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Julián Sánchez Melgar: ‘La vinculación del cese del Fiscal General al del Gobierno da una indeseable sensación de dependencia política’

EL MAGISTRADO CONCEDE UNA ENTREVISTA A CONFILEGAL AL CUMPLIRSE UN AÑO DE SU TOMA DE POSESIÓN EN EL MINISTERIO FISCAL, A CUYO FRENTE ESTUVO HASTA EL PASADO JUNIOSánchez Melgar rememora cómo vivió aquella etapa, “breve, pero fructífera”, y también aborda la actual, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Foto: Carlos Berbell
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El 12 de diciembre se cumplió un año de la toma de posesión de Julián Sánchez Melgar como Fiscal General del Estado, un cargo que desempeñó durante seis meses, hasta el pasado junio. Confilegal ha conversado con el magistrado sobre su mandato, “breve, pero fructífero”, en el que supo combinar autoridad con democracia e impulsó una política de comunicación y transparencia.

En esta entrevista, concedida con motivo de la conmemoración de su toma posesión -con cierta reticencia, porque no quiere protagonismo-, también aborda la etapa actual, como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde lleva ya 18 años dictando sentencias.

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En total, Julián Sánchez Melgar (Palencia, 1955), tiene a sus espaldas 35 años de servicio ininterrumpido en la carrera judicial.

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En el Ministerio Fiscal sucedió a su compañero José Manuel Maza, tras su inesperado fallecimiento el 18 de noviembre de 2017, a los 66 años, como consecuencia de las complicaciones de una infección de riñón. Aquel mismo mes Maza hacía un año como máximo responsable de la Fiscalía española.

Fue el 11 de diciembre de 2017 cuando Sánchez Melgar juró ante el Rey como nuevo Fiscal General del Estado. Lo hizo ante un crucifijo, un ejemplar facsímil de la Constitución editado por las Cortes Generales en 1980, abierto por el artículo 124, y una Biblia editada en 1791, propiedad de Carlos IV, abierta por el Antiguo Testamento, Libro de los Números, capítulo 30, del voto de juramento.

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“Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Fiscal General del Estado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”, fueron sus palabras.

Al día siguiente tomó posesión del cargo en una solemne ceremonia presidida por Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Alto Tribunal.

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El teniente fiscal del Supremo, Luis Manuel Navajas Ramos, actuó como padrino. Tras imponerle Navajas las insignias propias del cargo, Sánchez Melgar ocupó el asiento que le correspondía como señal de posesión.

Sánchez Melgar, junto a su padrino, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, tras haberle impuesto éste la placa y la medalla. Foto: Poder Judicial

Puede rememorar la toma de posesión pinchando aquí.

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Su mandato era de cuatro años, pero como establece el artículo 31.e del Estatuto Orgánico, el Fiscal General del Estado cesa «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto”, por lo que tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy del pasado 1 de junio, el fiscal puso el cargo a disposición de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Accedió a continuar en la Fiscalía hasta que se produjera su relevo. Hasta ahora, cuando cesaba el Ejecutivo automáticamente lo hacía el Fiscal General del Estado y el teniente fiscal asumía las funciones entretanto se producía el relevo.

El 22 de junio, el BOE publicó su cese y Sánchez Melgar regresó al puesto que ocupaba antes de ser designado Fiscal General: ocupa plaza en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde enero del 2000. “Mi pertenencia a ella va con el siglo”, apunta.

En el Ministerio Público le tomó el relevo la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra. Cuando el nombre de ésta, entre otros, empezó a sonar como posible sustituta, el magistrado dijo que le parecía “una magnífica elección”.

¿Cómo era el día a día como Fiscal General del Estado?

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Duro, y no es una frase hecha. La dureza del día a día era tremenda. Empieza a las ocho de la mañana con la recepción de la prensa digital en el móvil. El teléfono comienza a rugir como una metralleta disparando titulares, lo que te hace comprender que se están comentando las decisiones de la Fiscalía, las tomadas y las pendientes por tomar.

Inmediatamente después se preside la reunión de coordinación, a la que asisten el teniente fiscal, el inspector jefe, el jefe de la secretaría técnica y el jefe de la unidad de apoyo. Tras marcarse las directrices generales, comienzan las visitas, las consultas, la comida oficial con una delegación diplomática o una visita institucional.

