El magistrado Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, va a investigar si la ministra de Igualdad, Irene Montero, utilizó a una empleada del partido, ahora asesora del Ministerio de Igualdad, como niñera de la hija pequeña, nacida en agosto de 2019, durante la campaña electoral de ese año.
Escalonilla trata de aclarar si lo atestiguado por la exresponable del Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Camona, se corresponde con la realidad. Es decir, si María Teresa Arévalo Caraballo, diputada por Podemos entre 2016 y 2019, compatibilizó esa función, cobrando un sueldo del grupo parlamentario de Podemos y, después de la formación del gobierno de coalición PSOE-Podemos, con un salario del Ministerio de Igualdad.
Arévalo Caraballo es jefa de Gabinete adjunta de Montero.
La representación legal de Podemos pidió al magistrado «la expulsión del procedimiento de las manifestaciones realizadas» por la abogada, que fue despedida junto con Calvente en diciembre de 2019. Y alegó que «muchos de los hechos referidos en el escrito no son objeto del presente procedimiento o por cuanto se refieren a hechos que ya han sido investigados y respecto de los que se ha acordado el sobreseimiento provisional».
No lo entiende el magistrado así.
De acuerdo con el auto de 4 de marzo, al que a tenido acceso Europa Press, Escalonilla ha acordado abrir otros dos procedimientos más, tal como pidió la Fiscalía Provincial de Madrid.
Por una parte, el supuesto cobro, por parte del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de los 7.700 euros en costas procesales del juicio que tuvo lugar en el Juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona, por el que se condeno al Partido Unión del Pueblo Navarro (UPN). Su líder, la expresidenta de Navarra, Yolanda Barcina y su partido, demandaron a Podemos por haberles acusado públicamente de practicas corruptas. Bárcina y UPN perdieron el caso y tuvieron que pagar dichas costas a Podemos.
Y por otra, «la donación efectuada por Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la Fundación de dicho partido político ‘Instituto 25M’, así como respecto de las donaciones efectuadas por dicho partido político a dicha Fundación».
Hasta ahora, las pesquisas de Escalonilla se centraban en el contrato firmado por la consultora política Neurona Comunidad y Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 por 363.000 euros, al sospechar que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas del partido.
