El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar por un delito de cohecho al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras cuatro personas por las presuntas ilicitudes cometidas en la adjudicación de diversos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados al campo de golf del Canal.
En el auto de transformación a procedimiento abreviado, con fecha de 24 de mayo, el magistrado propone juzgar junto a Ignacio González, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, así como a los socios de la empresa TCT José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier, estos dos últimos hermano y cuñado respectivamente del expresidente de la Comunidad de Madrid.
Al mismo tiempo, en el auto, contra el que cabe recurso de reforma, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 decreta el sobreseimiento provisional y archivo respecto de ocho personas.
Se trata de la pieza 2 del denominado caso Lezo en la que se investigan las irregularidades cometidas con ocasión del concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II licitado por este ente público y adjudicado en marzo de 2003 a ACS Proyectos, Obras y Construcciones SA que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse Dragados SA.
Aproximadamente un año después de realizarse esta adjudicación desde la dirección del Canal, ostentada por los investigados Ildefonso de Miguel Rodríguez ‒director Gerente de CYII entre los años 2003 y 2009‒ e Ignacio González González ‒presidente del Ente Público CYII y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012‒, «con el fin de beneficiar a familiares de este último, se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación».
Guiados por dicho fin, apunta el magistrado, convinieron con Dragados que Canal le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería SL (TCT) cuyos socios eran los investigados José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier.
Aunque estos dos últimos, hermano y cuñado del investigado Ignacio González, ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con este.
La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración de CYII celebrada el 19 de julio de 2006, merced a la intervención de los investigados Ignacio González e Ildefonso de Miguel Rodríguez.
«La actuación conjunta de los cinco investigados permitió la subcontratación impuesta, innecesaria e irregular de TCT en dos concursos públicos»
Así, según consta en el auto, «en cumplimiento de lo acordado e impuesto por los investigados, el 15 de junio de 2006, con anterioridad a que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos a pesar de conocer que esta sociedad carecía de toda capacidad para ejecutarlos».
Con este objetivo, ampliaron hasta en cuatro ocasiones, entre el 10 de agosto de 2006 y el 14 de febrero de 2007, el objeto de dicha subcontratación. «De esta manera, el importe total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros», explica García Castellón.
El magistrado detalla toda la operativa desplegada por los investigados y señala que «la actuación conjunta de los cinco investigados permitió la subcontratación impuesta, innecesaria e irregular de TCT en dos concursos públicos promovidos por CYII pese a carecer de toda capacidad para ejecutar los trabajos subcontratados».
Con esta operativa, explica, consiguieron entre los años 2006 a 2012 «la obtención de un beneficio total cercano a los 505.000 euros, financiado con los fondos públicos destinados ambos concursos».
Ahora, las partes tienen 30 días para formular escrito de acusación solicitado la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Excepcionalmente puede interesar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular la acusación.