Por la tarde continúan las visitas y a última hora suele haber recepciones o actos a los que se debe acudir. Mientras tanto, el teléfono no para de sonar. La responsabilidad te absorbe todo el día. Decía: “todos los días tengo un problema importante, y el día que no lo tengo es porque son tres o cuatro”.

Y la responsabilidad es exclusivamente del Fiscal General. No ocurre como en los tribunales, que hay colegialiación en las decisiones…

Así es. La estructura jerárquica del Ministerio Fiscal propicia que, aunque tengas asesoramiento constante para cualquier cuestión que surja, la responsabilidad última de la decisión es tuya.

Para darse cuenta de la dimensión de tal responsabilidad: La plantilla de la Fiscalía está compuesta por 2.500 fiscales, lo que supone que el Ministerio Fiscal, como el gran bufete de la ley que es, transmite los problemas que pueden plantearte por la cantidad de asuntos que atienden diariamente.

Eso, aparte de los grandes asuntos que me tocaron vivir, como el caso de Cataluña, las cumbres internacionales, los encuentros entre distintos órganos y rangos de fiscales, las comparecencias parlamentarias… Viajes internacionales, como ir a Lisboa o París por la mañana y regresar por la tarde…

Llegó a la Fiscalía en un momento convulso debido principalmente a las causas judiciales abiertas por la deriva independentista catalana, además de las diversas investigaciones relacionadas con tramas de corrupción. De los momentos más trascendentes que ha tenido en su mandato, ¿cuál recuerda con más intensidad?

Cuando el pasado enero el expresidente catalán Carles Puigdemont, que estaba sin medidas cautelares –una vez que el juez Pablo Llarena había retirado la euroorden a finales de 2017–, anunció que iba a viajar de Bélgica a Dinamarca a dar una conferencia.

Inmediatamente tomé la decisión de que no podía permitirse que un huido de la Justicia se paseara libremente por Europa. Desde mi punto de vista, era una provocación al Estado de Derecho.

Al conocer que había salido de Bélgica rumbo a Copenhague remitimos un escrito al juez Pablo Llarena solicitando que se reactivara la euroorden de detención y entrega por los presuntos delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos.

No nos podíamos permitir semejante desafío internacional, que se paseara por Europa sin hacer nada. Además, Llarena no podía reactivarla de oficio, necesitaba del concurso de la Fiscalía.

¿Cómo se vivió este caso desde dentro de la Fiscalía?

Nos encontrábamos en la semana del 15 de enero. Puigdemont había anunciado ese viaje. El día fijado para la conferencia era el lunes 22. El domingo, día 21, en la Fiscalía General del Estado sacamos un comunicando de prensa anunciando que pediríamos la activación de la euroorden en el caso de que se materializara el viaje. Los servicios policiales se encontraban alerta.

El lunes, al filo de las siete de la mañana, los cuatro fiscales de sala de Cataluña y yo mantuvimos un encuentro al respecto. Y durante el mismo, se confirmó el viaje: Puigdemont había tomado el avión sobre las seis de la mañana. Lo publicaron todos los medios de comunicación.

A las 9 se presentó el escrito ante el Supremo y todos continuamos nuestro ritmo de trabajo, pendientes de las informaciones que nos llegaban desde aquel país. Poco antes del mediodía, cuando me encontraba comiendo con la Fiscal General del Reino Unido, me enteré que el magistrado Llarena había desestimado nuestra petición con una argumentación que no compartíamos.

Tras la conferencia, el huido se volvió inmediatamente a Bruselas, por lo que ya no valoramos la posibilidad de recurrir. De poder regresar en el tiempo, volvería a tomar la misma decisión. No podíamos consentir ese desafío.

¿Se había encontrado antes con un individuo que estando huido anunciara que iba a pasearse y terminara haciéndolo?

He visto huidos, prófugos de la Justicia, pero personajes como el citado que, estando huido y perseguido, con el dictado de una orden de detención internacional, se paseara libremente por Europa, e incluso anunciara previamente sus movimientos, eso no lo he visto antes. Pero bueno, este proceso es muy complejo.

