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«Déjà vu» en el CGPJ ante un posible recurso de conflicto de atribuciones ante el Constitucional

«Déjà vu» en el CGPJ ante un posible recurso de conflicto de atribuciones ante el Constitucional
Uno de los recientes plenos del CGPJ, anterior al de ayer, en el que el presidente en funciones, Carlos Lesmes, estuvo telemáticamente por haberse contagiado un miembro de su familia. Foto: CGPJ.
23/4/2021 06:49
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Actualizado: 23/4/2021 02:11
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Un «déjà vu» es una expresión francesa que resume la sensación de haber vivido antes lo que se está viviendo en ese momento. Significa, literalmente, «ya visto».

Esta es la sensación que uno tiene después de haber conocido lo ocurrido en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrado ayer, en el que se debatió la posibilidad de interponer un recurso de conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

A cuenta, claro está, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada el 30 de marzo pasado en el Boletín Oficial del Estado, por la que se ha despojado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de su capacidad de hacer nombramientos estando en funciones. Y este CGPJ lleva en funciones desde hace dos años y cuatro meses.

El primer presidente del CGPJ de su historia, Federico Carlos Sainz de Robles, no interpuso uno sino tres recursos de conflicto de competencia en 1985 contra una reforma anterior de la LOPJ que, en una reinterpretación de la Constitución, despojó a la carrera  judicial de elegir a sus 12 representantes en el órgano de gobierno de los jueces.

Los polvos de estos lodos que vivimos hoy.

Y los presentó en el último periodo de su mandato de cinco años. El Constitucional, como ya se sabe, dio por bueno el cambio para que fueran el Congreso y el Senado los que eligieran a los 12 vocales jueces. Nada de carrera judicial.

Soberanía popular en vena.

Ayer se vivió una cosa parecida en la primera planta del edificio de la calle del marqués de la Ensenada, un antiguo teatro que alberga al CGPJ.

Sus miembros acordaron la posibilidad de que, antes del próximo 30 de abril –fecha en que concluye el plazo de un mes para recurrir ante el Constitucional–, se pueda plantear y debatir la propuesta de interponer un recurso de conflicto de atribuciones ante el máximo tribunal de garantías.

Argumentando, eso sí, que la última reforma de la LOPJ recorta sus atribuciones de forma drástica porque le impide hacer ningún nombramiento discrecional una vez que han entrado en funciones, cuando han sobrepasado su mandato de cinco años.

Cinco de los vocales –Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad y Ángeles Carmona– plantearon la necesidad de valorar «mecanismos de defensa de la independencia judicial ante la limitación de competencias atribuidas constitucionalmente al CGPJ».

Una propuesta a la que se unieron Gerardo Martínez Tristán, Rafael Fernández Valverde y Jose Manuel Ballestero.

Todos ellos son, hay que aclararlo, del sector conservador. Y son 8.

Para conseguir que se frague el recurso es necesaria una mayoría de 11, de los 21 que conforman el Pleno.

Ninguno de los 9 del sector progresista van a apoyar este recurso. Es poco probable que el presidente en funciones, Carlos Lesmes, tampoco vaya a secundarlo.

Máxime cuando sigue teniendo su punto de mira puesto en un puesto del Tribunal Constitucional. Si no en esta tanda de tres, en la de dos del próximo año, que le corresponde, precisamente, al CGPJ que venga detrás.

La sensación, el «déjà vu» actual, es que si van adelante con el recurso de conflicto de atribuciones ante el Constitucional, un órgano también a la espera de la renovación de tres de sus miembros, se van a encontrar con el mismo resultado que Federico Carlos Sainz de Robles en 1985.

Y yo me pregunto, ¿de verdad que vale la pena el intento?

En el «convento» les queda poco y nada, en especial si gana Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, fijadas para el 4 de mayo próximo.

Cosas más raras se han visto, es verdad. Antes del 30 de abril lo sabremos.

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