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Cuando se muere un presidente del Tribunal Supremo hay un protocolo a seguir para su funeral desde 1850

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario del juicio del "procés" y donde se celebran los actos de apertura de tribunales todos los meses de septiembre de cada año así como las tomas de posesión de magistrados y fiscales, se transformaría en capilla ardiente del presidente del Supremo fallecido en el cargo.

De los 48 presidentes que, en su historia, ha tenido el Tribunal Supremo, 8 han muerto en acto de servicio, ocupando su puesto de máxima autoridad de la Justicia española.

José Hevia y Noriega fue el primero de los fallecidos con «las botas puestas» en 1834.

También fue el primer presidente del Supremo elegido en el nuevo periodo constitucional que abrió la Reina Isabel II, tras la muerte de su padre, el absolutista Fernando VII, en 1833.

Los siguientes fueron Nicolás María Garelly y José María Manescau Saborio, en 1850, en un periodo de diez meses.

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Cinco años más tarde, en 1855, falleció en el ejercicio de su cargo el presidente José Alonso y Ruiz de Conejares.

En 1871 fue Pedro Gómez de la Serna.

En 1878 Cirilo Álvarez y Martínez de Velasco. En 1917 José Aldecoa Villasante.

Y en 1945 Felipe Clemente de Diego.

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Desde entonces ninguno de los presidentes del Alto Tribunal han pasado a mejor vida ejerciendo las funciones de la máxima autoridad de la Justicia española.

Si se produjera esa situación en un futuro, el Supremo dispone de un protocolo que se remonta, nada menos que a 1850. Es un protocolo «provisional» marcado por una Real Orden del entonces ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo de Arrazola García, que no fue publicada.

La muerte del primer presidente, José Hevia y Noriega, cogió a todos desprevenidos.

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El 23 de julio de 1834 se murió.

Apenas tres meses después de prestar juramento ante Francisco Javier Castaños Aragorri Urioste y Olavide, duque de Bailén –el primer general de la historia de Europa que venció a Napoleón en la batalla por la que después le concedieron el ducado del mismo nombre–, que entonces era presidente del Consejo Real de España e Indias.

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Nada se sabe se conoce cómo fue el sepelio y las honras fúnebres.

No había protocolo alguno y la prensa del momento no se hizo eco de la noticia, salvo una necrológica que publicó la Gaceta de Madrid, lo que hoy es el Boletín Oficial del Estado.

El protocolo se generó dieciséis años más tarde, en 1850.

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El segundo presidente del Supremo, Nicolás María Garelly (desde el 15 de diciembre de 1843 a 13 de febrero de 1850) murió en su domicilio de una «neumonía bastarda», noticia que comunican sus dos albaceas, Juan Bravo Murillo y Antonio Carmona, al ministro De Arrazola García.

Para la conducción de sus restos mortales hasta la Sacramental de Santa María, en el centro de Madrid, se siguió el protocolo «provisional» mencionado.

El Salón de Pasos Perdidos del Tribunal Supremo también podría ser un escenario para capilla ardiente; ya lo ha sido en el pasado con magistrados.

ASÍ FUE EL PRIMER ENTIERRO CON EL PROTOCOLO

La Gaceta de Madrid, del sábado 16 de febrero de 1850, narra así la ceremonia que se aplicó aquel día:

«El jueves a las tres de la tarde fueron conducidos al cementerio de la Sacramental del Santa María los restos mortales del Excmo. Sr. D. Nicolás María Garelly, con una pompa digna del eminente puesto que ocupaba, y de las altas prendas del difunto.

«Veinticuatro pobres de San Bernardino precedían al carro fúnebre tirado por seis caballos, llevando las cintas del féretro los Excmos. Sres. D. Manuel Barrio Ayuso, Marqués de Valgornera, D. José María Huet y D. Anselmo Urra.