Con posterioridad, como es sabido, y al dictar el juez el auto de procesamiento, se reactivó la euroorden, y Puigdemont fue detenido en Alemania, en un movimiento de huida.

… Y el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein resolvió que Puigdemont sólo sería extraditado a España por malversación y no por rebelión. ¿Se extralimitó?

Se extralimitó al analizar una serie de cuestiones fácticas que, desde luego, no le incumbían. La confianza que debe presidir la actuación de los tribunales europeos cuando se tramita una euroorden, se vio seriamente resentida. Mal precedente para la seguridad jurídica europea.

En España podemos presumir de una constante actuación de colaboración judicial, impulsada por el Ministerio Fiscal. Que tengamos un órgano judicial central, como es la Audiencia Nacional, a diferencia del esquema de los demás países europeos, para tramitar las euroórdenes, da idea del principio de igualdad de trato y de la especialización en esta materia, que debiera ser considerado por muchos países europeos.

¿Qué es lo que le llamó más atención del Ministerio Fiscal?

Dos cosas fundamentalmente. Su extraordinario capital humano, hombres y mujeres de una talla jurídica y humana impresionante, y el trabajo en equipo. Los jueces estamos acostumbrados a trabajar juntos, en las deliberaciones y decisiones conjuntas, pero no en equipo. Los fiscales trabajan en equipo, de manera que cada uno pone parte de su trabajo para conseguir un objetivo común.

Y ya para terminar sobre esta etapa, ¿qué opina de que el Fiscal General tenga que cesar cuando cesa el Gobierno que lo nombró?

Opinaba, y sigo opinando, que la figura que encarna el Fiscal General del Estado es un cargo de gran contenido técnico jurídico para la defensa de la ley. «Ley, ley, ley», me repetía, constantemente, a mí mismo. Por eso, el cargo de Fiscal General del Estado no es un cargo político. E igualmente por ello, cuanta más independencia personal tenga la persona que lo desempeñe, mejor. De ahí que considero que no está bien resuelto en el EOMF que tenga que cesar cuando cesa el Gobierno que lo nombró, porque esta vinculación da una indeseable sensación de dependencia política.

En nuestra regulación, el Fiscal General del Estado no forma parte del Gobierno ni sigue directrices políticas. Buena prueba de ello es que su Estatuto Orgánico regula en el art. 8º la emisión de directrices de contenido general por el Gobierno, y señala que la Fiscalía no está obligada a cumplirlas, sino que lo valora después de oír a la Junta de Fiscales de Sala. El Ministerio Fiscal es autónomo, a mí me gustaba decir que independiente, quizá por mi procedencia judicial.

LA HUELLA DE SÁNCHEZ MELGAR EN EL MINISTERIO FISCAL

Julián Sánchez Melgar supo combinar autoridad con democracia al frente de la Fiscalía General del Estado.

Julián Sánchez Melgar, en la Fiscalía General del Estado, donde actuó bajo este lema: «Todo lo que hagamos lo vamos a explicar, y lo que no podamos explicar, no lo vamos a hacer».

Respetó la independencia de su gente, con casos abiertos contra los líderes separatistas catalanes, los ERE de Andalucía, Lezo, Púnica, el del 3%, los papeles de Bárcenas, el desenlace del juicio de primera época de Gürtel o la apertura del caso de la rama valenciana de esa trama.

Al frente de la institución se opuso a dejar en libertad a los dirigentes separatistas que ya estaban en prisión y pidió el encarcelamiento de buena parte de los procesados, salvo el del exconsejero de Interior Joaquim Forn, que había acudido voluntariamente a la citación judicial desde el extranjero.

De éste pidió a los fiscales del Supremo que solicitaran su prisión con fianza, ante, a su juicio, el inexistente riesgo de fuga y de reiteración delictiva porque había abandonado la política, además de «un elemento de carácter humanitario» como es una enfermedad.

Los fiscales obedecieron, pero dejaron claro ante el tribunal que lo hacían por imperativo legal. Aquella petición fue rechazada por el Alto Tribunal. Un asunto sobre el que el magistrado no ha querido hacer declaraciones.

Este Fiscal General abogó por no reducir la cadena de mando a una fría pirámide en la dependencia jerárquica. Por ello, impulsó una instrucción que aclarara los puntos oscuros del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que establece que cuando un fiscal disiente con su fiscal jefe, puede invocar la celebración de la Junta de Fiscales y pedir que se vote. Un instrumento de control democrático.

