Pedro Martín Molina, presidente de Martín Molina Abogados y Economistas, lo tiene muy claro: La declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno supuso el cierre y la paralización de toda la actividad no esencial, entre ella todos los espectáculos, actividades culturales y de ocio.
«Las restricciones se han ido sucediendo, perjudicando de forma evidente al sector del ocio y de la cultura sin posibilidad, por parte de los afectados, de poder ponerse o tener alguna otra alternativa», afirma.
Martín Molina entiende que, aunque el Gobierno ha aprobado para estos sectores líneas de liquidez y prestaciones especiales por desempleo y ayudas para el mantenimiento de las artes escénicas y la producción cinematográfica, han sido insuficientes.
No han resuelto la pérdida de productividad de la actividad y no han resarcido directamente al empresario o al profesional.
De acuerdo con el abogado, hay una clara base sólida legal para solicitar la indemnización por el perjuicio económico sufrido como consecuencia de las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma por la pandemia del COVID.
«Tanto en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio –artículo tercero, apartado dos– como en la Ley Reguladora del Sector Público –artículo 32–. Ambas establecen el derecho de los particulares a ser indemnizados. Y eso es lo que vamos a pedir. Indemnizaciones por todo el perjuicio económico sufrido como consecuencia de las resoluciones de la Administración Pública», precisa.
Para esta reclamación Martín Molina ha previsto ir a éxito o «cuota litis», es decir, percibirá un 15 por ciento en función de lo conseguido en cada caso.
