La Audiencia Provincial de Orense juzga desde hoy el caso Zamburiña que sienta en el banquillo de los acusados a nueve presuntos traficantes de droga y a cuatro agentes de la Policía Nacional, de la anterior brigada antidroga de la Comisaría de Orense, que supuestamente habrían hecho la vista gorda.
Arrancará a las 10.00. Está fijado para los días 18, 19, 20, 21 y 22, y continuará en las próximas semanas.
Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, los 13 están implicados en una red de tráfico de sustancias estupefacientes que presuntamente habría contado con «la aquiescencia y protección de varios agentes».
La Fiscalía acusa a 9 individuos de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas, y solicita penas de hasta 13 años de cárcel.
A tres de los agentes les imputa delitos contra la salud pública, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
Solicita siete años y medio para el exjefe del departamento antidroga, siete años para otro agente, y seis años y tres meses para otra.
Al cuarto agente lo acusa de revelación de secretos, y pide que se le imponga una multa de 5.400 euros.
La defensa de los cuatro agentes la ejercita de forma general el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que también representa a título individual al agente para el que el Ministerio Público pide la multa.
Los otros tres policías también tienen su propio abogado.
La ‘Operación Zamburiña’ llega a juicio casi siete años después de que la Unidad de Asuntos Internos recibiese una serie de escritos anónimos relacionados con tres agentes.
El caso procede del Juzgado de Instrucción número 1 de Orense.
En 2014 hubo un robo en el búnker en el que la Policía Nacional guarda las armas en la Comisaría Provincial de Orense, y dos años más, en abril de 2016, tarde se produjo la muerte por un disparo de un agente, en la propia Comisaría, de la que se está investigando si fue un homicidio o un suicidio.
Esta segunda causa continúa abierta. Dos agentes gemelos están investigados por la muerte de su compañero, así como por la sustración de seis armas del búnker, de las cuales, tres aparecieron, siendo una de ellas la usada en el disparo.
El secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, cuestiona la investigación desarrollada por Asuntos Internos, y denuncia «el escarnio» que han sufrido los agentes por un proceso que, a su juicio, «nació viciado».
«Se inició con un escrito anónimo, cuyo contenido resultó ser falso, y por tanto, calumnioso», señala a Confilegal.
Las defensas de los agentes piden que sus patrocinados declaren al final del juicio «para que no haya ninguna causa de indefensión y conozcan las declaraciones y argumentos de las acusaciones a las que se enfrentan».
Están citados a declarar 109 testigos, entre los propuestos por el Ministerio Público y las defensas.
El primero será el responsable de Asuntos Internos que investigó la ‘Operación Zamburiña’ en coordinación con la Fiscalía.
El juicio estaba previsto para la semana pasada, pero tuvo que retrasarse porque uno de los acusados comunicó que tenía sintomatología compatible con coronavirus tras haber estado en contacto estrecho con un positivo.
El pasado lunes, primer día de cuestiones previas, la defensa de este acusado, que se enfrenta a una pena de 8 años de prisión, pidió el aplazamiento
A pesar de que tanto la magistrada presidenta del tribunal (Sección Segunda) como algunas de las defensas mantuvieron que las cuestiones previas podrían continuar sin la necesidad de que este acusado estuviese en la Sala, finalmente el juicio fue retrasado.
Comenzará con las cuestiones previas, proseguirá con las testificales, y después con los interrogatorios de los acusados.
El abogado de una traficante para la que la Fiscalía pide la mayor pena, 13 años de cárcel, expuso que en las cuestiones previas que solicitará la nulidad de las intervenciones telefónicas, así como la de las entradas y registros «por haberse realizado en base a una información tergiversada e incluso falsa de Asuntos Internos».
También pedirá que sea anulada la declaración inculpatoria de su cliente. Dice que viene «viciada por la decisión del juez de instrucción».
Las defensas de los agentes también pedirán la nulidad. Manifiestan que «todo el proceso penal está marcado por irregularidades».