Le preocupó el nuevo tipo penal de los delitos de odio, contemplado en el artículo 510 del Código Penal, en el que se tipifica la provocación a la discriminación, al odio y a la violencia, e impulsó la redacción de otra instrucción que clarificara cuándo los fiscales se encuentran en presencia de un delito de odio o ante el ejercicio propio de la libertad de expresión.

Bajo su mandato también se trabajó en una instrucción sobre dación de cuenta de los fiscales ante sus superiores, y se aprobaron tres circulares: La 1/2018, sobre algunas cuestiones que suscita la nueva regulación de la segunda instancia en materia penal; la 2/2018, sobre nuevas directrices en materia de protección jurídica de los derechos de los consumidores y usuarios, y la 3/2018, sobre el derecho de información de los investigados en los procesos penales.

Además, se impulsaron en la Fiscalía General del Estado y en las Fiscalías territoriales los gabinetes de comunicación, que ya funcionaban, y el Ministerio Fiscal aterrizó en Twitter, con la cuenta “@fiscal_es”, todo ello para comunicar “más y mejor lo que hacen”, “ser transparentes y resultar permeables a la sociedad”. El lema de Julián Sánchez Melgar era «no haremos nada que no podamos explicar, y todo lo que hagamos lo vamos comunicar a la ciudadanía».

En febrero firmó un convenio de colaboración con el BOE para mejorar la difusión de la doctrina y de la Memoria Anual del Ministerio Fiscal. Durante la firma expresó su deseo de que la Fiscalía dispusiera de una cabecera propia. Desde el pasado 5 de octubre es una realidad. Tiene su propio espacio en el BOE. Se denomina ‘Ministerio Fiscal’, que es como aparece nombrada la institución en el artículo 124 de la Constitución.

Además, este magistrado palentino reivindicó alto y claro la necesidad de “desanclar” a la Fiscalía General del Estado del Ministerio de Justicia en pro de una mayor autonomía funcional y económica, y que la Fiscalía gestionara su propio presupuesto, organizara sus recursos, fuese responsable único del régimen administrativo de sus integrantes y tuviera su propio centro de formación. Sin embargo, esta histórica reivindicación de la carrera fiscal sigue sin atenderse.

En la huelga de jueces y fiscales del pasado 19 de noviembre fue reclamada por enésima vez una mayor independencia judicial y más autonomía del Ministerio Público.

El caso de Cataluña centró gran parte de sus esfuerzos y Sánchez Melgar defiende la actuación de la Fiscalía, como también la del magistrado Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’ en el Supremo.

«Llarena lo ha realizado extraordinariamente bien, no tengo nada que reprochar», afirma sobre su compañero en el Alto Tribunal, y extiende esta opinión a la «impecable» actuación de la Justicia española.

Un asunto controvertido de su mandato fue la acusación de terrorismo contra los agresores de dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), que rechazó la Audiencia Nacional, y la imputación de este delito a los Comités de Defensa de la República (CDR) catalanes.

Para Julián Sánchez Melgar esta etapa fue «una experiencia enriquecedora”, según manifiesta satisfecho. Dejó su cargo con la sensación del «deber cumplido» y se mostró convencido de que su sucesora «continuará actuando de forma serena, rigurosa y proporcionada, guiada solamente por la ley».

HACE 35 AÑOS EMPEZÓ SU CARRERA UN JUZGADO DE REINOSA

Este magistrado palentino es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid (1973-1978), y Doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña (2012), con premio extraordinario.

Cuenta que antes de matricularse en Derecho llegó a darle vueltas en la cabeza a la carrera de Medicina, la Arquitectura, y también a la de Químicas, como su hermano. Como tenía vocación de Ciencias hizo tanto el bachiller superior como el COU por ellas, pero se dio cuenta que “lo que de verdad quería era ser juez”.

¿Quién le preparó las oposiciones?

“El juez Luciano Salvador, que estaba destinado en Palencia, a quien debo mucho. Mi padre también me apoyó constantemente. Estudiaba desde la mañana hasta última hora de la noche, de lunes a domingo. Solamente paraba los sábados por la noche, que iba al cine con mi novia”.

