JxCat, ERC y la CUP han registrado hoy una propuesta de resolución conjunta en el Parlamento catalán que persigue que la Cámara catalana pida al Congreso la aprobación de una Ley de Amnistía «por todos los actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación» de Cataluña desde el 1 de enero de 2013.
Defienden que la amnistía debe conllevar la «extinción de cualquier tipo de responsabilidad penal y administrativa, incluida la del Tribunal de Cuentas, por todos los actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación» de Cataluña, «cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa».
Los partidos independentistas subrayan que la amnistía «debe ir acompañada de una solución efectiva al conflicto político con el Estado español que incluya el reconocimiento del derecho de autodeterminación» de Cataluña, y que debe reparar los daños causados a las personas afectadas.
Asimismo, la iniciativa llama a la sociedad catalana a movilizarse y a apoyar una amnistía que permita la liberación de los presos del ‘procés’, el retorno de los dirigentes independentistas en el extranjero y el fin de todas las causas judiciales abiertas, y emplaza a «todos los agentes cívicos, políticos y sociales a reivindicar esta propuesta a través de un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos».
Desde ERC se cita como precedente la Ley de Amnistía de 1977 aprobada en la Transición, que permitió liquidar condenas impuestas por el franquismo a los presos políticos de la dictadura e incluso a miembros de ETA, pero aquello fue previo a la Constitución de 1978 que a dejó cerrada esa puerta al regular las funciones del Poder Judicial y las condiciones de cumplimiento de las sentencias.
Según explican en la propuesta, la Ley de Amnistía «debe partir de entender como intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya o a los hechos derivados de la crítica de la actuación de las autoridades gobernativas o jurisdiccionales que hubieran sido perseguidos penalmente o administrativa desde el 1 de enero de 2013».
Los delitos que dicen que debería incluir son rebelión y sedición; malversación de caudales públicos cuando esté en concurso con el delito de sedición, y los delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos, así como los delitos vinculados a la organización del 9N de 2014 o el 1-O de 2017.
También se incorporarían los actos de expresión y opinión que hayan sido valorados como delitos de incitación al odio vinculados al conflicto catalán; los delitos contra el orden público «cometidos en el marco de la lucha democrática por la autodeterminación y/o de las protestas y acciones de crítica de la actuación de las autoridades gubernativas y/o jurisdiccionales sobre el conflicto» en Cataluña, y otros actos que hayan sido mediados por la realización de los actos amnistiados.
Esta propuesta conjunta de JxCat, ERC y la CUP ha sido registrada esta mañana y este mediodía la Junta de Portavoces, en la que los partidos independentistas tienen mayoría, decidirá incluirla en el orden del día del pleno de la semana que viene, el último antes de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.
La diputada de la CUP en el Parlamento catalán Natàlia Sànchez ha reivindicado la necesidad de aprobar esta ley de amnistía en el Congreso como una solución colectiva para «no dejar a ningún independentista atrás».
Sànchez ha rechazado «soluciones individuales», como la reforma del delito de sedición en el Código Penal y los indultos a los presos del ‘procés’.
