Deloitte ha recibido la mayor multa de las 22 empresas sancionadas: 3,99 millones de euros; el 63,3 % del total de todas las sanciones impuestas por la CNMC.
Deloitte, la más castigada por la CNMC de las 22 consultoras que formaron un cártel: 3,99 millones de euros de multa
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13/5/2021 06:47
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Actualizado: 11/4/2022 13:25
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Veintidós firmas de consultoría, las más importantes de las que operan en España, han sido castigadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar dos cárteles a través de los que manipularon las licitaciones públicas durante, al menos, 10 años.
Las empresas intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de consultoria solicitados por distintas administraciones públicas.
A todas ellas, y a una docena de sus directivos, la CNMC les ha impuesto sanciones por valor de 6,3 millones de euros por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constitutiva de cártel.
La más castigada de todas las consultoras, sin embargo, ha sido Deloitte, a la que se le ha impuesto la multa mayor: 3,99 millones de euros. Lo que equivale al 63,3 % del total de todas las sanciones impuestas.
Las multas se imponen sobre un porcentaje de la facturación de las compañías.
A distancia le sigue PwC, con 670.000 euros, e Idom Consulting, con 640.000 euros.
También figuran en el listado de multados KPMG con 50.000 euros y firmas como Altia Consultores (30.000 euros), Bmasi Strategy (153.529 euros), Competitividad, Desarrollo e Innovación (14.823 euros), Gestiona XXI Consulting (3.218 euros), Indra Business Consulting (27.000 euros), Red2Red Consultores (30.000 euros), Uliker-3 (11.040 euros), 97S&F (131.593 euros), Abay Analistas Económicos (12.499 euros), Factor Ideas Integral Services (20.000 euros), Gaps Politica i Societat (15.000 euros), Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo (11.979 euros), Red2Red Consultores (25.000 euros) y Regio Plus Consulting (33.744 euros).
Respecto a Indra, la CNMC le reduce la multa desde 450.000 euros que era la propuesta inicial de resolución a 27.000 euros, al considerar que «el contenido de las medidas pone de manifiesto la voluntad cumplidora de Indra en relación con la normativa de la defensa de la competencia».
Además, Indra Business Consulting ha sido exonerada definitivamente de la inhabilitación de contratar con el sector público, lo que no ocurre con el resto de consultoras.
En cuanto a los 13 directivos sancionados de estas empresas, las multas oscilan entre los 12.000 euros la más baja y los 55.000 euros la de mayor cuantía.
El expediente tiene su origen en una investigación preliminar que llevó a cabo la Autoridad Vasca de Competencia (AVC) que, tras realizar una serie de inspecciones, decidió remitir el asunto a la CNMC, al superar los hechos encontratos el ámbito autonómico del País Vasco.
en octubre de 2018, la CNMC llevó a cabo diversas inspecciones en las sedes de varias consultoras ante posibles acuerdos para el reparto de contratos e intercambios de información.
En febrero de 2019, la CNMC inició un expediente sancionador contra 25 de estas empresas y ocho de sus directivos que, en agosto de 2019, amplió a 11 nuevas empresas y dos de sus responsables, por su posible participación en la manipulación y en el reparto de liciticiones públicas.
Durante la instrucción del caso, la CNMC ha acreditado que, entre los años 2008 y 2018, las firmas se organizaron en dos redes de colaboración (norte y nacional) y que, mediante estas, constituyeron dos cárteles diferenciados.
En total, la CNMC ha analizado 200 contratos públicos celebrados en los años en que se acredita la conducta.
En el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros, los ayuntamientos de Bilbao; Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya.
Por su parte, en el cártel de la red nacional, la manipulación afectó a 72 licitaciones convocadas, entre otros, por el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo e Inmigración; el Ministerio de Economía; la Comunidad de Madrid; la Generalitat Valenciana; las Diputaciones de Cádiz y Sevilla; la Juntas de Extremadura y Andalucía; la Generalitat de Cataluña; el Gobierno de Canarias o el Gobierno de las Islas Baleares.
MODUS OPERANDI
Las relaciones de confianza personales y profesionales de algunos de los directivos (en ocasiones antiguos compañeros de trabajo) facilitaron el funcionamiento de estas redes.
Entre ellos, se solicitaban asistencia y colaboración, de forma recíproca para manipular los contratos públicos lanzados por las distintas administraciones afectadas. bastaba con el envío de un correo electrónico por una de empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios.
Generalmente, se trataba de contratos negociados sin publicidad, en los que la administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia. Ambos cárteles aprovecharon este procedimiento para servirse de las conocidas como «ofertas de cobertura».
A través de las «ofertas de cobertura» una de las consultoras invitada a participar en el concurso contactaba, de manera habitual, con otras empresas de su red de colaboración, que sabía que también participarían; les solicitaba que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, que declinaran la invitación para participar en el proceso.
En ocasiones, incluso la propia consultora que pedía la cobertura elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación.
INCREMENTO DE PRECIOS
Mediante este sistema, de forma continuada, se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a mejorar calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación.
Estas conductas impactaron de lleno en el erario público, al ser contratos que se sufragan vía presupuestos.
La CNMC remite la presente resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los efectos oportunos y recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
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