El particular I.C. compareció la mañana del pasado 13 de enero en el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm para el ofrecimiento de acciones al denunciante. Durante su testimonio ratificó el contenido de la querella contra el alcalde de Altea, Alicante, Jaime Llinares, el concejal de Urbanismo de ese municipio, José Orozco, y el representante de la mercantil Órbita Solar S.L. por un supuesto delito de prevaricación por la ejecución de obras ilegales para la construcción de un nuevo módulo en el Hotel Altea Hills durante dos años.
Tras esta comparecencia, los denunciados declararán en el tribunal en calidad de investigados.
La querella, presentada por I.C. y admitida a trámite el pasado mes de noviembre, acusa a la mercantil –participada al 50% por Hoteles Costa Mar SA (Grupo Mar Confort) y el otro 50% por Benmar Hoteles SA (Hoteles Sandos), y controlada por los empresarios Juan Ferri y José Baldó– de ser la promotora de presuntas infracciones urbanísticas en el ámbito del ‘Plan de Reforma Interior para la delimitación de área discontinua de actuación de dotación en suelo urbano consolidado en la Urbanización Altea Hills’.
Concretamente en el hotel, y que contempla la ampliación y reforma del Hotel Altea Hills por parte de Órbita Solar para la construcción de un nuevo módulo de servicios complementarios de spa y salud.
El escrito afirma que existe presuntamente un plan preconcebido entre el ayuntamiento y la mercantil mediante el cual, el primero presuntamente daba apariencia legal a través de expedientes de restauración de la legalidad que se dilataban en el tiempo mientras Órbita Solar realizaba las obras con total impunidad a sabiendas que posteriormente con la tramitación del PRI iban a conseguir legalizarlas.
El documento concluye que durante dos años, desde el 2018, el gobierno municipal de Altea ha estado tramitando expedientes que, lejos de ser una solución, no eran más que un formalismo, hasta tal punto que advertían de que iban a dar traslado de los mismos al Ministerio Fiscal y posteriormente no se trasladaban.
La querella afirma que la mercantil Órbita Solar pretende presuntamente con este PRI la modificación de la calificación y zonificación de determinadas parcelas incluidas en el Plan Parcial el Aramo, polígono de la Malla, dando cobertura urbanística a la remodelación del conjunto hotelero que en la actualidad se presta en las parcelas AH- 415 Hotel y HS Servicios complementarios (spa y salud) y con ello reforzar el área de servicios complementarios del hotel creando un nuevo módulo constructivo.
La querella afirma que las obras empezaron antes de la aprobación del PRI, concretamente en noviembre de 2018, y por tanto, antes de la obtención de las correspondientes licencias.
El escrito documenta que el ayuntamiento de Altea, reconoce en un informe firmado por el concejal de Urbanismo, José Orozco, la ejecución de obras en dicho emplazamiento sin licencia municipal y ordena la suspensión inmediata de las mismas, afirmando que se ha iniciado el procedimiento para la restauración del orden urbanístico alterado.
Actualmente las obras están paralizadas desde el pasado 23 de abril debido a que la policía local de Altea realizó en fecha 10 de marzo un parte de intervención en el que se paralizaban las actuaciones, a pesar de haberse incoado el expediente de restauración de la legalidad.
La querella acusa a la mercantil de supuesta desobediencia ya que “lejos de paralizar las obras y a ojos del ayuntamiento continúa ejecutando obras sin licencia, de tal manera que con fecha 23 de abril de 2020 se reitera por tercera vez la suspensión de las citadas obras apercibiendo a la mercantil de la comisión de un posible delito de desacato a la autoridad”.
Al mismo tiempo, se acusa al alcalde de Altea y al concejal de Urbanismo de mantener una actitud pasiva al respecto a pesar de los informes existentes ya que han permitido que durante dos años se ejecuten excavaciones y cimentaciones sin licencia ni autorización municipal.
A pesar de las infracciones urbanísticas, el pleno municipal aprobó el pasado 3 de septiembre el PRI en el ámbito del sector El Aramo, polígono La Malla.
La querella acusa de presunto fraude de ley este acuerdo plenario dado que la Junta de Gobierno era sobradamente conocedora de los diferentes expedientes de disciplina urbanística de los que la entidad promotora hizo caso omiso a las paralizaciones requeridas por el ayuntamiento y, en segundo lugar, dado que se tramitó con carácter de urgencia. La querella concluye que el equipo de gobierno estaría incurriendo en un presunto ilícito al pretender legalizar a través de la figura del PRI las actuaciones denunciadas por los propios técnicos municipales.
