que a la Fiscalía Europea, como órgano con personalidad jurídica propia, se le atribuyen, según señala el considerando 11 del Reglamento, las funciones de «investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión».
