La decana del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Auxiliadora Borja, ha reivindicado la conciliación laboral y familiar en la Abogacía.
Lo hizo ayer, en los ‘Diálogos Institucionales‘, organizados por el ICAV y el Ministerio de Justicia, en los que participaron el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, María Pilar de la Oliva, y la
consejera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunidad, Gabriela Bravo.
La decana del ICAV aprovechó este acto, que fue moderado por ella, para exponer al ministro este asunto que le «preocupa especialmente”.
Borja se refirió a la «gran cantidad» de solicitudes de amparo colegial de compañeros que llegan al Colegio, debido a las «continuas denegaciones» de solicitudes de suspensión de señalamientos, “aún siendo debidamente justificadas conforme a la ley”.
Sobre todo, le preocupan «las denegaciones de justificaciones por bajas de maternidad o paternidad».
La decana del ICAV subrayó que «esta situación pone en jaque la conciliación familiar y laboral en la Justicia”.
El ministro se comprometió a sentarse a hablar con la Abogacía sobre este tema.
La decana también señaló que poder tener un encuentro entre los distintos agentes que conforman la justicia en Valencia seguro que les permitirá «aportar ideas o mejoras, en materia de Justicia”.
CAMPO: “LA ABOGACÍA ES EL NEXO MÁS IMPORTANTE ENTRE LA JUSTICIA Y LOS CIUDADANOS’
En el encuentro, Campo destacó el papel de la Abogacía en la Justicia: “Es la plataforma que nos permite hablar de la Justicia, porque ellos son el nexo más importante entre la Justicia y la ciudadanía”.
El ministro aseguró que la ciudadanía es el «leitmotiv” de su proyecto. En ese sentido, Campo se ha felicitado porque gran parte de los proyectos llevados a cabo desde el inicio de la pandemia y que más beneficiarán a los ciudadanos “han sido aprobados por unanimidad, tanto los acuerdos de las sectoriales con las Comunidades Autónomas como las normas, en las que solo suele quedar fuera VOX”.
Todo ello, enmarcado en el Plan Justicia 2030, que tiene “eficiencia” y “consenso” como palabras clave, según indicó.
Campo explicó los tres principales ejes normativos que está llevando a cabo su equipo para conseguir ese objetivo de la eficiencia.
Son la Ley de eficiencia procesal, que incluye los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que permiten recuperar la capacidad negociadora de las partes; la Ley de eficiencia organizativa, que, según Campo, supone un cambio medular”, y recoge tres figuras clave: el Tribunal de Instancia, la Oficina Judicial, y la Oficina de Justicia e el municipio.
El otro eje es la futura Ley de eficiencia digital, que verá la luz este año.
La consejera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunidad Valenciana felicitó al ministro por este trabajo para mejorar la eficiencia de la Justicia.
“No se puede trabajar con un modelo obsoleto”, señaló Bravo, e hizo hincapié en la necesidad de contar con todos, “incluso con todas las fuerzas políticas”.
“Todos somos necesarios y tenemos un mismo objetivo: hacer una Administración de Justicia propia del siglo XXI, que ayude a hacer frente a la crisis económica y social”, manifestó la presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana.
Para ello, dijo, “cuenta, ministro, con nuestra colaboración”.
Campo también hizo alusión, dentro del trabajo llevado a cabo por su equipo ministerial, a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con un vacatio legis de 6 años (periodo desde la publicación en el BOE y su entrada en vigor), “importante para ir mejorándola entre todos”; y al proyecto de ley de la Fiscalía Europea, con siete fiscales delegados ya seleccionados.
El ministro señaló que esto son piezas que se van sumando a esa “caja vacía» que es Justicia 2030, y que «vamos llenando con el consenso de todos”.