Su novia era Lidia Barreda, también de Palencia, hija del periodista Pedro Miguel Barreda, del ‘Diario Palentino’.

Sánchez Melgar accedió a la carrera judicial en 1983 (promoción 29ª). Su primer destino como juez fue Reinosa.

Entrega del despacho de juez a Julián Sánchez Melgar en enero de 1983 por el catedrático Liborio Hierro, entonces subsecretario de Justicia.

En agosto de 1983 se casó con Lidia, su novia de toda la vida, y de su mano comenzó a recorrer destinos por toda la geografía. Los primeros fueron Miranda de Ebro y Mataró.

En 1987 ascendió a magistrado, mediante pruebas selectivas de ascenso, en las que fue el número 2 de su promoción, y fue destinado a la Sala Segunda de lo Civil de la entonces Audiencia Territorial de Barcelona (de enero de 1987 a febrero de 1988).

Ese mismo mes de febrero, con un hijo de un mes, lo destinaron a Santander como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 (de febrero de 1988 a marzo de 1993), y fue elegido por sus compañeros juez decano (de junio de 1990 a marzo de 1993), lo que le abrió las puertas de la gestión judicial. Un trabajo que le fue reconocido en 1992, con la Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñafort, a instancias del Colegio de Procuradores de Cantabria.

Después fue destinado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a la Sala de lo Civil y Penal, (de marzo a junio de 1993), hasta que en junio de 1993 volvió a su tierra, Castilla y León, como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, con 37 años. Un puesto que ocupó hasta que le designaron magistrado del Supremo.

Sucedió en el cargo al magistrado Juan Agustín Moro Benito, que fue asesinado de dos tiros en la cabeza a las puertas de la Audiencia de Ávila, cuando salía del trabajo. Su toma de posesión fue un homenaje en su recuerdo.

En este destino, además de labores jurisdiccionales, volvió a la gestión. Retomó el proyecto de un nuevo edificio para los juzgados y no paró hasta conseguirlo. Fue inaugurado cuando ya estaba en Madrid.

Sánchez Melgar también ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y magistrado suplente de control del CNI.

Ha colaborado con diversas universidades en materia docente y cuenta con numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas y obras conjuntas, entre las que destacan los libros dedicados al estudio del Código Penal (Editorial Sepin, 2016, cuatro ediciones), Ley de Enjuiciamiento Criminal (Sepin, 2010) e Inviolabilidad e Inmunidad Parlamentaria (tesis doctoral), publicado por La Ley (2012). Y un Derecho penal para Abogados (Acceso a la profesión de Abogado).

Afirma que en todos los destinos que ha ocupado se ha sentido “muy a gusto” y le han tratado muy bien, pero recuerda especialmente el primero, en Reinosa; además de Barcelona, donde nació su primer hijo, Víctor, y Ávila, una ciudad “impregnada de espiritualidad” que enseguida le atrapó, en la que nació su segundo hijo, Julio, y le nombraron presidente de la Audiencia Provincial.

CON 45 AÑOS SE CONVIRTIÓ EN UNO DE LOS MAGISTRADOS MÁS JÓVENES DEL SUPREMO

A finales de 1999 se ofertó una plaza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en principio reservada para el turno de ascenso mediante pruebas selectivas, pero de concurrencia a todos los miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado. Sánchez Melgar cumplía aquel requisito.

El 15 de diciembre de 1999 el pleno del Consejo General del Poder Judicial lo nombró magistrado del Tribunal Supremo (obtuvo 14 votos), y el 19 de enero del 2000, con 45 años, tomó posesión como magistrado de la Sala Segunda del Alto Tribunal.

Y cabe destacar que no está afiliado a ninguna asociación judicial.

Ocupó la vacante producida por la elección de Luis Román Puerta Luis como presidente de esa misma Sala.

Una imagen para la historia: Sánchez Melgar, en primer término, hablando con la magistrada Ana Revuelta; detrás de él, su antecesor en la FGE, el desaparecido José Manuel Maza; a la izquierda, Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que los tres formaban parte entonces. Foto: Carlos Berbell/Yolanda Rodríguez.

¿Cómo es el trabajo en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la cúspide de la jurisdicción penal?

