Un grupo de 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido hoy al presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, la celebración de un Pleno Extraordinario para debatir y tomar medidas «sobre la situación creada por la negativa» de la Mesa del Congreso de los Diputados a solicitar informe al Consejo y a la Comisión de Venecia sobre la Proposición de Ley de PSOE y Podemos que limita funciones al CGPJ mientras esté en funciones.
Lo piden Rafael Fernández Valverde, Wenceslao Olea Godoy, Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascua, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Martínez Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad, María Ángeles Carmona Vergara y José María Macías Castaño.
En su escrito, registrado este mediodía, reclaman que el pleno se celebre en la sede del Consejo dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación del mismo.
El CGPJ acordó en el Pleno del 17 de diciembre instar al Congreso de los Diputados para que solicitara el informe del órgano de gobierno de los jueces y de la Comisión de Venecia y a oír a las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia en relación a la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones.
Sin embargo, la Mesa del Congreso acordó el pasado miércoles tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley y rechazó los escritos del CGPJ y del PP para que la Cámara pidiera informes consultivos sobre la reforma.
Estos vocales denuncian que «con ello no sólo se desatiende la petición dirigida por este órgano constitucional, sino también las Recomendaciones (UE) 2017/1520 y 2018/103 de la Comisión Europea, las recomendaciones expresadas por el portavoz de Justicia de la Comisión Europea los días 15 de octubre y 4 de diciembre de 2020 y las que en el mismo sentido se han dirigido por órganos del Consejo de Europa».
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), asociación transversal de jueces, fiscales, abogados, juristas y ciudadanos, ha denunciado ante el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y la Comisión de Venecia la decisión de la Mesa del Congreso de prescindir de esos informes previos que aunque no son vinculantes realizan un análisis pormenorizado de la reforma propuesta.
🔴 LA PLATAFORMA ACUDE A EUROPA.
Hemos decidido denunciar y poner en conocimiento al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea la peligrosa reforma de la LOPJ .
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— PCIJ (@PCIndepJudicial) January 15, 2021
La PCIJ denuncia que hay una “intención oculta de sofocar el libre debate jurídico” en una materia que afecta tan intensamente a la separación del poderes, y señala que «es sólo un ejemplo de una ofensiva que se remonta muchos años atrás pero que últimamente se está recrudeciendo».
Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, también ha solicitado a la Comisión Europea, «como guardiana de los tratados y de la salud democrática de nuestros Estados», que tome medidas para frenar la reforma del CGPJ que planea el Gobierno.
En sendas misivas dirigidas ayer a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, así como en una pregunta parlamentaria, la eurodiputada expone que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría «incumpliendo» la normativa europea, pues “el derecho de la UE y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia exige que en toda iniciativa legislativa que afecte al poder judicial se dé audiencia a todos los sectores implicados”.
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