«El portero mayor del Tribunal Supremo de Justicia conducía sobre un almohadón de terciopelo negro el Gran Collar, distintivo característico del Jefe de la Magistratura española, que había de ser devuelto después con las solemnidades prescritas en la Real orden de su creación. A su derecha iba el Sr. Calatraveño, Secretario del Tribunal, que había de extender el acta de esta ceremonia y detrás en dos filas de Escribanos de Cámara, porteros y dependientes, tanto de aquel como del Senado.

«Al carruaje del difunto seguía el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, que presidia el duelo de grande uniforme, llevando a su lado al Excmo. Sr. Capitán General de Madrid.

«Iban después como de respeto las de S.M. la Reina, Madrid y del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli de toda gala, llegando a 98 de número, de los que conducían de toga y de uniforme todos los Ministros (hoy magistrados) del Tribunal Supremo de Justicia, Guerra y Marina, de las Ordenes, Mayor de Cuentas, Audiencia Territorial, Jueces de Primera Instancia, Jefe Político, Grandes de España, Títulos de Castilla, Patriarca de las Indias, Arzobispo de Toledo, Presidente de Congreso, Senadores, Diputados, decano o individuos de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, Prior y Cónsules del Tribunal de Comercio, Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia y todos los Oficiales de dicha Secretaría y otra infinidad de personas notables que en este momento no recordamos.

«Mucho celebramos que se haya tributado tan justo homenaje al difunto Sr. Garelly, habiéndose pasado al efecto según tenemos entendido una Real Orden por el Sr. Arrazola, en extremo honorifica a la memoria del mismo, porque este precedente realza la dignidad de la magistratura al punto de derecho que le corresponde”.

EL PROTOCOLO «PROVISIONAL» SE CONVIERTE EN DEFINITIVO

Esa misma escenografía se repitió con su sucesor en diciembre de 1850: José María Manescau Saborio.

Y con José Alonso y Ruiz de Conejares, quien ejerció el cargo durante poco más de cuatro meses. Desde del 8 de diciembre de 1854 a 13 de abril de 1855.

Veintiún años más tarde, en 1871, el protocolo «provisional» se transformó en Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

Ese año el Alto Tribunal emitió una circular el 27 de enero recordando a los funcionarios del poder judicial que debían abstenerse de intervenir en muchas políticas.

El nuevo Rey, Amadeo de Saboya, firmó entonces su primer decreto. Un decreto histórico. Porque declaró inamovibles a los 22 magistrados del Tribunal Supremo.

Al Rey Amadeo, que reinó entre el 2 de enero de 1871 y el 11 de febrero de 1873 –después abdicó por propia voluntad–  «le tocó» asistir a un sepelio de otro presidente del Tribunal Supremo fallecido, el de Pedro Gómez de la Serna y Tully (del 20 de enero de 1869 al 12 de diciembre de 1871).

En esa ocasión se dispuso, mediante el consiguiente decreto, que su entierro tuviera los honores de Ordenanza señalados para un capital general del Ejército que muerte con mando en plaza.

Así lo contó la Gaceta de Madrid:

«Sobre del féretro se velan el bonete doctoral, el Gran Collar del Tribunal Supremo y el Toisón. Las cintas eran llevadas por los Sres. Arnau, como Catedrático de la Universidad, el Marqués de Armijo, como exministro de la Gobernación; el Sr. Montero Ríos, como ex Ministro de Gracia y Justicia; el Sr. Cantero en representación de la Asamblea de Carlos III; el Sr. Alonso Martínez, por la Academia de Ciencias; el Sr. González Acevedo por el Tribunal Supremo, el Sr. Subau, por la Academia de Historia y el Sr. Madiazo por la mesa del Senado.

«Tras el carro fúnebre iban el Secretario del Tribunal Sr. Ramos y el Sr. Pantoja, Secretario de Sala como depositarios del Gran Collar.

«Al pasar el féretro por delante del Tribunal, una comisión del mismo colocó sobre la caja una magnífica corona de siemprevivas, laurel y pensamientos, con una cinta negra con la dedicatoria en letras de oro «del Tribunal Supremo a su digno Presidente».