Es muy intenso. Los asuntos que nos llegan son de lo más complicado. Vemos recursos de casación procedentes de las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, y de la Audiencia Nacional.

Son recursos de casación y revisión, más cuestiones de competencia entre órganos judiciales que no tengan otro superior común -por ejemplo, entre un Juzgado de Instrucción de Cáceres y otro de Málaga-. En la casación se estudia la corrección en la aplicación de la ley penal por los órganos de procedencia. En la revisión, entre otros supuestos, la aparición de nuevas pruebas en un proceso terminado, que pudieran determinar la inocencia del condenado firmemente, y a menudo cumpliendo prisión.

No se celebran juicios orales, salvo en materia de aforados -sustancialmente políticos de nivel nacional, y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional-.

Las deliberaciones de los asuntos -que se ven en Salas de 5 magistrados, en donde uno de ellos es el ponente de la causa- son ordinariamente largas, complejas.

¿Son reñidas?

Se delibera mucho, y en el debate que se genera se aprende todavía más de los compañeros. Existen deliberaciones muy reñidas, y eventualmente, tensas, pero las que menos.

¿Y cómo es el ambiente de la Sala de lo Penal tras esas deliberaciones agrias?

Muy bueno. El compañerismo es absoluto.

¿Usted tiene asesores o cuenta con ayuda de letrados?

En el trabajo no tengo ayudas especiales, como asesores o letrados. Mi equipo es mi secretaria exclusivamente. Y trabajo en mi despacho o en mi casa. Internet posibilita mucho nuestro trabajo fuera del despacho.

IMPULSOR DE LA DOCTRINA PAROT, CONTRARIO A LA BOTÍN… UN REPASO A SUS SENTENCIAS EN EL ALTO TRIBUNAL

Durante esta etapa en el Alto Tribunal, Sánchez Melgar pasó a la historia judicial española como impulsor de la ‘doctrina Parot’, en 2006, con la que se pretendía evitar que los condenados por delitos graves, como el terrorista francés Henri Parot -del que toma el nombre-, pudieran salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años por beneficios penitenciarios.

En dicha sentencia se establecía un cumplimiento sucesivo de las penas, una por una, hasta alcanzar el máximo de 30 años, en cuyo supuesto la pena quedaba extinguida. La ‘doctrina Parot’ se funda en que si los beneficios se aplican sobre todas las penas refundidas como una sola, daba igual cometer un solo delito que veinte, y eso no es lo que quería la ley al ordenar el cumplimiento sucesivo de las condenas, dejando de extinguir las que procedan hasta que las ya impuestas sumaran esos 30 años. «No puede ser lo mismo cometer un asesinato que tratarse de un seriado criminal», subraya Sánchez Melgar.

El Tribunal Constitucional español desestimó el recurso de amparo, y confirmó la constitucionalidad de la sentencia, pero la ‘doctrina Parot’ fue revocada en 2014 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que falló a favor de un recurso presentado por la etarra Inés del Río.

Fue contrario a la denominada ‘doctrina Botín’, que fue refrendada por el Tribunal Supremo en 2007 y que permitió que el expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, no tuviera que sentarse en el banquillo. Tanto él como otros magistrados votaron en contra.

Una muestra de otras sentencias en las que ha sido ponente: 

  • Competencia universal, barcos de narcotraficantes (julio 2014).
  • Doctrina Alierta: prescripción de los delitos en función de su calificación definitiva por el Tribunal sentenciador.
  • Doctrina sobre el principio acusatorio: no se puede sobrepasar la pena solicitada en concreto por las acusaciones.
  • Aforados, el auto de apertura del juicio oral marca el momento a partir del cual, la renuncia al fuero no se produce el reenvío de la causa al Tribunal ordinario competente (2 de diciembre de 2014).
  • Recurso de casación sobre el caso denominado «Madrid-Arena».
  • Compatibilidad entre la agravante de género y la circunstancia mixta de parentesco (noviembre de 2018), de importancia en materia de violencia de género.

También lo fue del caso Nevenka Fernández, por acoso sexual; en el del Yak-42; los procesos Ibarrexte y López; intervino en el caso de Marta del Castillo; en el ejercicio de la acción popular en los casos Botín y Atutxa, en donde puso sendos votos particulares; y formó parte del tribunal del caso Garzón en el asunto de la Memoria Histórica. 

