La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez, designada a propuesta de Izquierda Unida, ha remitido un escrito este miércoles al presidente del órgano, Carlos Lesmes, en el que reclama que esta institución manifieste públicamente «su absoluto y total rechazo a las declaraciones vertidas» por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, y adopte «las medidas gubernativas y disciplinarias» contra él.
En una reciente entrevista televisiva, Concepción afirmó que «la democracia en España se pone en solfa desde que el Partido Comunista», en el que encuadra al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, «forma parte» del Ejecutivo.
En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sáez recuerda a Lesmes que, conforme a la normativa orgánica en vigor, los presidentes de TSJ ostentan la representación del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma correspondiente.
Del mismo modo, recuerda la existencia del sistema de faltas y sanciones disciplinarias «a las que se somete a quienes desde su condición de miembros de la carrera judicial se permiten opinar -incluso favorablemente- acerca de la actividad de los poderes y las autoridades públicas«.
Asimismo, subraya las ocasiones anteriores en las que este magistrado en una más que evidente «extralimitación» de sus deberes estatutarios y de sus funciones representativas del CGPJ y de su presidente, se ha permitido emitir públicamente opiniones que rebasan, con mucho, sus competencias orgánicas y representativas, y comprometen seriamente la imagen y el prestigio democráticos del Consejo y de quien lo preside.
Con estas palabras, la vocal hace mención al hecho de que el propio Lesmes amonestara por carta a Concepción el pasado mes de mayo por otras manifestaciones en las que cuestionó el Estado de alarma por la pandemia.
«La ausencia de una reacción institucional ajustada ha sido, para muchos, un clamor en aquellas ocasiones», incide Sáez, para añadir que esta situación «no puede ni debe repetirse«.
A juicio de Sáez, la adscripción ideológica y partidista del vicepresidente del Gobierno de España, «de un Gobierno constituido a partir del resultado de unas elecciones libres y democráticas», destaca, es una circunstancia «no sujeta a valoración política e ideológica alguna por quien forma parte del poder judicial o habla en su nombre, so pena de perturbar gravemente el respeto debido a la división de poderes y, por ende, a la esencia misma de nuestro estado social y democrático de derecho, así como de incumplir gravemente sus deberes gubernativos y estatutarios».