En 1878 el Acuerdo de la Sala de Gobierno se completó con otra Real Orden de 4 de octubre de 1878, que tampoco fue publicada.

SIETE AÑOS DESPUÉS MUERE OTRO PRESIDENTE DEL SUPREMO

Cuando en 1878 fallece Cirilo Álvarez y Martínez de Velasco (de 8 de enero de 1872 a 6 de noviembre de 1878), el Rey Alfonso XII, mediante Real Orden, dispone que al entierro asista en pleno el Tribunal Supremo en traje de etiqueta.

Y aclara el ministro de Gracia y Justicia que por etiqueta se entiende que es de toga e insignia. Avisa que él asistirá de gran uniforme.

El secretario de Gobierno del Supremo levanta acta en la que consta lo siguiente:

«A las tres de la tarde, sobre el carro fúnebre, el ataúd, llevaba en las cabeceras los distintivos pertenecientes al Toisón de Oro y la Gran Cruz de Carlos Tercero y se puso en marcha la comitiva, a la que precedía un piquete de las Guardias Civiles, siguiendo a los costados del carro con hachas encendidas los Porteros de este Tribunal y el Portero Mayor con el Gran Collar en almohadón enlutado…., quedando terminado el acto religioso y retirado el acompañamiento

«…entregué el Gran Collar a la viuda del finado para su custodia, hasta que el Tribunal, en virtud de orden del Gobierno disponga lo que tenga conveniente».

Esa fue la primera vez que se hizo entrega del Gran Collar a la viuda del fallecido presidente, en virtud de lo dispuesto en la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 15 de Septiembre de 1870.

Al siguiente día el diario La Iberia, publicó un artículo en el que hacía constar que se entregaron en el Tribunal las insignias del Toisón de Oro y del Gran Collar de la Justicia.

La ceremonia se repitió con los sucesivos presidentes que fallecieron en acto de servicio.

Del único entierro del que se tienen fotos fue el de José Aldecoa Villasante, y las publicó el 5 de julio de 1917 «La Unión Ilustrada».

Foto del entierro del presidente del Supremo fallecido, José Aldecoa Villasante, tomada en 1917. Es la única existente de uno de estos acontecimientos.

Aldecoa Villasante disfrutaba de gran simpatía, por su sencillez como persona y como gestor, que demostró con creces durante el incendio del Palacio de Justicia, la actual sede del Tribunal Supremo, sucedido en mayo de 1915.

Aunque en los libros de actas de la Sala de Gobierno no aparecen acuerdos sobre protocolo alguno, sin embargo en el Consejo de Ministros del 20 de junio de ese año, se acordó «que se verifique su entierro observando el mismo ceremonial que los anteriores presidentes, Sres. Bravo y Alonso Colmenares, que murieron cuando ocupaban dicho cargo».

Se siguió la tradición que para los actos fúnebres de presidentes del Supremo muertos en el ejercicio de sus funciones aplicaba el Alto Tribunal, siguiendo el Acuerdo de 1871 y la Real Orden de 1878.

La última vez que las calles de Madrid fueron testigos de un sepelio por el fallecimiento de un presidente del Tribunal Supremo fue en agosto de 1945.

El 15 de agosto falleció Felipe Clemente de Diego, quien había sido nombrado por decreto del general Francisco Franco en plena guerra civil y en zona nacional, el 27 de agosto de 1938.

La Sala de Gobierno del Supremo, presidida por José Casado García, presidente de la Sala Segunda, por ser el más antiguo de todos los presidentes de Sala, acuerda seguir el ceremonial establecido en el protocolo para estos casos.

Por circunstancias obvias, el ceremonial tuvo que distinguirse de los anteriores, aunque siguió la misma línea. La comitiva constó de tres Presidencias: la del Jefe del Estado, o representación del mismo, una segunda la del Gobierno y una tercera la familia.

Se acordó que el Collar de la Justicia lo llevara, sobre almohadón negro, después del féretro, el Oficial Mayor del Tribunal.

Como se puede comprobar, la Justicia lo tiene todo previsto. Incluso para estos improbables casos.