Según los expertos, este despacho tiene la práctica de Competencia mayor del mundo con más de 300 abogados especializados en esta materia.
Paloma Martínez-Lage, socia de Baker Mckenzie, advierte del auge del ‘Compliance’ en las actividades de competencia de las empresas
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16/3/2021 06:47
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Actualizado: 16/3/2021 11:11
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Hace un mes Paloma Martínez-Lage se incorporó a dirigir el área de derecho de la Competencia de Baker Mckenzie en Madrid, coronando una carrera profesional vinculada a esta práctica, primero en empresas como Airtel Móvil, y más tarde en despachos especializados como Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann en esta práctica, donde ha estado más de veinte años.
Esta jurista siempre mostró su vocación por el derecho de la Unión Europea y el derecho de la Competencia. Esto ha hecho que se haya especializado a lo largo de estos años en el derecho Comunitario y en sectores regulados como telecomunicaciones, energía y el sector postal, junto a bienes de consumo y sector farmacéutico, entre otros.
Martínez-Lage se incorpora a este despacho internacional, el primero que se posicionó en España en 1965 en Madrid y en 1988 en Barcelona. Según los expertos, tiene la práctica de Competencia mayor del mundo con más de 300 abogados especializados en esta materia.
“Trabajar en una organización de este tipo permite muchas sinergias entre el derecho de la Competencia que está a caballo entre derecho público y privado. También hay sinergias con el derecho Mercantil porque hay operaciones de M&A que necesitan autorización de las autoridades regulatorias”.
“El ‘Compliance’ de competencia va a arraigar con más fuerte por este motivo. Lo cita la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su Guía de ‘Compliance’ del pasado mes de junio”.
Martínez-Lage recuerda que a veces las sanciones de la CNMC impiden contratar con la administración. “Aunque aun no hay ninguna sanción en firme sobre este tema, creo que las empresas son conscientes del uso del ‘Compliance’ y de poder utilizarlo”.
A su juicio, la propia Ley de Contratos del Sector Publico, según la directiva comunitaria, en caso de no poder contratar, por vulneración de competencia, las empresas que planteen “medidas de autocorrección puedan evitar esa prohibición”.
Para esta experta, esta actividad abre la puerta a despachos como el propio Baker Mckenzie a trabajar en programas de cumplimiento y dar servicio a sus clientes multinacionales en diferentes jurisdicciones.
Esta práctica que Paloma Martinez-Lage dirige en Madrid está coordinada con la de Valeria Enrich en la oficina de Barcelona. “Estamos en contacto permanente con nuestros socios de Bruselas y Londres, con los grupos de competencia a nivel mundial y de la UE. Ahora las herramientas como ‘Teams’ o ‘Zoom’ nos ayudan en dichos contactos estrechos”.
Otra vía de trabajo que ya ha puesto en marcha esta jurista son las demandas de daños por infracciones en derecho de la Competencia, una actividad en la Baker Mckenzie está visible en otras jurisdicciones, de la misma manera que pretende posicionarse en nuestro país.
España, junto con Alemania, Holanda y Reino, son países que han entrado en estos temas judiciales y son referentes en esta práctica en estos momentos a nivel de presentación de demandas. “Todos los días tenemos noticias sobre el cartel de camiones o el de la leche”.
“Lo dice la normativa comunitaria que las empresas perjudicadas en un tema de competencia pueden pedir daños y perjuicios. Aquí podemos representar al demandado ante la autoridad correspondiente o de defender a demandantes que se han visto perjudicados por estas prácticas”.
La nueva CNMC de Cani Fernández
Martinez-Lage valora el trabajo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que dirige Cani Fernandez, jurista de reconocido prestigio y de la que valora su gran preparación en estos temas tan complejos.
Recuerda que las investigaciones de la CNMC, con el canal de denuncias anónimas, estarán muy activas para detectar posibles nuevas infracciones, con lo cual será un frente que tendrá que abordar desde esta área de competencia.
A su juicio, “el tema denunciante anónimo para la empresa investigada hay que tratarlo con cuidado, pero la CNMC lo que suele hacer es una vez recibida la denuncia tiene que hacer su propia labor de investigación y comprobar si realmente el asunto es delictivo”.
