Ricardo González, magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra, ha sido sancionado por una falta grave de retraso en la resolución de asuntos por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este magistrado es el autor del polémico voto particular en el que pidió la absolución de los cinco miembros de ‘La Manada’, finalmente condenados por el Tribunal Supremo por unanimidad a 15 años de prisión por la violación de una joven en los Sanfermines de 2016.
Previamente, el tribunal navarro había impuesto en abril 2018 una condena de 9 años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento, condena ante la que el magistrado mostró su discrepancia en un voto particular, que generó multitud de protestas y movilizaciones de rechazo, ya que consideraba que los hechos se produjeron «en un ambiente de jolgorio y regocijo» y que la joven «estaba conforme».
La sanción, según ha adelantado El Español y ha confirmado Confilegal, se produce después de una inspección en la Audiencia de Pamplona en enero de 2019 por los retrasos en la resolución de asuntos del magistrado.
No es la primera que es sancionado por este motivo, ya que entre finales de los años noventa y el 2000, cuando trabajaba en Bilbao, fue sancionado en cuatro ocasiones.
Esta vez, la Comisión Disciplinaria del CGPJ concluye que el magistrado ha incurrido en una situación prolongada de retrasos habituales en la resolución de asuntos.
Rechaza, como alegó su defensa, que el asunto de ‘La Manada’ provocara estas dilaciones en sus resoluciones. Aportó informes en los que aseguraba que sufrió una intensa presión profesional y una significativa exposición en los medios de comunicación y redes sociales que le provocó una situación de agotamiento físico y mental.
«Incumplimiento cotidiano de los plazos para dictar sentencia»
La Comisión Disciplinaria, sin negar las dificultades que el asunto le pudo suponer, afirma que esto no justifica su rendimiento, pues en su desempeño profesional hay «un incumplimiento cotidiano de los plazos para dictar sentencia, superior en meses al legalmente establecido».
Por todo ello, el CGPJ le ha impuesto esta nueva sanción, siguiendo el criterio del promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, quien propuso una multa de 700 euros.
Como ejemplo de estos retrasos, el magistrado fue ponente de un asunto cuyo juicio se celebró en mayo de 2018 y en noviembre de ese año aún no había dictado sentencia. Algo que no esta justificado por la carga de trabajo de la Sección pues tiene un ingreso de asuntos por debajo de los indicadores.
Ricardo González estuvo de baja entre octubre de 2019 y marzo de este año, así todo la Comisión aprecia una falta grave en su actuación y recuerda la doctrina del Tribunal Supremo que establece que si el juez no puede desempeñar adecuadamente su trabajo debe comunicarlo a los órganos de gobierno para que adopten las medidas oportunas, algo que el magistrado no hizo.
