La Audiencia Provincial de Orense ha declarado nulo el auto inicial de escuchas telefónicas de la Operación Zamburiña, como pedían las defensas.
El tribunal anula de este modo las escuchas y todas las pruebas obtenidas en base a ellas.
En el caso Zamburiña se juzga a nueve presuntos traficantes de droga y a cuatro agentes de la Policía Nacional, de la anterior brigada antidroga de la Comisaría de Orense, que supuestamente habrían hecho la vista gorda.
Con la anulación de las escuchas telefónicas, que según el juez instructor probaban la conexión entre los cuatro policías y nueve traficantes de la ciudad, también quedan sin valor las pruebas derivadas de las mismas: los registros efectuados y las sustancias incautadas.
El tribunal considera que el oficio remitido por Asuntos Internos al instructor, tomando como base un anónimo, daba pie a «un expediente administrativo», pero «no daba una base sólida para vulnerar el secreto de las comunicaciones».
«Todo lo que deriva de las escuchas telefónicas determina nulidad de las pruebas», aseveró ayer en el juicio la presidenta del tribunal, Ana del Carmen Blanco Arce. Además, calificó de «sospechoso» el oficio de Asuntos Internos asegurando que la nota «necesitaba una ponderación reforzada sobre su verosimilitud».
La magistrada presidenta ha explicado que tras analizar los distintos factores a lo largo de la semana pasada, el tribunal ha concluido que «no pueden servir de injerencia en el secreto de las comunicaciones».
Durante las cuestiones previas, las defensas de los agentes sostuvieron que «había elementos de sobra para suspender el juicio y anular las pruebas clave» contra los policías.
Consideran que toda la investigación se ha fundamentado en «escuchas telefónicas descontextualizadas y seleccionadas» para «fabricar de manera intencionada las acusaciones» de un relato incriminatorio.
Cuestionan el origen de esta investigación. Según afirman, pivota alrededor de un anónimo “falso”, por el que Asuntos Internos inició las pesquisas en 2014, y señalan que todavía quedan numerosas “incógnitas” por resolver, en referencia a las otras dos dos causas abiertas por la sustracción de seis armas y la muerte de un agente.
En 2014 hubo un robo en el búnker en el que la Policía Nacional guarda las armas en la Comisaría Provincial de Orense, y dos años más tarde, en abril de 2016, se produjo la muerte por un disparo de un agente en la propia Comisaría, de la que se está investigando si fue un homicidio o un suicidio.
Estas dos causas continúan abiertas. Dos agentes gemelos están investigados por la muerte de su compañero, así como por la sustración de esas seis armas del búnker.
Únicamente aparecieron tres armas en el despacho donde apareció muerto el agente.
APLAZAMIENTO DE 24 HORAS
Tras la decisión de las anulaciones por parte del tribunal, las defensas han solicitado la conclusión de la vista por entender que «no existe base» para una acusación, mientras que la Fiscalía ha pedido «días» para reenfocar su estrategia.
El tribunal le ha concedido un plazo de 24 horas.
El juicio se reanudará hoy, a las 10.00.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía acusa a 13 personas. A 9 individuos, de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas, y solicita penas de hasta 13 años de cárcel.
A tres de los agentes les imputa delitos contra la salud pública, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
Pide siete años y medio de prisión para el exjefe del departamento antidroga, siete años para otro agente, y seis años y tres meses para otra. Al cuarto agente le imputa revelación de secretos, y reclama que se le imponga una multa de 5.400 euros.
Hoy se conocerá si el Ministerio Fiscal continúa con la acusación a pesar de haber sido anulado el auto de las escuchas o si la retira.
Todas las defensas solicitaron en las cuestiones previas la nulidad de las intervenciones telefónicas, así como la de las entradas y registros, por «haberse realizado en base a una información tergiversada e incluso falsa de Asuntos Internos».
La defensa de la traficante para la que el Ministerio Público pide la mayor pena, 13 años de cárcel, afirmó ayer tras la decisión de los magistrados que el tribunal ha demostrado «ser un ejemplo de imparcialidad».
Sobre la droga incautada, que ahora queda anulada en el procedimiento como prueba por haber sido interceptada mediante un registro domiciliario derivado de las escuchas, ha indicado que «prima que los ciudadanos sepan que hay unos derechos fundamentales para la presunción de inocencia y que hay unas formas de obtener esas llamadas y esos registros».
Las defensas de los agentes sostienen que «todo el proceso penal está marcado por irregularidades».
Tras la decisión del tribunal han destacado que se deja a los acusados a un paso de ser absueltos al decaer las principales pruebas de la acusación.
La defensa de los cuatro agentes la ejercita de forma general el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que también representa a título individual al agente para el que el la Fiscalía pide la multa.
Los otros tres policías también tienen su propio abogado, dos de ellos tienen el mismo letrado y otro, a otra letrada.
«La inocencia de los compañeros investigados en la Zamburiña, más cerca de demostrarse», ha manifestado el secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, y ha dicho que al declararse nulo el auto de 5 de marzo de 2015 del Juzgado de Instrucción número 1 por el que se autorizaban las escuchas, que «sin ellas no hay causa».
Roberto González cuestiona la investigación desarrollada por Asuntos Internos, y denuncia «el escarnio» que han sufrido los agentes por un proceso que, a su juicio, «nació viciado».
«Se inició con un escrito anónimo, cuyo contenido resultó ser falso, y por tanto, calumnioso», ha señalado a Confilegal.
Afirma que ahora «se ha hecho Justicia» y que «las personas que se tienen que sentar en el banquillo son otros», en referencia a lo que hicieron los anónimos que desembocaron en el caso.
El SUP también lamenta que «la imagen de la Comisaría se haya dañado», y asegura que «eso es ya irreversible».
La letrada del que fuera jefe del grupo de estupefaciente ha lamentado que el juzgado de instrucción «no apreciase estas nulidades» puesto que «se podría haber evitado el sufrimiento de estar pendiente de algo que ya tenía que estar solventado».
«Nuestros compañeros Antonio, Felipe, Mercedes y José Antonio son inocentes. El SUP siempre ha creído en ellos. Hoy ven el final del túnel», expresa Roberto González.
