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El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley para sustituir la incapacitación judicial de las personas con discapacidad por la curatela

La nueva ley busca eliminar del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitadaEl ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Foto: Ministerio de Justicia.
| | Actualizado: 08/07/2020 9:13

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad y el plan de choque para aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria del Covid-19.

La nueva ley busca eliminar del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada por tratarse de «figuras demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que ahora se propone», tal y como recoge el anteproyecto.

De este modo, el anteproyecto propone sustituir la «incapacidad» e «incapacitación» de las personas con discapacidad por la curatela.

Esta reforma persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje.

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«No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de “incapacidad” e “incapacitación” por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos», afirma el anteproyecto.

«Cambio de paradigma»

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que «se está actuando de manera contundente para conseguir que la toma de decisiones de las personas con discapacidad sea fruto de su voluntad y preferencias, y no sean sustituidas en la toma de decisiones de lo que les afecta».

Es una norma que implanta un cambio de paradigma”, ha subrayado. La reforma evitará que, como ocurría hasta ahora, un altísimo porcentaje de las denuncias o avisos recibidos por la fiscalía terminasen en la incapacitación de miles de personas, “lo que implica la muerte civil de las mismas”, ha señalado Campo.

La reforma normativa impulsada por esta ley, recoge el anteproyecto, «debe ir unida, por ello, a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos profesionales del Derecho –jueces y magistrados, personal al servicio de la administración de justicia, notarios, registradores– que han de prestar sus respetivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas».

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Así, el Gobierno busca dar mayor protagonismo a la curatela, como principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad.

«El propio significado de la palabra curatela –cuidado–, revela la finalidad de la institución: asistencia, apoyo, ayuda en el ejercicio de la capacidad jurídica; por tanto, como principio de actuación y en la línea de excluir en lo posible las actuaciones de naturaleza representativa, la curatela será, primordialmente, de naturaleza asistencial».

No obstante, agrega el texto, «en los casos en los que sea preciso, y solo de manera excepcional, podrá atribuirse al curador funciones representativas».

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En el nuevo texto se recoge también la figura del defensor judicial, especialmente prevista para cierto tipo de situaciones, como aquella en que exista conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad, o aquella en que exista imposibilidad coyuntural de que la figura de apoyo habitual lo ejerza.

Campo ha agradecido la aportación a la Ley por parte de colectivos como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y espera que la tramitación parlamentaria de la Ley se haga de la manera más rápida posible y con el mayor consenso político.

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De salir adelanta, esta norma supondrá una reforma en el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley del Notariado, entre otras.

Plan de choque para los juzgados 

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado el plan de choque para los juzgados que cuenta con un dotación de más de 50 millones de euros, los seis primeros para este año y el resto para 2021.

Las medidas del plan se desplegarán en dos fases, como ya avanzó el ministro hace unas semanas a comunidades autónomas, sindicatos y operadores jurídicos. La primera fase entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre y la segunda a partir del 1 de enero de 2021.

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Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo ha detallado las medidas contenidas en el plan que se desplegará en los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo y que afectará a un total de 315 juzgados.

En la primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, la intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo.

En la segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, se dispondrá de información más completa respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar para su desarrollo posterior.

Se aplicarán medidas de autorrefuerzo en los partidos judiciales con un volumen de trabajo superior al 130% del módulo de entrada determinado por el Consejo General del Poder Judicial. La participación del personal de los juzgados en estos programas de actuación por objetivos se reconocerá con una retribución extraordinaria.

Además, se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales que asumirán un volumen de trabajo superior al doble del módulo de entrada fijado por el CGPJ, así como para aquellos otros que, sin superarlo, presenten cifras de causas pendientes elevadas.

Por último, se contemplan medidas estructurales como es la creación de 21 nuevos órganos judiciales para absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos.

En su intervención Campo ha remarcado que se trata de un plan de actuaciones por objetivos sobre las que habrá un seguimiento constante y que permitirá la posibilidad de cambiar y acelerar respuestas a los distintos escenarios que puedan darse en los juzgados en esta etapa postcovid.