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El gasto tecnológico de las empresas rozará los 45.000 millones €, con un ojo pendiente en la regulación normativa

Varios expertos analizan para Confilegal la relación entre transformación digital y las exigencias normativas para las empresas.
| | Actualizado: 30/11/2020 23:52

La nube conectada, la hiperautomatización y la experiencia digital habilitada por la Inteligencia Artificial son las principales tendencias que determinarán el panorama tecnológico el próximo año, según las previsiones de la consultora IDC Research.

Con un escenario macroeconómico en el que el 80% de las organizaciones europeas han reducido los ingresos de 2020 como resultado de la Covid-19, la consultora estima que el gasto en digitalización en España alcanzará los 44.900 millones de euros en 2021, un 0,8% menos que en 2020.

Las principales palancas que van a impulsar el gasto de TI en nuestro país en 2021 -un año en el que las organizaciones deben avanzar para consolidar el modelo dentro de este nuevo contexto digital y de pandemia-, son: garantizar la continuidad de las operaciones de negocio, hacer más eficientes los procesos, garantizar la seguridad y acompañar el trabajo híbrido.

Juristas expertos en derecho digital como Raúl Rubio, socio director del área de derecho tecnológico en Baker Mckenzie en España; Francisco Pérez Bes, socio responsable del área de derecho digital en Ecix Group, y José Leandro Núñez, socio del despacho Audens analizan para Confilegal relación entre transformación digital y las exigencias normativas para las empresas.

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Más brecha digital

Para Raúl Rubio, socio responsable del área de derecho tecnológico de Baker Mckenzie en España, el gasto en digitalización en España “está acrecentando la brecha digital entre las empresas. Una parte de ellas han entendido que la transformación digital es la única manera de subsistir y están claramente incrementando su apuesta por la tecnología y la transformación de procesos, pero lamentablemente, otra buena parte no tiene esta visión o no se la puede permitir”.

“España es un país de microempresas y éstas son especialmente vulnerables a las crisis, teniendo muy limitada su capacidad de inversión. Deberían existir medidas fiscales, laborales y económicas que faciliten el crecimiento de la empresa en lugar de desincentivarlo con mayores cargas. Esto a mi juicio serviría para des-precarizar el mundo de la pequeña empresa y favorecer su competitividad”, comenta.

Rubio recuerda que “la tecnología para ser útil tiene que cubrir necesidades reales. En este ámbito existen modas como en casi todo y muchas veces se invierte en determinadas soluciones por seguir la corriente del mercado”.

“Según con quién hables, parece que está mal visto no estar ya metido en IA o ‘blockchain’, pero a veces esto es empezar la casa por el tejado. La transformación digital implica colocar al usuario en el centro no a la tecnología. Solo si sabemos cuáles son las necesidades reales del usuario podremos obtener un retorno satisfactorio de nuestro gasto en tecnología”.

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Raúl Rubio, socio responsable del área de derecho tecnológico de Baker McKenzie en España.

Para este experto, la empresa que quiera dar ese salto al mundo digital debe tener en cuenta a las personas. “Los empleados tenemos que estar abiertos al cambio y tener la inquietud de mejorar lo que cada uno hacemos en nuestro ámbito de responsabilidad”.

A su juicio, “la etapa de confinamiento nos enseñó que no es cierto que las personas no estemos preparadas para el cambio, en horas muchos nos adaptamos de un trabajo presencial al trabajo en remoto sin dificultades insalvables”.

Al mismo tiempo destaca que “como consumidores, los españoles somos unas de las sociedades del mundo más tecnologizadas. El reto está ahora en ser capaces de conseguir el mismo provecho de la tecnología en cualquier ámbito de la empresa. La robótica y la IA reducirán la necesidad de capital humano, pero harán mucho más valiosos a aquellos que sepan usar estas herramientas”.

