La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha reiterado hoy en la Comisión de Justicia del Senado que «la verdadera autonomía organizativa del Ministerio Fiscal, el ejercicio de las funciones constitucionalmente encomendadas -por medio de órganos propios-, pasa por tener un presupuesto propio», y «capacidad y medios para su gestión».
Así lo ha manifestado de cara a que la Carrera Fiscal asuma la dirección de la investigación penal, para adaptar la institución al nuevo modelo que diseña el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Delgado ha comparecido esta mañana en el Senado para presentar las memorias de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondientes a 2018 y 2019.
Recientemente, la fiscal general ha reclamado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que se incremente la plantilla de la Fiscalía, un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y un nuevo Reglamento.
También pide un convenio de prevención de riesgos laborales entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Fiscal.
Además, plantea la fusión de la formación inicial de los alumnos en prácticas de las carreras judicial y fiscal.
En su comparecencia en la Cámara Alta también ha defendido el actual sistema de elección del cargo de fiscal general por el Gobierno, por ser el que impera en países de nuestro entorno y contar con contrapesos que evitan que se pervierta su autonomía.
No obstante, se ha mostrado abierta a la inclusión en el sistema de «cautelas adicionales», como puede ser la existencia de varios candidatos o la «participación de la sociedad civil».
Delgado ha hablado de esta posible reforma del sistema de nombramiento del titular de la fiscalía general dentro de sus propuestas de reforma del Estatuto Fiscal, una reforma necesaria antes de que entre vigor la nueva LECrim.
«Un sistema de varios candidatos, una mayor transparencia en el sistema de nombramientos yo la eventual participación de la sociedad civil pueden ser cautelas adicionales sobre las que todos podemos reflexionar», ha explicado.
Delgado ha destacado que «para acabar con la imagen suspicaz de la Fiscalía como un agregado al Ministerio de Justicia», la atribución de la dirección de las investigaciones al Ministerio Público debe ir acompañada de mayores «estándares de autonomía respecto del Ministerio de Justicia», entre los que ella propone varios.
Entre ellos, los relativos a la autonomía de asuntos administrativos, relativos a bajas, sustituciones o asuntos disciplinarios. «Por ejemplo, que una comisión de servicio para ir a investigar a otros países no deba ser solicitada al Ministerio de Justicia», ha apuntado.
Reclama igualmente que la Fiscalía pueda regular de modo propio su estructura y composición, tal y como lo hace el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España.
También ha reiterado durante su comparecencia la propuesta del Ministerio Público para que los delitos de odio contemplen penas de cárcel inferiores y sanciones alternativas a la prisión, como el pago de multas, la pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad.
El Gobierno anunció el pasado 8 de febrero que el Ministerio de Justicia estudia la posibilidad de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona para que no sean castigados con penas privativas de libertad.
Delgado ha recordado la propuesta de reforma de la Fiscalía que ya venía recogida en memorias anteriores.
No obstante, la fiscal general del Estado ha subrayado que una eventual reforma penal en este sentido debe ser objeto de una «profunda reflexión».
