El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha enviado respuesta al Congreso de los Diputados señalando que no remitirá la documentación que obra en el sumario de la operación ‘Kitchen’ debido a que «se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado».
En un breve informe fechado el 22 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado indica que esa reserva en las actuaciones judiciales es un principio fundamental al que alude el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Recuerda que el precepto señala que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral».
Así, señala que la instrucción relativa a la operación ‘Kitchen’, el operativo ‘parapolicial’ orquestado para sustraer información sensible para el PP que estaba en posesión de su extesorero Luis Bárcenas, aun está en fase de instrucción, «como es público y notorio».
A esto, el magistrado suma que hay «límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario».
Por eso incide en que no remite lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación de ‘Kitchen’ escudándose en «la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas».
Esta respuesta del magistrado llega después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le solicitara a través del presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, la documentación que previamente se había acordado interesar en la comisión.
Fue el pasado 28 de enero cuando ese órgano parlamentario presidido por la socialista Isaura Leal aprobaba por un lado el listado de comparecientes, entre los que está el comisario José Manuel Villarejo, y por otro la documentación que se debía requerir a la Audiencia Nacional.
En concreto, según recoge Europa Press, aprobaron reclamar información relativa al comisario –que está en el centro de la investigación de la pieza separada número 7– como sus agendas incorporadas a la causa, las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, y la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.
También solicitaban tener acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez –el que fuera número dos en Interior en la época del ministro Jorge Fernández Díaz– y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, y que hacían mención al operativo.
A esto, desde la comisión sumaban todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos a la escala básica de la Policía.
Ya en enero, cuando salió a la luz la información que se iba a requerir, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press adelantaron que los diputados que participen en esta comisión no podrían contar con ningún documento que obrara en el sumario. Algo que finalmente se ha materializado con el informe del juez al Congreso.