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A nivel normativo, Raúl Rubio indica que “no se trata solo de cumplir con la regulación. Hay que digitalizarse con cabeza, gestionar los riesgos de la mejor manera posible. Una parte son contractuales: qué pasa si mi proveedor tecnológico no me da lo que yo espero o, cómo evito estar cautivo de una tecnología, o cómo consigo que mis activos digitales, esos que cada vez más van a ser mi mayor factor de competitividad, no acaben en manos de terceros”.

También hay riesgos asociados al modelo de negocio. “Muchas veces se nos ocurren ideas brillantes de cómo transformar nuestro negocio, pero vivimos en mercados altamente regulados y no todo se puede hacer. Incorporar en procesos de creación el pensamiento jurídico y no solo el económico/tecnológico nos puede ahorrar muchos disgustos”, revela.

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Explica que “en Baker Mckenzie hemos desarrollado una metodología que llamamos SMART y que nos ayuda, con un modelo claro y sencillo, a alinear las diferentes áreas del derecho en las que puede ser necesario asesorar a los clientes en su viaje digital, independientemente de la industria en la que operen”.

Rubio comenta que “esta metodología nos permite centrarnos en aspectos concretos de la transformación digital en función de cada caso, aportando al análisis tendencias, particularidades y experiencias específicas de cada industria”.

Replantearse el negocio

Por su parte, Francisco Pérez, socio de derecho digital de Ecix Group, cree que “nunca es una buena noticia que la inversión en digitalización disminuya, especialmente en un año en el que las circunstancias fomentan que muchas compañías estén acelerando sus procesos de transformación digital, y cuando mayores esfuerzos se están llevando a cabo desde el sector público para apoyar los esfuerzos de digitalización de la industria española”.

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A su juicio, “los procesos de transformación digital no consisten, únicamente, en compra de tecnología. Eso, en el fondo, es una digitalización de los procesos tradicionales. El reto de la verdadera transformación digital radica en la adaptación de los procesos a un nuevo escenario, que lleve a una nueva manera de trabajar, obligando a replantearse el objetivo del negocio”.

En su opinión, “el ejemplo más claro está en la adquisición de plataformas que permite gestionar, de una manera más eficaz, todo lo relacionado con procedimiento internos de las compañías relacionados con el cumplimiento legal, especialmente la privacidad, el ‘Compliance’ penal, la gestión de riesgos no financieros, y el cumplimiento de obligaciones por parte de proveedores y terceros”.

También subraya que “la explotación de toda aquella información que desde hace tiempo la empresa ha venido generando, y que, si bien actualmente es susceptible de ser explotada, hasta el momento era un elemento totalmente despreciado”.

“En cambio, cada vez más empresas están aprovechando tales datos para hacer negocio con ellos, convirtiéndolos en un verdadero activo intangible para la compañía. Y, para ello, es fundamental contar con un asesoramiento especializado, tanto en la parte de desarrollo de negocio como en lo que se refiere a la protección de esos intangibles y la gestión legal y ética de la responsabilidad derivada de aquella”, advierte.

Francisco Pérez Bes, abogado experto en nuevas tecnologías y secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), explica las siete medidas que hay que tomar tras detectar la fuga de información de los despachos de abogados.

Sobre el diseño de ese plan tecnológico para las empresas, indica que “debe tenerse claro el propósito de su transformación digital. La empresa debe conocer bien cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y a partir de ahí trazar una estrategia clara, pero realista, de cómo debe abordar este proceso”.

También cree que “una vez iniciado, es importante disponer de presupuesto suficiente para acometer aquellas inversiones que resulten necesarias para poder comenzar su proceso de transformación digital, lo que deberá ser liderado desde un área específica y separada del resto del negocio”.

Pérez afirma que hay que prepararse para “una transformación humana, de manera que todos los empleados conozcan el camino que va a seguir la compañía, con tal de poder adaptarse al nuevo escenario. Y, lo más importante, acompasar esos cambios para que la organización sea capaz de asimilar su transformación en todos sus aspectos”.