Entre las últimas sentencias de las que ha sido ponente destaca una del pasado noviembre en la que la Sala Segunda del Supremo estableció que la agravante de género no requiere que exista relación entre agresor y víctima.

Una sentencia pionera que ha confirmado que es compatible la aplicación de las dos agravantes por tener diferente fundamento. Hasta ahora se había concebido que la agravante de género sólo se aplicaba en la relación de pareja. Con esta resolución, España ha dado un paso más de protección hacia las víctimas siguiendo el Convenio de Estambul.

¿Cuál es el mayor reto en la Justicia?

Acortar los tiempos de respuesta.

¿Y en el tiempo libre que le queda cuando deja de leer autos y apaga el portátil, qué le gusta hacer?

Me gustaría poder leer más, pero no me queda mucho tiempo. Me gusta leer la prensa. Antes salía en bicicleta de montaña, pero en agosto de 2013 tuve un problema de salud y desde entonces hago senderismo.

Otra de mis aficiones es escuchar música, especialmente clásica. En ocasiones la pongo mientras trabajo. Mi canción favorita es I will always love, de Winnie Houston.

Cuando hay algo que arreglar, me gusta el bricolaje.

También soy muy aficionado al fútbol. En mi juventud iba siempre que podía a la Balastera a ver al Palencia C.F.

Sánchez Melgar tiene dos hijos. 

¿Han seguido sus pasos? 

El mayor es ingeniero aeronáutico y el pequeño, con vocación jurídica, es abogado en un despacho, dedicado a lo civil.

Por cierto, me he llevado siempre muy bien con los profesionales del Derecho, abogados y procuradores, y también con los graduados sociales. Creo que hacen una encomiable labor, muy abnegada y sobre todo, muy difícil. Pienso que las relaciones con ellos, deben ser incentivadas, de manera que nuestras relaciones sean siempre cordiales y respetuosas.

HA RECIBIDO NUMEROSOS GALARDONES EN RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO

En sus 35 años de servicio en la carrera judicial, ha recibido numerosas distinciones honoríficas en reconocimiento a su labor. Desde 1992 está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, a petición de los colegios profesionales de abogados y procuradores de Santander.

Imposición de San Raimundo de Penafort al magistrado el 6 de noviembre de 1992, por el vocal del CGPJ José Luis Granizo, ya fallecido.

Fue nombrado director «ad honorem» de los cursos de Formación Jurídica de la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega (Cantabria); académico de número de la Gran Institución Duque de Alba, de Ávila, de carácter cultural; y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Tiene diversos reconocimientos policiales, que le han sido concedidos por sus colaboraciones docentes, tanto por el Cuerpo Nacional de Policía como por la Guardia Civil, la asociación profesional de jefes de policía local de Cantabria, y la asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC). Además, posee la Cruz al Mérito Militar.

Ha sido distinguido por la Asociación de Familiares de Alzhéimer de Avila, en reconocimiento a la colaboración altruista con esa asociación; y recientemente lo ha nombrado embajador de la misma. También por la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de Cantabria, y ha recibido el agradecimiento especial de la Asociación Ayuda y Orientación a los Afectados por Accidentes de Tráfico ‘Stop Accidentes’ por la defensa pública de las víctimas de los accidentes de tráfico.

El pasado 12 de diciembre también ha sido premiado por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid «por su defensa de los derechos de los ciudadanos».

Sánchez Melgar es mediador de Honor de la Asociación Española de Mediación (Asemed) y socio de honor de la Asociación de Familiares de Alzheimer Palencia (AFA Palencia).

Además de todos estos aspectos sociales, este magistrado es voluntario de Cruz Roja.

¿Qué le pide al 2019?

Salud, y también, Justicia. Aprovecho para desear que todos podamos ver cumplidos nuestros deseos y anhelos. Que la sociedad sea más justa.

¿Irá a Palencia estas Navidades?

Sí. Siempre voy en vacaciones, por Navidad, Semana Santa y verano. Me gusta pasear por sus calles, jardines, y por la orilla del río, que es el escenario de mi infancia. Y me transmite una sensación de reencuentro con mi pasado y mis orígenes.