La Fiscalía del Principado de Asturias pide una pena de año y cuatro meses de cárcel para dos empresarios acusados de presentar documentos falsos como prueba en un juicio celebrado en 2013 en la Audiencia Provincial por estafa.
Serán juzgados mañana en la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.
La Fiscalía les imputa un delito de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con un delito intentado de estafa procesal.
Además de la pena de cárcel, pide que también se imponga a cada uno una multa de 1.920 euros.
Según relata en su escrito de acusación, el 8 de octubre de 2013 se celebró en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial un juicio en el que eran acusados ambos, administradores mancomunados de dos mercantiles.
Se les imputaba un delito de estafa al restaurante La Campana, que ejercitaba la acusación particular, por hechos que en síntesis consistían en el libramiento a favor de las dos mercantiles que administraban, y a cargo de La Campana como libradora y aceptante, de tres letras de cambio simuladas, pues no habían sido emitidas ni aceptadas por el establecimiento, así como el cargo en la cuenta bancaria del restaurante de varios recibos que no correspondían a servicio alguno prestado.
El Ministerio Público explica que «al comienzo del plenario, en fase de cuestiones previas, los encausados, de
mutuo acuerdo y a través de su representación procesal, aportaron al juicio varias facturas y albaranes a cargo de La Campana».
Indica que las primeras eran documentos unilateralmente elaborados que no respondían a relaciones reales con el restaurante, y los segundos, meras fotocopias en las que se simuló la firma del representante del restaurante y el sello del establecimiento.
Señala que dichos documentos fueron creados por los acusados o personas no determinadas a su instancia para que fueran valoradas como pruebas por la Sala y obtener una resolución favorable a ellos y contraria a los intereses del perjudicado.
La documental fue aceptada como prueba por el tribunal que, tras la celebración de la vista, dictó sentencia en la que, valorando toda la prueba practicada, incluida la documental indicada, condenó a ambos acusados como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa, ordenando la deducción de testimonio de particulares por posible delito de estafa procesal en relación con la documentación aportada por ellos como cuestión previa.
Contra dicha sentencia, los condenados presentaron recurso de casación ante el Tribunal Supremo que no fue admitido.