A nivel regulatorio, advierte que “el escenario actual es tremendamente amplio y complejo, lo que requiere apoyo externo especializado. Uno de los mayores riesgos para las empresas es creer que lo tienen todo cubierto, porque en poco tiempo la normativa ha cambiado mucho”.

En su opinión, “las empresas deben estar preparadas para poder trabajar de una manera en la que los especialistas conozcan tu negocio tan bien como tú, y que te vayan guiando a través de los riesgos normativos que vayan apareciendo en cada momento”.

Al mismo tiempo, agrega, “la empresa debe disponer de interlocutores con conocimiento técnico, que se encarguen de implementar y hacer encajar todos los requisitos normativos en el complejo ecosistema de procedimientos internos, donde todos los departamentos van a verse afectados por los cambios”.

Se refiere aspectos que afectan a, por citar solo a algunos, la seguridad de la información (privacidad y ciberseguridad), explotación de la información (‘big data’, IoT, economía del dato), comercio electrónico (pagos online, firma electrónica, identificación digital), más toda la normativa sectorial que pueda resultar de aplicación.

Junto a ello incide en “aquella normativa en desarrollo (inteligencia artificial y algoritmos, ‘blockchain’) cuya implementación requiere que se haga desde el diseño de los procesos, aunque en la mayoría de las ocasiones se trate de tecnología que trae consigo problemáticas todavía no planteadas en la empresa”.

La tecnología debe ser estratégica

Por su parte, José Leandro Núñez socio de Audens y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía Tic (ENATIC), considera lógico esta reducción del gasto tecnológico con motivo de la pandemia, pero cree que en el futuro las inversiones en tecnología serán necesarias para seguir siendo competitivo.

“Son muchas las empresas que se han visto afectadas por esta situación, sea de forma directa o indirecta, y la falta de liquidez y la incertidumbre han aparcado un número significativo de proyectos tecnológicos”, señala.

Para Núñez, “afortunadamente, otras muchas empresas han incrementado su gastos para dotarse de nuevas herramientas para teletrabajar. Esto ha permitido que el descenso no sea tan abrupto como en otros sectores”.

Desde su punto de vista, no parece fácil optimizar el gasto en tecnología para las empresas, “cada industria tiene sus peculiaridades, por lo que dar una respuesta única es muy complicado”.

Sin embargo, cree que en el sector legal está claro que hay que priorizar tres variables que son complementarias: «enfocarse en automatizar aquellas tareas más mecánicas, que aportan un menor valor añadido, digitalizar la información de tal forma que sea fácil de acceder y de localizar y contar con herramientas que permitan realizar un seguimiento ágil y detallado de los asuntos, y que generen información estadística para evaluar su rentabilidad”.

Sobre el plan tecnológico que una empresa deba definir adecuado a sus necesidades, este jurista considera que “a nivel estratégico, la clave reside en definir cuidadosamente las necesidades reales de la empresa, aunando los requerimientos económicos, técnicos y legales”.

Leandro Núñez, socio del despacho Audens.

A nivel de implementación, “pondría el acento en ser realista en cuanto a sus plazos, alcance e inversión y en asumir que el proceso de digitalización conlleva una labor de mejora continua que no finaliza cuando determinada innovación tecnológica ha sido implementada en la empresa. En este último aspecto, la formación juega un papel primordial”.

En cuanto a la normativa, comenta que “el aspecto más relevante es la correcta gestión de los activos de propiedad intelectual, especialmente de las licencias. También es esencial manejar adecuadamente la información, especialmente desde la perspectiva de los secretos empresariales y de la normativa de protección de datos”.

“Finalmente, determinadas herramientas (como los sitios web o las ‘apps’) requieren del cumplimiento de normativa específica y lo mismo ocurre con canales de venta tan comunes como el comercio electrónico, respetarla es fundamental para evitar sanciones”, incide.