La exconsejera catalana huida Meritxell Serret Aleu ha comparecido hoy voluntariamente ante el Tribunal Supremo (TS), acompañada de su abogado, Iñigo Iruín Sanz para ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía.
Serret, que fue consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación hasta su destitución el 28 de octubre de 2017 en aplicación del artículo 155 de la Constitución, está procesada en el procedimiento penal que se sigue en el Supremo por su posible implicación en la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Se encontraba huida en Bélgica desde octubre de 2017.
Tras su entrega, el magistrado instructor del ‘caso procés’, Pablo Llarena, la ha citado para interrogarla en fechas cercanas y con la participación del resto de las partes personadas.
Hecha la citación, quedará en libertad.
Serret fue procesada por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia.
No obstante, dado que hasta ahora no se ha atribuido que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y puesto que los procesados que fueron juzgados en esa misma situación fueron condenados por un delito de desobediencia y absueltos del delito de malversación, no se había cursado contra ella ninguna Orden Europea de Detención después de la sentencia del ‘caso procés’, dictada el 14 de octubre de 2019.
Existía, sin embargo, una orden nacional de detención para recibírsele declaración y continuar el procedimiento contra ella.
La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.
El magistrado instructor dejó en una pieza separada a los procesados huidos de la Justicia que han sido declarados en rebeldía, el expresidente catalán Carles Puigdemont, y los exconsejeros Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluis Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel.
Esta semana, el Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad europarlamentaria de Puigdemont, Comín y Ponsatí para que puedan ser juzgados en España, tal y como solicitó el Tribunal Supremo y ha avalado la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara.
