El Pleno del Senado ha aprobado hoy la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil por 253 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.
Esta nueva Ley, impulsada por el Ministerio de Justicia, es un paso adelante en la modernización de este servicio público. A través d ella misma el Registro Civil se transforma en un registro individual donde se inscribirán todos los acontecimientos legales que afecten a una persona a lo largo de su vida.
El Registro Civil Único -así se denominará a partir de ahora- contará con una base de datos común, con una aplicación informática única y todas las oficinas estarán conectadas electrónicamente.
El nuevo modelo tiene una estructura que contempla 1 Registro Civil Central, 16 Registros Civiles Exclusivos (RCE), 415 Registros Civiles Municipales Principales (RCMP), 7.700 Registros Civiles Municipales Delegados (RCD) en Juzgados de Paz (JJ. PP) y 180 Oficinas del Registro Civil en demarcaciones consulares.
Los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) serán los responsables de gestionar el Registro Civil Único.
LA IMPLANTACIÓN EN TODA ESPAÑA DEL NUEVO MODELO SERÁ PROGRESIVA
Su entrada en vigor se producirá el 30 de abril próximo pero su implantación será progresiva y se hará mediante resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.
El nuevo modelo de Registro Civil se pondrá en marcha, en primer lugar, con los medios y sistemas informativos y condiciones de funcionamiento adecuadas. Por esta razón, está previsto que las dos primeras ciudades en las que se implante sean Madrid y Barcelona.
Para la implantación del nuevo modelo es fundamental la participación de las Comunidades Autónomas (CCAA).
Por ello, una vez se culmine la planificación del despliegue ya iniciado en los Registros Civiles Exclusivos, se continuará con todas aquellas CCAA con competencias en el análisis para las restantes Oficinas Generales y colaboradoras.
COLABORACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Todas las CCAA van a tener la posibilidad de colaborar en la implantación y la gestión del modelo, con independencia de que tengan competencias ejecutivas en materia de Registro Civil o asumidas las competencias de Administración de Justicia.
El nuevo modelo aprovecha la actual estructura organizativa para introducir la mejora del servicio público y el cambio tecnológica a él asociado.
Así, destacan: el registro individual para cada persona, la interoperabilidad entre las oficinas y la reducción de cargas administrativas para el ciudadano.
A través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que acompaña la modificación de la Ley de Registro Civil de 2011, se mantendrá la Oficina del Registro Civil, aunque desjudicializada, dentro de la organización de la Administración de Justicia, como centro de destino para los funcionarios de la Administración de Justicia y sin que los LAJs deban pasar a la situación de servicios especiales para ejercer las funciones de Encargado.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que asistió al debate parlamentario en el Senado, ha destacado que la aprobación de esta norma “no es simplemente la entrada en vigor de una ley, es mucho más que eso. Es una apuesta clara y decidida para la modernización de un servicio público, el Registro Civil, esencial para la ciudadanía”.
El ministro se ha felicitado por el amplio apoyo que ha tenido la iniciativa: “Esta es la política que interesa a los ciudadanos, la que forja acuerdos amplios para resolver problemas reales y mejorar servicios”.
El ministro también ha agradecido la disposición al diálogo de los grupos que han apoyado la iniciativa.
En ese mismo sentido, Campo ha hecho hincapié en que la norma responde a la necesidad de que “el Registro Civil se adapte al nuevo entorno tecnológico y a la transición digital que estamos viviendo. Respondiendo a las actuales necesidades y demandas de los ciudadanos. Y eso es, precisamente, lo que permiten las modificaciones a las que hoy esta Cámara da luz verde”.
