La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha denunciado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) que el Consejo Interuniversitario de Cataluña «no está dando cumplimiento» al auto dictado el pasado lunes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con relación a los idiomas en los deben realizarse las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).
En dicho auto, el tribunal, atendiendo al recurso formulado por la AEB, había suspendido la instrucción dada a los vocales de la PAU en el sentido de que durante la realización de estas pruebas se repartieran en primer lugar los exámenes en catalán y solamente se facilitasen en castellano a los alumnos que así lo solicitaran.
Además, establecía que “la elección de la lengua de los enunciados del examen no puede venir determinada por la Administración y, en su lugar, deberán estar disponibles en las tres lenguas cooficiales y se ofrecerá de forma individual al alumno la opción de escogerlos en el idioma oficial que estime”.
La AEB señala que de acuerdo con las informaciones que les han ido llegando de alumnos que realizan la PAU y vocales de sus tribunales, han podido constatar que «en vez de poner a disposición de los estudiantes los exámenes en los tres idiomas oficiales para que, tal como establece el Auto de 7 de junio, cada uno individualmente elija con total libertad aquel que prefiera, se ha optado por formular preguntas que, por una parte, dotan de preferencia a la elección del idioma catalán sobre otros».
«Et va bé rebre l’enunciat en català dels exàmens que no són de llengua?” (¿Te va bien recibir el enunciado en catalán de los exámenes que no son de lengua?); “a qui li va bé rebre l’enunciat en català?. Aixequeu la mà” (¿A quién le va bien recibir el enunciado en catalán ?. Levante la mano», son las preguntas efectuadas, según informa la AEB.
Esta asociación, presidida por Ana Losada Fernández, también destaca que estas fórmulas, «además de mantener la preferencia por una de las lenguas oficiales frente a otras, suponen que el alumno ha de significarse en su elección», cuando el auto indicaba que la elección debería ser hecha de manera individual por el alumno.
Además, informa que les han indicado, además, que «se han elaborado listados en los que consta, junto al nombre del alumno, el idioma en el que han elegido realizar el examen».
La AEB señala que la opción seguida por el Consejo Interuniversitario de Cataluña supone también que «se crea confusión sobre el derecho que tiene el alumno de elegir el idioma en cada examen, sin que sea obligado que realice todas las pruebas en el idioma señalado el primer día de las pruebas».
En su escrito dirigido al TSJCat, esta entidad manifiesta que «estas irregularidades confirman la voluntad de desacato al tribunal que ya había puesto de manifiesto la consejera de Investigación y Universidades en su comparecencia del mismo día 7, en la que no solamente criticó con dureza la decisión, sino que, además, puso de manifiesto su voluntad de realizar la PAU de la misma forma que los años anteriores; esto es, sin atender a las órdenes del TSJ».
Además de poner todo esto en conocimiento del alto tribunal catalán, la AEB pide que se requiera personalmente a la presidenta y al secretario general del Consejo Interuniversitario de Cataluña para que den cumplimiento al auto del d 7 de junio, advirtiéndoles de que de no hacerlo podrían incurrir en un delito de desobediencia.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe recorda a todos los alumnos su derecho a realizar el examen de la PAU, en aquellas materias que no sean lingüísticas, en la lengua oficial de su elección.
En este sentido, reprueba que el ‘Síndic de Greuges de Cataluña’ (Defensor del Pueblo catalán), «en línea con lo que ha sido su actuación durante todo su mandato, en este caso también se haya puesto del lado del nacionalismo y en contra de los derechos de los estudiantes».
«Su afirmación de que la normativa vigente respalda repartir en primer lugar los exámenes en catalán no solamente es falsa, sino que, además, supone optar por la interpretación más restrictiva de los derechos individuales. De nuevo muestra que no es la persona adecuada para garantizar los derechos de todos los catalanes, incluidos aquellos que discrepan del nacionalismo», subraya la AEB.
Asegura que el pronunciamiento del ‘Síndic’ se hace, además, «en flagrante vulneración de sus competencias, pues entre estas no se encuentra la de fiscalizar las decisiones judiciales» (artículo 26 de la Ley del Síndic de Greuges).
