El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó ayer, en la Sesión de control en el Senado, que “el ordenamiento jurídico ya tiene herramientas precisas para hacer frente de forma eficaz al fenómeno de la ocupación”.
Campo respondió así al Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP) sobre las medidas para combatir judicialmente las ocupaciones.
Durante su intervención, Campo señaló que el Derecho, en España, tiene herramientas ágiles y eficaces para hacer frente al fenómeno en tres ámbitos: el civil, el penal y el administrativo.
Y destacó que “el desalojo de una vivienda, ocupada ilegalmente, se produce de manera inmediata. No es verdad ese falso rumor sobre que si pasan 48 horas ya nadie puede echar a las personas que han ocupado la vivienda, o que si se cambia la cerradura el propietario ya no puede denunciar.”
Por otro lado, Campo hizo hincapié en aclarar que la inmensa mayoría de los casos son de usurpación, es decir, “no se trata de primeras ni segundas viviendas habituales, sino que afecta casi en un 80% a grandes grupos inmobiliarios o a entidades financieras”.
En ese sentido, el ministro señaló que con estos datos no se trata de justificar o normalizar el delito de usurpación.
Todo lo contrario, indicó, “el Estado de Derecho actúa también frente a estas conductas y la Ley protege a las personas afectadas”.
Campo basó sus afirmación en las estadísticas proporcionadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El ministro explicó que en 2017 se produjeron un total de 6.757 condenas de adultos por delito de usurpación, no de allanamiento, ha puntualizado, y en 2018 un total de 6.028.
Es decir, “en 2018 se redujo el número de condenas”, subrayó.
Campo invitó al PP a huir “del populismo que estigmatiza a los colectivos más vulnerables en un momento tan crítico como el que atravesamos, con unas profundas crisis económica y social en el mundo a causa de la COVID-19”.
«No caigan en el mismo error, no sé si intencionado, del grupo parlamentario Vox. No utilicen datos de denuncias no equiparables a condenas para confundir y alarmar al ciudadano de a pie», contestó el ministro en respuesta a una interpelación planteada por el senador ‘popular’ Antonio Silván sobre «las medidas que el Gobierno tiene previsto implementar para combatir judicialmente de forma más eficaz los cada vez más numerosos casos de ocupación ilegal de viviendas».
Silván dijo que hay un «aumento desesperante de la ocupación ilegal de viviendas en España», citando datos del Ministerio de Interior según los cuales en el primer semestre de 2020 se habrían producido una media de 40 denuncias al día por estos hechos.
«La mitad, por cierto, en Cataluña», añadió.
Y acusó al PSOE de ceder a las presiones de Unidas Podemos para mantener el Gobierno, con la suspensión de los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional mientras siga en vigor el estado de alarma, y con la Ley de Vivienda que prepara el Ejecutivo, con la que la formación ‘morada’ pretende, entre otras cosas, obligar a los grandes tenedores a sacar un 30% de los inmuebles vacíos como alquileres sociales.
De esta forma, sostuvo Silván, el Gobierno estaría legitimando un comportamiento delictivo y socavando la seguridad jurídica. «Quieren sustituir el modelo del esfuerzo por el de una sociedad adocenada», ha criticado.
