La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han instado hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que, «a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución».
Lo exigen en un comunicado conjunto, publicado tras la aprobación del Senado de la reforma que impide nombramientos cuando el CGPJ está en funciones.
Señalan que «en una democracia real es obligación básica de los poderes del Estado garantizar el funcionamiento de los órganos e instituciones constitucionales, en particular aquellas diseñadas para asegurar el respeto a los valores y pilares que sustentan el Estado de Derecho y actuar como contrapeso frente a cualquier intento de control o desestabilización, incluidos los que eventualmente pudieran proceder de esos mismos Poderes».
«Solo así es posible el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y la convivencia pacífica», destacan.
Estas tres asociaciones judiciales critican que «lejos de trabajar en este objetivo, ayer se aprobó definitivamente por las Cortes Generales, sin escuchar a nadie y por vía de urgencia», esta proposición de ley de reforma de la LOPJ «para impedir que el CGPJ pueda ejercer plenamente sus competencias constitucionales».
«En otras palabras, tras más de dos años a lo largo de los cuales las formaciones políticas han evidenciado su incapacidad para reformar la Ley Orgánical del Poder Judicial (LOPJ) y que sean los jueces y magistrados quienes elijan democráticamente a 12 de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces, así como cumplir las obligaciones que les impone la Constitución y renovar en plazo las instituciones, ahora trasladan las consecuencias de su incompetencia al órgano de gobierno del Poder Judicial, privándole de una de sus funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política», explican.
Estas tres asociaciones judiciales denuncian que «ya se ha conseguido lo que se pretendía: reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario».
«Lo que era el palo y la zanahoria, se queda sólo en el palo», agregan, en referencia a unas polémicas declaraciones del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, de que “a los jueces se les controla con el palo y la zanahoria”.
Señalan que «nada de esto hubiera sucedido» si, como defienden las tres asociaciones judiciales firmantes, «en posición asumida por el Comité de Ministros de la UE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Grupo GRECO o la Comisión de Venecia, los vocales de origen judicial del CGPJ fueran elegidos directamente por los jueces».
Por ello, exigen al CGPJ que agote todas las vías existentes en defensa de sus competencias y de la Carta Magna.
Estas asociaciones afirman que continuarán luchando para que «pese a todo y a todos, nuestro Estado de Derecho sea una realidad».
