La Fiscalía del Principado de Asturias pide 4 años y 9 meses de prisión y alejamiento para una individua acusada de acuchillar a su pareja, a la que tenía prohibido aproximarse por una sentencia anterior.
El Ministerio Público le imputa un delito de lesiones y un delito de quebrantamiento de condena.
En relación con el delito de lesiones apunta que concurren las circunstancias agravantes de alevosía, reincidencia y parentesco y la circunstancia atenuante de embriaguez.
El escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal ya ha sido presentado ante el juzgado encargado del procedimiento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lena.
Según relata, desde principios de octubre de 2020 la acusada se trasladó a vivir al domicilio familiar con su pareja. Y lo hizo, según destaca, a pesar de que conocía la pena de prohibición de aproximación al hombre a menos de 200 metros y la de prohibición de comunicarse con él, que le fueron impuestas el 11 de agosto de 2020 por el Juzgado de Instrucción 2 de Lena, por un tiempo de 35 meses.
Según relata la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 16 de octubre aquel año, sobre las 23:00 horas, en el dormitorio.
Afirma que la acusada apuñaló sorpresivamente y por la espalda a su pareja cuando ambos estaban en la habitación.
Detalla que utilizó un cuchillo de 33 centímetros, de los cuales 21 cm eran de hoja.
Como consecuencia de estos hechos, el hombre sufrió lesiones de las que tardó en curar 36 días.
Le ha quedado como secuela una cicatriz en región dorsal izquierda.
El perjudicado no reclama indemnización.
La Fiscalía señala que la acusada cometió los hechos en estado de embriaguez e informa de que padece un trastorno por consumo tóxico.
Solicita que sea condenada por un delito de lesiones a 4 años de prisión, a la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo y cualquier lugar donde éste se encuentre, a menos de 200 metros, así como a la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio o procedimiento, todo ello durante 5 años.
Por el delito de quebrantamiento reclama 9 meses de prisión.
Por vía de responsabilidad civil solicita que la acusada indemnice al SESPA en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos de asistencia sanita.
La acusada permanece en prisión provisional por estos hechos desde el 18 de octubre de 2020.
