El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, subrayó ayer, de forma especial, un hecho de especial relevancia: «Mientras que los plazos judiciales se pararon por el decreto del Estado de Alarma, los arbitrajes siguieron funcionando”.
Fue en el marco de la celebración del 30 Aniversario de la Corte de Arbitraje del ICAM, en el que participaron, junto con Alonso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón; la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola; la presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid, Urquiola de Palacio; el presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, José Antonio Caínzos; y el presidente del Club Español del Arbitraje, Carlos de los Santos.
Durante su intervención, el decano destacó que el ICAM ha procurado “que la Corte del Colegio sea moderna, eficaz, competitiva y que cuente con un reglamento ajustado a las mejores prácticas nacionales e internacionales”.
Y añadió: “Tenemos que convencer a los abogados de las ventajas del arbitraje en tiempo y en costes. El arbitraje tiene que continuar adelante para potenciar la marca España”.
Una idea que compartió Celso Rodríguez Padrón, que animó “a todas las instituciones a luchar no solo por potenciar el arbitraje, si no por convertir a Madrid en la capital de este instrumento jurídico. La credibilidad, la formación y la calidad de los laudos arbitrales son la base para que entre todos vayamos potenciando el arbitraje como un sistema de absolutas garantías”.
Por su parte, Ibarrola ha expresado el “apoyo inequívoco” del Gobierno de la Comunidad de Madrid a la institución del arbitraje en sus dos dimensiones, interna e internacional, un respaldo que se ha materializado a través de iniciativas como el Observatorio de Justicia y Competitividad, puesto en marcha en mayo de 2020.
“El arbitraje es bueno per sé, no como método para aliviar la carga de trabajo de los tribunales”, ha recalcado la viceconsejera, recordando que la solución de conflictos está íntimamente vinculada a la ciudadanía y a la actividad económica y que, por tanto, “todo lo que sea bueno para la justicia y las empresas redundará en beneficio de la sociedad y la economía”.
Desde el Club Español del Arbitraje, su presidente ha desglosado las claves para para que Madrid aspire de verdad a posicionarse como un referente del arbitraje internacional.
En este sentido, además de la necesidad de actualizar la normativa vigente, Carlos de los Santos ha destacado el impacto internacional que está teniendo la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, “que ha venido a delimitar el campo de juego entre el sistema arbitral y el sistema judicial, engarzando ambos sistemas dentro de la Constitución”, así como la creación del Centro Internacional del Arbitraje de Madrid (CIAM).
Para el presidente del CIAM, José Antonio Caínzos, la puesta en marcha de este centro “es uno de los tres hitos fundamentales para el arbitraje con proyección internacional desde España”, junto con la Ley de 2003 y la creación del Club Español de Arbitraje, logrando gracias a la generosidad de las entidades fundadoras que “España tenga una sola voz en el arbitraje internacional”.
Finalmente, la presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid, Urquiola de Palacio, se ha referido a la ausencia del arbitraje en la tradición jurídica española como el principal obstáculo para el despegue definitivo de este medio en su esfera doméstica.
La receta para subsanar el problema pasaría por impulsar la formación, en particular mediante la incorporación de esta materia en los programas universitarios, y por potenciar la divulgación de las virtudes y ventajas del arbitraje entre sus principales prescriptores, los profesionales de la abogacía.
