La firma de abogados Campaner Law, de la que el profesor universitario de derecho procesal penal, Jaime Campaner, es socio director finalmente ha abierto delegación en Madrid, en la calle de Alberto Alcocer.
Campaner Law tiene sus cuarteles generales en Palma de Mallorca y una segunda oficina en Ibiza, que acaba de consolidarse.
El paso dado ha sido una consecuencia directa del estado de alarma, que ha transformado el paradigma en la concepción de las comunicaciones. El mundo de la abogacía no ha sido ajeno a ello.
De este modo, el socio director seguirá desplazándose periódicamente a Madrid, donde imparte clases de derecho procesal penal en el Máster de Acceso a la Abogacía de ISDE, pero con la tranquilidad derivada de la actual normalización del uso de la videoconferencia.
Se ha pretendido proporcionar más confort al cliente de la capital, al tener un punto físico de referencia al que acudir.
La expansión de la firma no se va a traducir en un incremento de abogados, pues el despacho desea mantener su modelo boutique legal, una de las señas de identidad Campaner Law, que prima la calidad sobre la cantidad, garantizándose la intervención del socio director en todos los casos que acepta el despacho.
Campaner saltó a la palestra nacional cuando con tan solo 27 años obtuvo la libertad de Giovanni di Stefano (abogado mundialmente conocido por su defensa de Sadam Husein o Charles Manson) en el proceso de extradición auspiciado por Reino Unido.
También intervino en el juicio del caso Nóos, donde defendió con éxito al abogado y asesor fiscal internacional Salvador Trinxet, acusado de blanqueo de capitales por urdir el entramado societario del que se habrían valido Diego Torres y el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín.
Desde entonces, son habituales sus intervención en la Audiencia Nacional y en los Juzgados de Plaza Castilla, en casos como Tándem (donde ejerce la acusación particular contra el comisario José Manuel Villarejo), Zed o Isolux.
En el ámbito de la resolución extrajudicial de conflictos, resultó determinante su negociación con la asociación de agentes de viajes y touroperadores británicos (ABTA), en nombre de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), con el fin de detener el auge de reclamaciones por falsas intoxicaciones alimentarias, cuyo perjuicio para las compañías hoteleras mallorquinas se estimó en ochenta millones de euros.
Esta negociación cristalizó en el lanzamiento de la campaña “Stop Sickness Scams” en el Reino Unido, en colaboración con el gobierno británico, que incluso aprobó cambios legislativos, poniéndose así fin a este fenómeno delincuencial.
