La Fiscalía de Madrid es pionera en contar con un médico forense en exclusiva para la sección de discapacidad, una adscripción que «servirá para que los fiscales puedan agilizar los trámites a la hora de presentar una demanda, ya que contarán con los dictámenes de un experto con conocimientos muy precisos sobre la materia previos a su interposición», según ha señalado el Ministerio Fiscal.
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid destaca que la atención constante a la protección jurídica de las personas con discapacidad y mayores es «una prioridad”.
La médico forente adscrita en exclusiva para la sección de discapacidad en la Fiscalía madrileña es María Teresa Elegido.
La fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, ha anunciado que esta experiencia pionera en Madrid tendrá su continuidad en todo el territorio nacional.
El pasado miércoles, se reunieron la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez Fernández; María José Segarra; María Teresa Elegido; y el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, para delimitar las competencias entre el área de discapacidad y la médico forense.
Según ha informado la Fiscalía, la iniciativa para la creación de esta plaza parte de la fiscal jefe de Madrid, a raíz de una demanda formulada por los fiscales de la sección de discapacidad.
A partir de la petición de la fiscal jefe, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas dispuso todo lo necesario para que la Fiscalía contara con esta plaza dependiente del Instituto de Medicina Legal, así como las dependencias e infraestructura que necesida esta profesional. También va a mejorar la instalación de la Fiscalía de Discapacidades y Tutelas, ubicada en la calle Ventura Rodríguez, 7.
“Necesitábamos el amparo y el respaldo en los dictámenes de un médico forense especialista en psiquiatría para poder presentar demandas adecuadas y aquilatadas a la capacidad de una personas y a las modificaciones que puedan surgir y que tendrá que dictar en su momento el juzgado”, explica Rodríguez en la nota de prensa publicada por la Fiscalía madrileña.
Rodríguez señala que son «muchos” los familiares que acuden a la Fiscalía para que se presente una demanda de incapacidad y que en algunos casos no sea una decisión compartida por todos, “de ahí que necesitemos a alguien con experiencia y conocimientos muy precisos que no pueda dar un dictamen para estar seguros de la demanda que vamos a presentar”.
La fiscal jefe de Madrid explica que la incorporación de esta médico forense agilizará “en gran medida” la presentación de una demanda porque “en el momento en que haya un compañero que tenga alguna duda acerca de la capacidad, lo pondrá en conocimiento de la médico forense”.
Según se desprende de la última memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, , correspondiente a 2019, ese año se incoaron en la región 4.710 procedimientos sobre la modificación de capacidad, de los que más de la mitad (3.325) se transformaron en demandas.
De ellas, 2.046 fueron estimatorias.
Sólo en la ciudad Madrid en 2019 se incoaron cerca de 2.000 procedimientos y el año pasado se llegaron a interponer 646 demandas.
Algunas están relacionadas con grandes fortunas. “En estos casos, todo se complica aun más cuando se aborda la modificación de la discapacidad de estas personas, por lo que otra de las necesidades que tenemos es la contar con auditores de cuentas que gestiones los patrimonios de esas grandes fortunas”, expone Rodríguez.
La fiscal de Sala para la Protección de Personas, María José Segarra, exfiscal general del Estado, destaca la importancia de que una médico forense haya quedado adscrita en exclusiva a la sección de discapacitados para atender todas las necesidades que se derivan de los procesos de tramitación.
Señala que esta experiencia pionera en Madrid tendrá su continuidad en todo el territorio nacional porque, según Segarra, “este asesoramiento directo es de extraordinario interés por todo lo que supone facilitar y
mejorar el servicio de atención al ciudadano”.
Segarra indica que la idea de que la sección de discapacidad de las distintas fiscalías puedan contar con un médico forense en exclusiva no es nueva. “Es una aspiración que he escuchado muchas veces a mis compañeros”, explica.
La fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores afirma que existe buena coordinación entre la Fiscalía y los institutos de medicina legal, que siempre han dado una respuesta “adecuada” a todas las peticiones que se le han cursado.
“Ahora bien, no es lo mismo poder contar a partir de ahora con alguien que se integre en el equipo y que trabaje siempre con nosotros porque el paso que se ha dado para agilizar algunos temas ha sido muy grande”, apunta.
La médico forense adscrita a la sección de discapacidad, María Teresa Elegido, explica que su trabajo va a consistir en la exploración y valoración de personas con una posible discapacidad, así como, si fuera el caso, modificar su situación en la que pudiera estar en un momento determinado de cara a transmitir toda esa información a los fiscales “para que la incorporen al procedimiento”.
María Teresa Elegido ya ha podido comprobar de primera mano que existe “bastante” demanda de valoraciones, por lo que espera tener en el futuro “otros compañeros que me apoyen”.
El fiscal superior de la comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, ha agradecido el compromiso que “desde el primer momento” tuvo el Instituto de Medicina Legal con sus sugerencias, ya que una de las primeras cosas que ha hecho tras instalarse en su nueva sede ha sido la adscripción de forma “definitiva” de un médico forense al área de discapacidad.
Caballero Klink destaca que el acuerdo alcanzado prevé que a corto plazo el Instituto de Medicina Legal pueda dotar a la Fiscalía de un segundo médico forense una vez incluya esta plaza en la nueva relación de puestos de trabajo.
“Estoy esperanzado con este compromiso que hemos alcanzado porque es esencial para esta Fiscalía”, expresa.