El 71% de los españoles cree que se debe apoyar a los denunciantes de corrupción o ‘whistleblower’, aunque revelen información desde dentro de una organización.
Así lo refleja un estudio realizado por la ONG ‘Blueprint For Free Speech’, en colaboración con la consultora internacional IPSOS, que revela un fuerte apoyo público a la protección de los alertadores en toda España.
Solo el 16% está en desacuerdo y cree que estos alertadores deberían ser castigados. Los resultados se extraen de una muestra de 2.174 entrevistas realizadas a nivel nacional. Además, el estudio indica apoyo a una mayor transparencia y la necesidad de que se regule la práctica de los denunciantes de corrupción.
En España son numerosos los casos de personas que deciden alertar sobre irregularidades a pesar de que no cuentan con una normativa que les proteja de posibles represalias. La Directiva Europea sobre la protección alertadores 2019/1937 aún no ha sido traspuesta en España.
Es por ello por lo que iniciativas de la sociedad civil como el proyecto europeo ‘Expanding Anonymous Tipping (EAT)’, del que forma parte ‘Blueprint For Free Speech’, busca dar soluciones a la demanda de canales seguros de denuncia de irregularidades en organizaciones de toda Europa.
Estos buzones utilizan tecnología de encriptación y anonimización para proteger a las personas alertadoras, lo que puede alentar a las personas a enfrentarse a la corrupción si temen represalias.
A través de este estudio, los analistas de ‘Blueprint For Free Speech’ busca entender si la mayoría de la sociedad española acoge con satisfacción el establecimiento de estos canales de denuncia previstos en la legislación.
Cantabria y Murcia, los territorios que más apoyan la protección a los denunciantes
Un aspecto sorprendente que revelan los datos recopilados fue el fuerte apoyo para proteger a los alertadores entre diferentes grupos de la sociedad. Las categorías de la población encuestada analizadas por género, edad, niveles de educación y estado civil muestran un respaldo firme que van desde el 64% en el grupo más bajo hasta el 77% en el más alto.
Entre los datos que revela el estudio, destaca que son más mujeres (73%) que hombres (69%) las que consideran que hay que alertar delas malas prácticas o irregularidades.
Asimismo, las personas con más formación académica (74%) son más partidarias de hacer algo al respecto. Aunque, el 66% de los que tienen educación básica también está a favor de actuar en caso de irregularidades.
Desde el punto de vista de la edad, quienes se sienten más responsables de actuar son los que tienen entre 35 y 54 años. Casi tres de cada cuatro (73%) sienten que es apropiado alertar incluso si tienen que revelar información secreta.
Incluso en la categoría de edad de menor apoyo, los encuestados más jóvenes (entre 18y 24 años), el 67% de los españoles quiere proteger a los alertadores.
En cuanto al estado civil, las personas casadas (71%) y solteras (73%) en toda España tenían niveles de apoyo igualmente altos. Las personas divorciadas, viudas y separadas (64%) también revelaron el deseo de proteger a los alertadores, a una tasa menor pero aún mayoritaria.
El análisis de apoyo por territorios mostró el mayor respaldo a la protección de alertadores en Cantabria (86%) seguido de Murcia (77%). En las regiones más grandes de España, Madrid y Cataluña, el apoyo es del 72%. En el resto de regiones se detecta también un respaldo mayoritario. Tan solo La Rioja y Baleares destacaron por no llegar a la mitad dela población respaldando a los alertadores en estas circunstancias.