En su opinión, las ideas de Fernández como nueva presidenta de la CNMC pueden ayudar a modernizar la entidad “creo que es una buena noticia y es que las empresas siguiendo las directrices de la Directiva ECN Plus, el propio regulador puede priorizar y estudiar las denuncias más importantes que le llegue”.
Para esta jurista es lógico que se incrementen las investigaciones en este terreno, “la CNMC está focalizada en temas de contratación pública por el valor que supone y se maneja dinero de los contribuyentes. Eso a su vez va a ser para que las empresas focalicen el ‘Compliance’”.
Desde su punto de vista, “el ‘Compliance’ en competencia vuelve ahora con más fuerza de antes. Fue predecesor de la responsabilidad de las personas jurídicas y en estos momentos es una herramienta interesante para que las empresas gestionen sus riesgos en esta actividad”.
Por otro lado, la Directiva ‘Whistleblower’, que se transpondrá a finales del 2011, es otro elemento que anima a las empresas a que utilicen esos programas de ‘Compliance’. “Este es otro frente en el que estamos trabajando para ayudar a las empresas a gestionar este tema y los canales de denuncia”.
Reforma de la normativa de competencia
Esta jurista aclara que la reforma que se planea de la Ley de Defensa de la Competencia viene dada por la citada directiva comunitaria ECN Plus que pretende que las autoridades de competencia nacionales sean más fuertes e independientes. «Es una forma de utilizar los recursos públicos más eficientes”.
También plantea la posibilidad de que se cierren las investigaciones de cárteles con una transacción o como hace la propia Comisión Europea, “esto es algo bastante bienvenido por todos los operadores implicados en estas investigaciones”.
Otra cuestión que destaca esta experta en derecho de la Competencia son las sanciones a los directivos que impone la CNMC, “creo que están siendo muy disuasorias porque se da a conocer la identidad del directivo”.
“Ahora con la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, la propia CNMC quiere plantear que se pase de los 60.000 euros actuales a 400.000 euros como propuesta. Se publica incluso en la resolución el nombre completo del directivo”, destaca.
Martínez-Lage recuerda que nuestro país es de los pocos de la UE que impone este tipo de sanciones “la UE no pone multas a personas físicas. Siempre estuvo en la ley desde el 2007, pero se utilizó desde el 2016 a raíz sentencia Supremo del 2015, donde le recordada al regulador de dicho instrumento y su carácter disuasorio”, apuntó.
Nuestra interlocutora al igual que otros expertos en la materia no cree que las autoridades de competencia se hayan relajado en este año de pandemia que ya llevamos. “Creo que la UE está intentando que las ayudas que los países ofrezcan a empresas sean compatibles con la normativa actual”.
Esta jurista recuerda que la normativa de competencia es la que es y no ha habido cambios importantes, «la propia CNMC abrió un buzón Covid hace casi un año y recibió todo tipo de reclamaciones de sectores tan dispares como, asegurador, comercio minorista, farmacéutico etc.”.
Junto a esto aclara que en otros países, como es el caso de Colombia, la autoridad de competencia ya realiza inspecciones virtuales. “No se están quedado quietas pese al impacto de la pandemia”.
Desde su punto de vista, “ahora vendrán a los reguladores una oleada de notificaciones sobre concentraciones empresariales. Es un fenómeno habitual en momentos de crisis. Las empresas buscan tamaño para seguir siendo competitivas».
“En el sector de telecomunicación español está claro que vamos a pasar de cuatro a tres operadores como ha pasado en otros países. Hay muchos fondos interesados en posicionarse en el mercado español, en distintos sectores de nuestra actividad económica”, aclara.
Esta jurista tiene claro que uno de los frentes en el que las autoridades de competencia tendrán que hilar muy fino es su relación con los gigantes tecnológicos, de cara a evitar cualquier tipo de monopolio o abuso de posición dominante.
“Es evidente que este es uno de los temas más espinosos a nivel de competencia y derecho comunitario. Creo que debe buscarse un equilibrio entre la regulación y crecimiento económico. Es importante que la normativa de competencia actual como la futura no impida los desarrollos de los mercados”.
En este contexto, recuerda las propuestas legislativas planteadas por la Comisión Europea a finales del pasado año. Las propuestas son la Digital Services Act (DSA) y la Digital Markets Act (DMA) dos propuestas que pretenden regular la relación de estas empresas en la UE de una forma armónica. “Hay que seguir muy de cerca su implementación, sin duda”.
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