El Grupo Parlamentario VOX ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) para exigir “la inmediata apertura de los establecimientos hosteleros de forma inmediata e igual en todo el territorio nacional”.
Además, exige indemnizaciones a los propietarios por la pérdida de ingresos durante el periodo que se han visto obligados a cerrar sus negocios.
LA PNL PARA DESCARGAR
La iniciativa, que registra “con fundamento en la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco” que acepta cautelarmente la petición de reabrir bares y restaurantes en Euskadi, la firman la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX Macarena Olona Choclán, abogada del Estado en servicios especiales, y la diputada por Málaga Patricia Rueda Perelló, portavoz de la Comisión de Turismo.
VOX recuerda en el texto de su PNL que desde que se decretó el primer estado de alarma el sector hostelero se ha visto sometido a numerosas restricciones de horario y aforo.
Señala que dado que el Real Decreto otorga a cada comunidad autónoma la competencia para la adopción de medidas, se ha producido una enorme “disparidad de normas de restricción”.
Así, en Cataluña las actividades de hostelería solo pueden abrir de 7:30 horas a 10:30 horas y de 13:00 horas a 16:30 horas, en el País Vasco los establecimientos de hostelería deberían cerrar como máximo a las 20:00 horas; en Andalucía, a las 18:00 horas; en Madrid, a las 21:00; y en Galicia hay un cierre temporal de la hostelería, igual que en la Comunidad Valenciana.
Una situación que “ilustra muy bien la espiral nefasta en la que nos ha sumido el sistema autonómico desde hace cuatro décadas”, afirma el partido de Santiago Abascal.
VOX hace hincapié en que “ahora, empujados por el Gobierno, cada reyezuelo taifa decide bajo su criterio hacia qué dirección remar», y denuncia que «todo esto solo trae consigo inestabilidad, desigualdad e inseguridad entre los españoles”.
Señala que estas medidas han provocado una gravísima crisis en el sector hostelero, según datos del Anuario de la Hostelería en España de 2020, que refleja un descenso del 50% en la facturación, con pérdidas que pueden superar los 67.000 millones de euros.
Añade que según este mismo informe, en el mejor de los escenarios, la recuperación de las cifras de ventas no llegaría hasta finales de 2021 o principios de 2022.
Además, indica que las cifras de empleo también reflejan una situación crítica.
«En 2020 se ha producido un descenso del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la hostelería del 11,65%, lo que equivale a una pérdida de 194.695 empleos. Asimismo, son 363.657 los trabajadores del sector que, aunque están dados de alta en la Seguridad Social, se encuentran inmersos en un ERTE», expone VOX.
También recuerda que las previsiones del sector a futuro tampoco son positivas, y que tal y como indica la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), «se calcula que a cierre del año habían desaparecido aproximadamente 85.000 establecimientos, cifra que puede alcanzar los 100.000 en febrero, y en el conjunto del año está prevista una pérdida de entre 900.000 y 1.100.000 de empleos, tanto directos como indirectos».
VOX subraya que el sector de la hostelería reivindica que en sus establecimientos no se ha producido un alto índice de contagios que justifique las restricciones impuestas, y que el propio Ministerio de Sanidad lo confirma en su informe ‘Actualización 265. Enfermedad por coronavirus (COVID-19)’, del 4 de diciembre de 2020, que arroja que en este sector -sumando el ámbito laboral y social- se habrían producido aproximadamente el 2,1% de los casos de contagio por coronavirus .
Además, resalta que una amplia mayoría de los establecimientos de hostelería ha realizado grandes inversiones para que sus instalaciones no sean fuentes de contagio (ventilación suficiente, filtros HEPA de aire, humidificadores, limitación de aforo o estrictos protocolos en el manejo de cubiertos o alimentos).
VOX argumenta en la PNL que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco abunda, con su resolución, en la idea que el partido defiende desde el inicio de la epidemia: «Que España debe protegerse, pero no debe detenerse».
Indica que así, el texto judicial reclama la suspensión de la vigencia del inciso relativo a reglas de reapertura, explica que el cierre de las actividades hosteleras genera un grave quebranto económico, y añade que “no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”.
